Final de partida para Monte dei Paschi di Siena, el tercer mayor banco italiano y considerado el más antiguo del mundo, ya que se fundó en 1472. La entidad, que también empezó como caja de ahorros, está a punto de seguir los pasos de Bankia: rescate público e imposición de pérdidas a los preferentistas. El Banco Central Europeo (BCE) le ha empujado en esta dirección al negarse este viernes a concederle la prórroga que había solicitado para tratar de captar en los mercados el capital que necesita. La intervención pública supone, según las reglas de la UE, que habrá una quita a accionistas, bonistas y preferentistas, algo que el Gobierno de Roma había tratado de evitar a toda costa.

¿Por qué ha optado el BCE por este escenario que aparentemente no deseaba ninguna de las partes implicadas? Monte dei Paschi fue la entidad que obtuvo la peor nota de toda la UE en los tests de estrés que el supervisor realizó el pasado julio. Las pruebas desvelaron unas necesidades de capital adicional de 5.000 millones de euros y se le dio de plazo hasta fin de año para buscar inversores. Algunos fondos estadounidenses y Catar habían mostrado interés en participar en una solución privada.

Pero llegó el 'no' en el referéndum constitucional del domingo pasado y la dimisión del primer ministro, Matteo Renzi. La recaída de Italia en la inestabilidad ha ahuyentado a los posibles inversores en Monte dei Paschi. El banco había pedido al BCE una prórroga de tres semanas, hasta el 20 de enero. Confiaba en que para entonces se habría aclarado el panorama político y que le daría tiempo a concluir con éxito su plan de recapitalización. Pero el organismo presidido por Mario Draghi ha decidido plantarse.

"Parece que el BCE ha concluido que la probabilidad de una recapitalización con éxito de Monte dei Paschi a cargo de inversores del sector privado en las próximas semanas es muy baja", explica a EL ESPAÑOL Nicolas Véron, economista del think tank Bruegel. "Es una conclusión lógica: si el banco ha sido incapaz de captar capital nuevo en los últimos meses, ¿por qué iba a cambiar esto en las próximas semanas?", apunta.

"La consecuencia es que una intervención pública se hace inevitable. Y si es así, mejor hacerla más pronto que tarde, tanto desde el punto de vista de la estabilidad financiera como para proteger el uso del dinero de los contribuyentes", señala Véron. "Esperar más -como pedía Monte dei Paschi- conlleva el riesgo de turbulencias y de un gasto público más alto al final", concluye.

Aunque el responsable de supervisión del BCE no es Draghi sino la francesa Danièle Nouy, el banquero italiano ya ha avisado en anteriores ocasiones de los riesgos de no intervenir a tiempo en una crisis bancaria. El blanco de sus críticas fue la actuación del Gobierno de Rajoy con Bankia y de Bélgica con Dexia.

"Lo que muestran los casos de Dexia y Bankia es que, cuando nos enfrentamos con dramáticas necesidades de recapitalización, la reacción de los Gobiernos o de los supervisores nacionales es subestimar la importancia del problema, presentar una primera evaluación, después una segunda, una tercera, una cuarta", dijo Draghi en una comparecencia ante la Eurocámara. 

"Esa es la peor manera posible de hacer las cosas, porque al final todo el mundo acaba haciendo lo correcto, pero al coste más alto posible", alega el presidente del BCE. A priori, la factura de Monte di Paschi no será tan alta como la de Bankia, cuyo rescate ha costado más de 22.000 millones a los contribuyentes españoles.

Compensar a los preferentistas

El Gobierno de Roma y Bruselas llevan ya meses jugando al ratón y el gato sobre la recapitalización de la banca italiana, especialmente castigada por el gran volumen de créditos morosos y el anémico crecimiento económico. El motivo es que a principios de este año entraron en vigor las nuevas reglas de la UE, aprobadas en plena crisis financiera, que obligan a imponer pérdidas a accionistas y acreedores antes de cualquier inyección de capital público. Esta norma quiere evitar que sean los contribuyentes los que paguen la factura de las crisis bancarias.

Al igual que ocurrió con el caso de los preferentistas en España, muchos de los inversores en los bancos italianos son particulares que perderían sus ahorros si se aplican estas quitas. Este es el principal factor que ha retrasado hasta ahora la solución a la crisis financiera en Italia. De hecho, las autoridades de Roma se lamentan de no haber pedido un rescate bancario a la UE en 2012, como hizo España, cuando las reglas no eran tan estrictas, según explican fuentes europeas.

Durante esta semana se ha llegado a especular con la posibilidad de que el Gobierno italiano siga los pasos de Rajoy y presente una petición de ayuda al Fondo de Rescate de la UE (MEDE). Hasta el punto de que el MEDE se ha visto obligado a desmentirlo oficialmente. "No ha habido petición y no hay discusiones con las autoridades italianas sobre un préstamo", escribió el Fondo de Rescate en su cuenta de Twitter.

La hipótesis más probable es una "recapitalización preventiva" de Monte dei Paschi a cargo del Estado italiano, según explica Véron. Roma no necesita pedir un préstamo al MEDE porque, a diferencia de lo que ocurrió con España en 2012, de momento no tiene problemas para colocar su deuda en los mercados. Además, el programa de compra de deuda del BCE mantiene bajo control su prima de riesgo.

También el problema de los preferentistas puede resolverse, alega Bruselas. El Gobierno italiano podría compensar mediante mecanismos de arbitraje, como ha hecho España, a aquellos que demuestren que se les vendió de forma indebida estos productos financieros. La UE quiere una solución ya a la crisis bancaria en Italia para evitar el contagio a otros países con problemas en su sector financiero, como Portugal o incluso de nuevo Grecia.