S&P advierte que la tensión entre Cataluña y el Estado puede afectar a su liquidez

La economía española crece muy por encima de la media europea, la perspectiva de reducción del déficit es positiva, el problema del envejecimiento está controlado… La agencia de calificación S&P Global (antes Standard & Poor’s) ha mejorado notablemente su visión sobre España en los últimos años. Para los analistas de la agencia, el país tiene por delante un año que debería ser positivo dada la inercia económica, pero con un punto de incertidumbre dentro de sus fronteras: el desafío soberanista de Cataluña.

El escenario base para S&P es que no se producirá la independencia, pero teme que si la relación entre el Gobierno catalán y el de España se deteriora, podría dañar el funcionamiento de los “mecanismos de apoyo a la liquidez”. Cataluña tiene que refinanciar constantemente vencimientos de deuda, para lo que necesita la ayuda del Estado, principalmente a través del Fondo de Liquidez Autonómico.

En el pasado ya hubo alguna ocasión en la que Cataluña y España llegaron a un acuerdo in extremis para evitar el impago, pero asumiendo mucho riesgo. El mejor ejemplo fue cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, tuvo que viajar de urgencia a Barcelona para reunirse con el Vicepresidente de Hacienda de la Generalitat, Oriol Junqueras, para desbloquear una operación de deuda y así evitar el impago en el último momento.

Si se produce un fallo de coordinación en un momento límite, podría provocar la situación que nadie quiere, y es que Cataluña falle a alguno de sus compromisos financieros. “Existe un riesgo de que la tensión pudiera afectar a los mecanismos de apoyo a la liquidez”, señala la agencia.

Cataluña tiene una calificación de B+ con perspectiva negativa para S&P, por lo que está a cuatro escalones de salir del bono basura. Sin embargo, la región cuenta con el apoyo explícito e implícito del Gobierno para hacer frente a sus vencimientos de deuda a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El gasto sanitario

S&P considera que las dos últimas reformas de las pensiones aprobadas en 2011 y 2013 permiten a España afrontar el desafío del envejecimiento de la población en una posición de ventaja respecto a la media europea. Sin embargo, el mayor riesgo va a estar en el gasto sanitario, que lo asumen mayoritariamente las comunidades autónomas. Alejandro Rodríguez, director de Soberano y Financiación Pública Internacional, considera que “a medio plazo va a ser más difícil controlar el gasto sanitario por el envejecimiento”. Para la agencia, “una buena parte de los problemas de algunas autonomías están en el gasto sanitario”.

Sin embargo, no todas las autonomías están en la misma situación. Por ejemplo, en 2015 (último dato disponible al cierre del año) la autonomía con mejor situación tenía un superávit del 3% de sus ingresos corrientes, mientras la peor tenía un déficit del 28%. Una diferencia que se explica principalmente por las diferencias de financiación de las diferentes regiones, explica la agencia de rating. Así, mientras la autonomía mejor financiada recibió un 27% más de ingresos corrientes que la media, la peor financiada tuvo un 16% menos.

La asimetría en la posición financiera de las comunidades es una de las incógnitas de futuro que tienen por delante las comunidades autónomas. La resolución debería producirse en la reforma del sistema de financiación que ya están negociando los partidos políticos y que el Gobierno quiere impulsar en el marco de la Conferencia de Presidentes que se reunirá la próxima semana.

S&P tiene a todas las regiones con perspectiva estable, salvo Andalucía que tiene perspectiva positiva y Cataluña, que la tiene negativa. Navarra y País Vasco tienen un rating superior al del Reino de España, una situación que es casi única en el mundo y que responde al tan beneficioso sistema de financiación que tienen las dos autonomías. Por su parte, solo Cataluña y Valencia están en bono basura. La agencia de rating también ha destacado que, “con los últimos datos disponibles”, el Estado ha asumido ya más del 50% de la deuda autonómica.