La subida de impuestos por valor de 7.500 millones de euros pactada por el Gobierno de Mariano Rajoy con el PSOE es insuficiente para corregir el déficit excesivo de España de forma duradera. Esa es la principal conclusión del dictamen publicado este martes por Bruselas sobre el plan presupuestario español para 2017, que le pone de nota un aprobado raspado.

La Comisión Europea reclama medidas adicionales: un ajuste extra de 2.000 millones de euros, pero también una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para extremar los controles sobre el gasto de las comunidades autónomas, con sanciones automáticas, y más transparencia en la adjudicación de contratos públicos con el fin de acabar con la corrupción.

El Ejecutivo comunitario vaticina que el Gobierno de Rajoy volverá a incumplir su objetivo de déficit este año: en lugar del 3,1% exigido por la UE, el desafase presupuestario se quedará en el 3,3%. Aunque la diferencia es pequeña, si la previsión se confirma podría tener consecuencias graves, ya que reactivaría el procedimiento sancionador del que España se libró el año pasado por la mínima.

Por eso, Bruselas reclama al ministro de Economía, Luis de Guindos, que prepare un ajuste adicional de 2.000 millones (el 0,2% del PIB). No tendrá que aplicarse de inmediato, sino que únicamente debería ponerse en marcha si el desvío se confirma o la situación económica empeora.

El otro mensaje de Bruselas es que los Presupuestos de 2017 deben aprobarse y aplicarse plenamente "en breve", según ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en un comunicado. Guindos ha querido aferrarse a la parte positiva de la opinión del Ejecutivo comunitario. "Lo más importante es que no pide medidas adicionales. Lo único habla de que estemos vigilantes en el supuesto de que haya una desviación. Pero en última instancia es un espaldarazo al plan presupuestario de España", ha dicho.

La principal discrepancia entre la Comisión y Guindos es la previsión de crecimiento para este año. El Gobierno vaticina que la economía española avanzará este año un 2,5%, mientras que Bruselas, en línea con el FMI, rebaja la cifra al 2,3%, debido entre otras cosas al impacto del aumento de impuestos. El Ejecutivo comunitario también cree que la subida de impuestos y las medidas de lucha contra el fraude generarán menos ingresos de los esperados.

Más transparencia en los contratos

En su dictamen, el Ejecutivo comunitario vuelve a poner el foco sobre las comunidades autónomas. Lamenta que ningún Gobierno regional se haya comprometido a aplicar en 2017 la nueva regla para limitar el gasto farmacéutico diseñada por el Gobierno regional. Y critica al Ejecutivo de Rajoy por no haber puesto en marcha la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, pese a que la UE se lo pidió ya en agosto al mismo tiempo que le perdonaba la multa de 2.000 millones por el desvío del déficit.

Las autoridades españolas se han comprometido con Bruselas a restringir el uso de cuentas no incluidas en los presupuestos a nivel regional, con el fin de evitar el registro de gastos que superen las asignaciones presupuestarias. Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realizará este año una revisión del gasto en todos los niveles del gobierno.

Pero el Ejecutivo comunitario se queja de que sigue sin fijarse ningún calendario para reformar la ley de estabilidad presupuestaria. El plan español "tampoco incluye medidas para aumentar la automaticidad de los mecanismos previstos en la ley de estabilidad presupuestaria para prevenir y corregir las desviaciones respecto de los objetivos de déficit, deuda y gasto", dice el dictamen.

Aunque la ley española contempla sanciones de hasta el 0,2% del PIB (calcadas de las normas de la UE) para las comunidades autónomas que incumplan el déficit, el ministerio de Hacienda nunca ha hecho uso de estas medidas coercitivas, según ha denunciado la Comisión en múltiples ocasiones.

Bruselas ve además insuficiente la reciente reforma de la legislación sobre contratos públicos aprobada por Rajoy. Para el Ejecutivo comunitario, la opacidad en la adjudicación de contratos es uno de los principales factores que explica la proliferación de escándalos de corrupción en España y el despilfarro de recursos públicos. Pero los últimos cambios se quedan cortos a la hora de prevenir estos problemas.

"No abordan la necesidad de un marco coherente que garantice la suficiente transparencia y la coordinación de las políticas de contratos públicos entre todas las autoridades y entidades", dice el dictamen. Tampoco se han puesto sobre la mesa propuestas para coordinar las políticas de contratación ni para hacer uso de forma sistemática y extendida de un sistema centralizado de compras que, según Bruselas, "podría ayudar a aumentar los ahorros presupuestarios".