PP y PSOE también acuerdan retrasar a 2019 el 'déficit cero' de las autonomías

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el ámbito en el que el Estado y las comunidades autónomas negocian el reparto de los objetivos de déficit y deuda. En estos encuentros volaban los cuchillos durante la primera legislatura del Partido Popular. Primero porque el Gobierno contaba con mayoría absoluta para tomar las decisiones y segundo porque las exigencias de déficit obligaban a hacer grandes esfuerzos. 

Mucho han cambiado los tiempos. En esta ocasión el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, salió este jueves ante los medios relajado, "¿recuerdan cómo estábamos en 2012?", señaló ante los periodistas. En esta ocasión el ministro ya había acordado las cifras de déficit y deuda con el PSOE, que gobierna 14 comunidades autónomas, por lo que la reunión salió adelante sin mayores problemas. "No ha habido enfrentamientos ni choques", señaló el ministro, "con independencia de las ideologías políticas".

No ha habido enfrentamientos ni choques, con independencia de las ideologías políticas

El CPFF acordó elevar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para este año hasta el 0,7%, de modo que se reserva para el Estado (Administración Central y Seguridad Social) un margen del 3,9% del PIB. El esfuerzo para 2017 será mínimo, ya que el PSOE ha conseguido arrancar un objetivo de déficit del 0,6% del PIB, frente al 0,1% que tenían aprobado hasta ahora.

De este modo, las autonomías tendrán una situación holgada para el próximo ejercicio, ya que el incremento de los ingresos debería ser suficiente para cumplir con este objetivo. 

Las autonomías han destinado los nuevos recursos que han tenido este año a reducir el déficit y no a aumentar el gasto

El ministro también celebró el esfuerzo que han hecho este año las autonomías, que han pasado de un déficit del 1,7% del PIB en 2016 a cerrar este año en el 0,7%. 10.000 millones de ajuste que para Montoro es el resultado del esfuerzo y del buen resultado de la regla de gasto. "Las autonomías han destinado los nuevos recursos que han tenido este año a reducir el déficit y no a aumentar el gasto; estamos viendo la eficacia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", señaló Montoro.

Sin embargo, no todas las autonomías terminaron satisfechas con las decisiones adoptadas. El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, fue uno de los más críticos con la decisión, ya que su objetivo era conseguir un margen de déficit superior al 1%.

Un año más

La nueva senda de reducción del déficit que tienen que seguir las regiones retrasa un año la consecución del equilibrio financiero, esto es, del déficit cero. Este objetivo estaba fijado para 2018, pero ahora se permite que cierren ese ejercicio con un desfase en sus cuentas del 0,3%, por lo que la estabilidad financiera se pospone hasta 2019.

En cuanto al objetivo de deuda, el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó limitar el incremento del endeudamiento de este año al 24,4% del PIB y reducirlo al 24,1% en 2017; al 26,6% en 2018 y finalmente cerrar 2019 en el 22,7%. Una senda suave de desendeudamiento que es perfectamente alcanzable para las regiones en una situación de incremento de los ingresos.

Sin embargo, Montoro no pudo concretar cuál será la cifra de las entregas a cuenta de 2017, esto es, de la transferencia inicial del próximo ejercicio. Esto es así porque el Gobierno todavía no tiene firmados los Presupuestos para 2017, por lo que desconoce qué partida podrá destinar a las transferencias a las autonomías. Lo que sí pudo detallar el ministro es la liquidación de las cuentas de 2015 y el avance de la prórroga de los presupuestos de 2016.

Esta legislatura tenemos la obligación de entendernos, pero es también una oportunidad

En cualquier caso, el ministro de Hacienda ha celebrado el espíritu constructivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha animado a las autonomías a aprovechar "la oportunidad de que estemos obligados a entendernos". Se acabó el gobierno con puño de hierro, llegó el momento del diálogo y los pactos.

Aprovechando esta situación, los territorios pidieron a Montoro abordar lo antes posible la reforma del sistema de financiación autonómica para modernizarlo y para dotar a las comunidades de los recursos suficientes para afrontar los gastos de las competencias trasferidas. El ministro aceptó la propuesta y anunció que estudiará una próxima reforma.