Los impuestos que entran en Portugal (y pueden llegar a España)

Cuando el Ejecutivo minoritario del socialista António Costa asumió el poder en Portugal el año pasado lo hizo jurando restaurar la dignidad del país tras la intervención de la Troika y prometiendo “pasar página a la austeridad” que había definido el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho.

Casi un año más tarde, la presentación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 ha dejado patente que el milagro no ha sido posible. El Ejecutivo Costa pone mayor énfasis en el bienestar de los más desfavorecidos, se preocupa por la educación y los asuntos sociales y vela por el sector público. Pero el país sigue teniendo graves problemas económicos que limitan el margen de maniobra de sus Gobiernos (sea cual sea la ideología de cada primer ministro) y estos factores hacen que la austeridad siga siendo el pan de cada día para gran parte del país.

El borrador de Presupuestos Generales entregado el viernes por el ministro de Finanzas, Mário Centeno, muestra que el Gobierno intenta cumplir con los compromisos que hizo con el marxista Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués el pasado otoño. Ambos partidos se prestaron a formar una insólita alianza parlamentaria de la izquierda que permitiese a Costa gobernara el país a cambio de la aprobación eventual de una ambiciosa lista de medidas sociales, y a lo largo de este último año el Ejecutivo ha hecho grandes esfuerzos para reponer los salarios de los funcionarios públicos (recortados durante la época del rescate europeo), subir el salario mínimo y restaurar las pensiones menguadas.

A través de formulas algo creativas, el Presupuesto de 2017 conseguirá reducir la factura del IRPF de la mayoría de los lusos, pero las realidades económicas del país implican que el alivio fiscal de los portugueses queda nuevamente pospuesto. La falta de fondos públicos para sufragar las medidas sociales que defiende el Gobierno hace que sigan vigentes tasas extraordinarias de anteriores Ejecutivos, que se mantengan congeladas de las contrataciones en la función pública, y que incluso surgen nuevas cargas fiscales que tendrán impacto sobre los ya reducidos salarios lusos.

La derecha lusa argumenta que los partidos de la izquierda son los responsables de los nuevos impuestos, pues las medidas sociales que promulgan son caras y al final alguien tiene que pagar la cuenta. Los economistas, sin embargo, indican que la carga fiscal y la austeridad de facto son inevitables. El país se encuentra estancado económicamente y las presiones de la Comisión Europea (que augura que Portugal crecerá a un ritmo de apenas 1% hasta 2020 y que exige mayores recortes para garantizar la reducción del déficit), condicionan las decisiones del Gobierno Costa. El Ejecutivo es distinto pero la receta fiscal se resiste al cambio.

Nuevos (y viejos) impuestos

El Presupuesto presentado por Centeno viene lleno de nuevas tasas y el aumento sustancial de impuestos introducidos en los Presupuestos Generales de 2016. También mantiene muchas “tasas extraordinarias”, algunas de las cuales datan a la época de José Sócrates (primer ministro entre 2005 y 2011) y cuya duración se suponía que sería de apenas un año.

• Impuesto sobre el Patrimonio Inmobiliario. La medida afecta al patrimonio total superior a los 600.000 euros: se aplica un impuesto de 0,3% al valor superior a este límite. A nivel práctico, esto implica que un propietario con un patrimonio de 650.000 euros pagaría la tasa sobre los 50.000 euros (150 euros en total). Sin embargo, la medida puede ser extremadamente perjudicial para las personas o empresas que tengan deudas tributarias o contributivas, pues en esos supuestos el impuesto se aplicará al valor total de sus bienes (y no sólo los valores a partir de los 600.000 euros); para muchos implicaría pagar el valor del IMI dos veces. El nuevo impuesto afecta no sólo a los contribuyentes individuales, sino también a las sucesiones indivisas y las empresas del sector inmobiliario, pero quedan exentos los edificios industriales y los destinados al sector turístico (como los hoteles). El Ejecutivo pretende recaudar 170 millones de euros con esta medida, que sirve para reforzar el Fondo de Estabilización de la Seguridad Social. 

• La ‘sobretaxa’ resiste. Pese a que Costa prometió que desaparecería el 1 de enero de 2017, la odiada ‘sobretaxa’ –el impuesto extraordinario creado por Passos Coelho para recaudar fondos durante el punto más crítico de la crisis en 2013– seguirá en vigor. Todo portugués que ingresen más de 7.091 euros anuales tiene la obligación de pagarla y se aplica sobre el 0,25 a 3,21% de los ingresos; se mantiene hasta noviembre de 2017, eliminándose de manera escalada a lo largo del año. Esa supresión gradual implica que los portugueses pagarán menos de lo que pagaron en 2016, pero es poco consuelo para una población que esperaba ahorrarse ese gasto por completo.

• Impuesto ‘Coca-Cola’. Se aplicará a toda bebida con azúcar u otro edulcorante, variando entre 8 y 16 céntimos por cada litro (menos si el contenido de azúcar es inferior a los 80 gramos por litro, más si supera ese límite). Quedan excluidos del impuesto las bebidas a base de leche, soja o arroz, los jugos y néctares de frutas o verduras.

• Tasa ‘Airbnb’. Aumenta el impuesto sobre viviendas de uso turístico –recurso que ha mantenido a miles de portugueses ‘a flote’ durante lo peor de la crisis– de forma espectacular, pasando del 15% del total de los ingresos al 35%. Según el Ministerio de Finanzas, la medida se ha aprobado para beneficiar a quienes alquilan sus casas a largo plazo e intentar limitar la proliferación de este tipo de alojamiento en los centros históricos de Lisboa y Oporto.

• Impuesto 'Lucky Luke'. Se aplica una tasa de 0,02 euros por cada bala. Se verán afectados los productores o importadores de municiones con sede en Portugal continental, así como los proveedores de estos materiales en territorio luso pero con sede en la Unión Europea e, indirectamente, los millones de cazadores portugueses.

• Sube el precio del alcohol. Aumenta un 3% con respecto a 2016, cuando también aumentó un 3%. Se aplica a la cerveza, los licores y el vino (como el oporto) según el volumen de alcohol que contienen. En 2016 la medida fue un éxito en términos de recaudación: se anticipó recaudar 187 millones de euros para finales de año y en agosto ya iba bien encaminado, con 123,9 millones ingresados.

• Pagas la televisión pública aunque no tengas tele. Los portugueses pagan un impuesto destinado a financiera la Radio Televisión de Portugal (RTP) integrado dentro de sus facturas de electricidad desde 2003. Aumenta 20 céntimos, por lo que los lusos pagarán 2,85 por mes para la televisión pública, la vean o no.

• Se mantienen los clásicos. Siguen en vigor los impuestos sobre la circulación y la gasolina, además del impuesto sobre el sector energético. También se mantienen el impuesto sobre el sector bancario –originalmente lanzado "de manera extraordinaria" por el Ejecutivo de José Sócrates en 2010– que pasa a ser de entre 0,085 y 0,110% sobre los pasivos de cada entidad con sede o sucursal en Portugal, sea nacional o extranjera.

La austeridad pervive

Pese a los esfuerzos del Gobierno, el borrador de los Presupuestos para 2017 deja en evidencia que la austeridad sigue definiendo la función pública en Portugal y que muchas de las mejoras sociales prometidas han quedado en el tintero.

• Sólo se actualizarán las pensiones de los más pobres. La izquierda pactó actualizar las pensiones, pero el mero gesto de aumentarlas con apenas 10 euros adicionales cada mes hubiese supuesto un coste prohibitivo de 400 millones de euros a las arcas públicas. Tras tensas negociaciones, socialistas, bloquistas y comunistas han consensuado ayudar a los más necesitados: si ganas menos de 630 euros recibirás 10 euros adicionales a partir de agosto, y quienes ingresan hasta 840 euros conseguirán una actualización mínima de sus pensiones al nivel de la inflación. Todos los demás seguirán cobrando lo mismo que en 2010. Quedan excluidos de las actualizaciones aquellas personas que reciben un subsidio de menos de 230 euros, pues el Ejecutivo considera que ya se vieron beneficiados por las ayudas adicionales contempladas en los Presupuestos de 2016.

• El sueldo, restaurado, vale menos. Aunque los salarios de los funcionarios ha sido restaurado a sus niveles de 2010 por este Gobierno, un informe de PWC publicado el pasado miércoles indica que los empleados públicos ganan entre un 10 y un 13% menos de lo que recibían hace seis años debido a la avalancha de nuevos impuestos.

• No se pagan las promociones o las horas extra. Las promociones no conllevan un correspondiente aumento del sueldo, y se limitan las horas extra pagadas que pueden trabajar los trabajadores de la salud pública. La limitación sobre estos trabajos extraordinarios ha hecho que muchos hospitales públicos portugueses no ofrezcan servicios especializados en fines de semana, situación que ha costado vidas, entre ellas la de David Duarte el pasado diciembre.

• Un funcionario por cada dos que se jubilan. Sigue en pie la prohibición de contratar funcionarios, al igual que las limitaciones sobre los gastos en las empresas públicas: sólo se podrá contratar un funcionario por cada dos que se jubilan. Igualmente, se mantienen las órdenes de limitar los gastos al máximo dentro de la función pública. La única excepción tanto a esta norma, como también la de los aumentos de salario son aquellas entidades públicas que estén sometidas a los estatutos del Banco Central Europeo, como es el caso de los empleados de Caixa Geral de Depósitos.

• La paga de Navidad, fraccionada. Tanto la paga extra de los funcionarios como el subsidio adicional de los pensionistas será fraccionada: recibirán el 50% en noviembre, y el restante se pagará en 12 mensualidades.

• El patrimonio del Estado vuelve a tener precio. El Gobierno de Passos Coelho intentó vender obras de arte en manos del Estado; el Ejecutivo Costa contempla alquilar los edificios más emblemáticos del país. La medida es polémica y los comunistas han levantado la voz ante la posibilidad que la icónica Prisión de Peniche –donde los opositores a la dictadura salazarista pasaron años encarcelados– sea utilizada para fiestas privadas y eventos corporativos.

• Recortes en los presupuestos ministeriales. Se reduce el presupuesto de Medio Ambiente en un 10,5% (179 millones de euros); el de Infraestructuras y Planeamiento cae un 22% (979,7 millones de euros). 

Tímidas medidas sociales

Donde ha podido permitirse el lujo, el Gobierno ha invertido en medidas sociales, generalmente dirigidas a los más vulnerables de la sociedad lusa, y en la educación nacional.

• Ayudas adicionales a las familias desempleadas. Se aumenta la prestación en un 10% para los matrimonios o parejas de hecho en las que ambos se encuentren desempleados y tengan un hijo a su cargo.

• El Gobierno te paga los libros de texto hasta el cuarto año. Se incorpora la iniciativa presentada por los comunistas para que los manuales sean gratuitos a lo largo del primer ciclo.

• Menos carga fiscal sobre las personas con deficiencias. El 15% de los ingresos de las personas con deficiencias serán exentos de tributación.

• Ayudas regionales. El Gobierno favorece el interior del país dando beneficios fiscales a las empresas que se instalen en estas zonas cada vez más despobladas; para beneficiarse deben invertir al menos 150.000 euros en estas áreas, ejercer una actividad económica y no tener salarios atrasados. A la vez, se destinan 16 millones de euros al fomento del turismo regional.

• Aumenta el presupuesto de Educación, Cultura y Exteriores. El Ministerio de Cultura recibirá 3% (179 millones) más que en 2016. Se anticipa ampliar la oferta de educación pre-escolar a todos los niños de entre 3 y 6 años para el final de la legislatura (actualmente sólo se garantiza el acceso a la red pública a partir de 5 años). Cultura se beneficia de un aumento del 16% cara a 2016, cuando recibió apenas 94,5 millones de euros. También aumenta el presupuesto del Ministerio de Exteriores (coincidiendo con la elección de António Guterres a la secretaría general de la ONU) y el de Cultura.

• Eliminación de las tasas judiciales en ciertos casos. Las víctimas del tráfico de personas, la esclavitud o violaciones se unen a las víctimas de la violencia doméstica en esta categoría. Las víctimas de la violencia doméstica, a su vez, se veran reforzadas con 15 millones de euros adicionales destinados a garantizar su seguridad.

• Beneficios fiscales para los coches eléctricos. Quienes los compren pagaran 560 euros menos en impuestos.

• Tres nuevos hospitales. Serán construidos en Lisboa, Seixal y Évora.

• Las universidades públicas vuelven a contratar. No aumentan los presupuestos, pero se les deja gestionar los fondos que surjan con la jubilación de empleados para contratar nuevos profesores e investigadores.

• Tres millones a disposición del público. El Gobierno destina tres millones de euros al Presupuesto Participativo, al que el público puede optar proponiendo proyectos. El dinero se distribuirá por grupos de proyectos (375.000 para proyectos nacionales, 375.000 para cada región territorial / autónoma).

• 400 actuarios para los tribunales lusos. La Justicia portuguesa es notoriamente ineficiente, en parte por la falta crónica de funcionarios que consigan gestionar el lado burocrático de los casos ante los jueces; un querellante puede pasar años antes de que su denuncia sea atendida. La ministra Van Dunem ha conseguido esta pequeña concesión para agilizar el ámbito.

• Aumenta el subsidio del almuerzo. Los funcionarios públicos con derecho al subsidio recibirán 0,25 céntimos adicionales cada día; se espera que el aumento beneficie al sector privado indirectamente.

• Inversión urgente en los transportes públicos. Se autoriza la inversión de tres millones de euros para los metropolitanos de Lisboa y Oporto, ambos en muy mal estado. Este otoño el Metro de Lisboa ha acaparado titulares por tener vagones reparados ‘canibalizando’ otros por falta de material, y por las multitudinarias colas generadas al agotarse los billetes de transporte. También se habilitan 2,700 millones para modernizar las vías ferroviarias del país, cuyo mal estado fue noticia tras el accidente de Porriño en septiembre.

Aunque el borrador del Presupuesto fue sometido a la Comisión Europea ayer, se anticipan que habrá modificaciones durante los próximos meses; los presupuestos lusos son promulgados por el presidente de la República a finales de año y tradicionalmente son debatidos hasta finales de noviembre, cuando son votados y sometidos para la redacción definitiva.

Diputados del Partido Comunista Portugués indican a EL ESPAÑOL que las negociaciones siguen activas, y que todavía aspiran a mayores concesiones sociales. No obstante, ante de la Comisión y la revisión de la previsión del déficit por parte del Ejecutivo Costa la semana pasada lo más probable es que, si hay cambios, estos serán los indicados por Bruselas y no el Parlamento en Lisboa.