Bruselas no se cree el Plan Presupuestario enviado por el Gobierno en funciones para 2017 y ayer exigió lo que todo el mundo sabía: que se necesita un ajuste discrecional de 5.000 millones para rebajar el déficit hasta el 3,1% en 2017. Esta vez los partidos políticos coinciden en que no se pueden hacer más recortes, que la tijera ya pincha en hueso, por lo que habrá que recurrir a los impuestos. ¿Quién pagará esta factura?
Los representantes económicos de los cuatro grandes partidos políticos han debatido sobre la reforma fiscal que necesita España dentro del marco de las jornadas de celebración del primer aniversario de EL ESPAÑOL. Todos ellos coinciden en un punto: las empresas tienen que pagar esta factura a través de una reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades. Esto no significa subir los impuestos a las empresas, sino hacer que paguen impuestos, en especial las grandes compañías.
Las cuatro formaciones coinciden en que no es de recibo que las empresas tengan un resultado contable que esté en los niveles de 2007 y la recaudación sea cuatro veces inferior. El problema está en la cantidad de deducciones que tienen actualmente las compañías y que permiten reducir su base imponible tanto que este año el Gobierno iba camino de recaudar sólo 12.000 o 13.000 millones de euros con este tributo, cuando tenía presupuestados 25.000 millones de ingresos. Ni siquiera el apaño para subir el mínimo en los pagos a cuenta con el que recaudará otros 8.300 millones de euros, conseguirá cumplir con lo presupuestado.
“Lo que más falla es el Impuesto de Sociedades”, ha remarcado Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda de Ciudadanos. En su opinión, es así de sencillo: “Si no arreglamos este agujero, aritméticamente no hay forma de cuadrar el Presupuesto del año que viene”. En 2007 se recaudaron más de 44.000 millones con Sociedades y este año, sin el remiendo del Gobierno, no se alcanzarían los 13.000 millones de recaudación. Este es un problema que también reconoce la portavoz adjunta del PP de Hacienda, Matilde Asián. “Indudablemente hay que revisar Sociedades porque la recaudación está muy baja”, ha explicado la diputada popular.
Si no arreglamos el agujero del Impuesto de Sociedadse aritméticamente no hay forma de cuadrar el Presupuesto del año que viene
En su opinión, una buena parte del lastre que sufre el Impuesto de Sociedades es la compensación de bases fiscales negativas, esto es, la deducción de pérdidas de ejercicios anteriores. Para Asián, este es un problema importante, por lo que hay que “establecer un límite en los pagos a cuenta”, que es lo que ha aprobado el Gobierno en septiembre: que las empresas adelanten una parte (en este caso el 23%) de su resultado, sin poder deducir nada en su base imponible.
Esta solución no deja de ser un apaño temporal, ya que cuando se hace la liquidación del impuesto, ahí sí pueden introducir todas las deducciones que tienen a su disposición las empresas y de los que se benefician, principalmente, las grandes compañías con capacidad para diseñar y ejecutar estrategias fiscales. Por este motivo, Nacho Álvarez, responsable de Economía de Podemos, propone que la reforma del Impuesto de Sociedades se centre en “qué tipo de deducciones permitimos” y no en “los tipos nominales del impuesto, para los que hay un acuerdo importante”.
La solución pasa entonces por cerrar la brecha entre los tipos efectivos y nominales. Una solución puede ser “establecer un suelo mínimo en el pago del impuesto del 15% que de alguna forma garantice un trato equitativo entre las empresas de distinto tamaño”.
La presión fiscal
Una vez acordada que es necesaria una reforma del Impuesto de Sociedades que permita elevar la recaudación y cumplir con las exigencias de Bruselas, llega el momento de determinar qué nivel de gasto público queremos para España. Aquí es donde surge el enfrentamiento entre los distintos partidos. Tanto el PSOE como Podemos denuncian el bajo nivel de recaudación de España, que condena al país a tener niveles de gasto muy bajos en comparación con la Unión Europea. En concreto, los ingresos totales del país se sitúan en torno al 38% del PIB, mientras que la media europea está en el 43%.
Hay dos posibilidades, ajustar nuestro déficit al 38% del PIB, que es lo que dice el Programa de Estabilidad del PP, o ir convergiendo al 43% en ingresos públicos
Para Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, “hay dos posibilidades, ajustar nuestro déficit y todos nuestros retos al 38% del PIB, que es lo que dice el Programa de Estabilidad del PP actualmente, o ir convergiendo al 43% en ingresos públicos”. Es una cuestión de decidir, si el ajuste se hace por la vía de los ingresos o del gasto. Es importante tener en cuenta que la senda de reducción del déficit no acaba con los 5.000 millones extra que hay que recortar en 2017, sino que el objetivo es la estabilidad presupuestaria.
La solución pasa, por tanto, por subir los impuestos y así mantener unos niveles de gasto que permitan “tener un estado de bienestar fuerte”. Para el diputado socialista, “es un engaño masivo decirle a los españoles que vas a bajar los impuestos, alguien que diga que va a bajar impuestos, estará mintiendo”. Es en este punto donde se cruzan las miradas. Frente a Saura, Asián promete a los españoles “no subir impuestos a las clases medias” y al mismo tiempo “mantener la protección a los colectivos más vulnerables”.
“Nuestra política es clara: impuestos hasta un límite, el que garantice que se tiene la financiación suficiente para ayudar a la gente que más lo necesita”, remarca la diputada del PP, “y una vez que se han alcanzado esos objetivos, y creo que en España se han alcanzado, que se devuelva el esfuerzo a los españoles”. La duda que surge a partir de aquí es evidente: si se mantiene la recaudación en los niveles actuales y se tiene que reducir el gasto para equipararlo a los ingresos, ¿es posible mantener la protección a los colectivos más vulnerables? ¿Se está haciendo ya?
Yo diría que sí van a subir los impuestos, el debate será si van a subir los impuestos directos o los indirectos
Nacho Álvarez refrenda a Saura: “Yo diría que sí van a subir los impuestos”, y añade que “el debate será si van a subir los impuestos directos o los indirectos”. Los indirectos, que no gravan directamente a quien paga el impuesto, como es el caso del IVA, tienen un efecto regresivo, esto es, socavan el reparto de recursos y, por tanto, inciden en la desigualdad como muestra este estudio de Fedea (“todos los impuestos indirectos se comportan de forma regresiva”). O los directos, que gravan directamente a la persona que soporta el tributo, como el IRPF, o Sociedades, y que tienen un efecto redistributivo.
“La realidad es que España tiene un gasto social 4 puntos de PIB por debajo de la UE”, ha remarcado Álvarez, lo que significa que para alcanzar el equilibrio con el resto de socios, el gasto debería aumentar en 40.000 millones de euros (casi tanto como el déficit que tendrá España este año, que tiene que ser de 46.000 millones). Si se apuesta por reducir la brecha con Europa en cuanto a gasto y protección social, la única forma de financiarlo es subir los impuestos.
Si por cada 6 euros que dedica Alemania a la lucha contra el fraude, España destina solo 1 euro, es imposible conseguir los mismos resultados
Para de la Torre, antes de reclamar a las clases medias y populares un nuevo esfuerzo fiscal, hay que obligar a las grandes fortunas y las grandes empresas a tributar lo que deben “y esto no se consigue con amnistías fiscales”, ha recriminado al PP. En su opinión, el problema no es del nivel de los tipos impositivos, ya que se sitúan en línea con los que hay en el resto de Europa, sino que los puntos débiles de España son la insuficiente lucha contra el fraude y las enormes diferencias de impuestos entre las regiones que hace que se pierda una buena parte de la recaudación potencial.
“Si por cada 6 euros que dedica Alemania a la lucha contra el fraude, España destina solo 1 euro, es imposible conseguir los mismos resultados”, denuncia. Al mismo tiempo, señala que “es importante tener un sistema fiscal completo y no un conjunto deslavazado de impuestos”, por lo que es imprescindible “definir un marco común fiscal dentro del debate de la financiación autonómica”.