El Gobierno en funciones sigue buscando soluciones para minimizar los problemas que está generando el bloqueo político que sufre el país. La ausencia de Gobierno impide repartir la nueva senda del déficit concedida por la Comisión Europea, ya que solo puede hacerlo un Ejecutivo en plenas funciones. Para desbloquear esta situación, el Consejo de Ministros ha decidido proponer al Congreso una modificación del artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) con el objetivo de que un gobierno en funciones tenga la potestad para llevar a la Cámara la propuesta del reparto de los objetivos de déficit.

La modificación de cualquier Ley Orgánica tiene que realizarse con el voto favorable de la mayoría en el Congreso, por lo que no puede aprobarla el Consejo de Ministros con un Decreto-Ley. Según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el resto de partidos políticos han acogido bien la propuesta, por lo que es posible que si no se conforma un nuevo gobierno en el próximo mes, antes de que se disuelvan las Cortes, la reforma pueda aprobarse. "Hemos hablado con todos los partidos políticos y tenemos la confianza de que será aprobada", ha explicado Montoro.

De esta forma se podría resolver la situación paradójica actual que es que, con un margen de déficit de 46.000 millones de euros, las autonomías tengan que ceñirse a un desfase presupuestario de 3.000 millones de euros. La reforma del artículo 15 de la Ley de Estabilidad, el Ejecutivo podría llevar al Congreso un nuevo objetivo de déficit para las distintas administraciones públicas.

Asegurar el déficit

El Consejo de Ministros también ha aprobado la ya anunciada modificación del Impuesto de Sociedades para imponer un mínimo del 23% en los pagos fraccionados para que las empresas adelanten 8.000 millones de euros este año. El ministro ha reconocido que si no lo hace "vamos a reducir el ingreso por el Impuesto de Sociedades en una cuantía que no nos podemos permitir".

El Ejecutivo en funciones se asegura así que el déficit público no supera los 46.000 millones de margen que ha concedido Bruselas. De hecho, el Ejecutivo ha decidido recaudar con esta modificación 8.000 millones de euros, frente a los 6.000 millones que había anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión de Economía del Congreso. Con esta subida, el Ejecutivo quiere "asegurarnos de que conseguimos el objetivo de déficit incluyendo las ayudas financieras". "Es mejor hacerlo así", ha sentenciado.

"El nuevo sistema no tiene plazo de caducidad, sino que proyectará sus consecuencias hasta que España reduzca su déficit público por debajo del 3%, por lo que hay que mirar hacia 2018", ha explicado el ministro en funciones.