A medida que pasan los días salen más analistas alertando al Gobierno del riesgo elevado de incumplir, un año más, el objetivo de déficit pactado con Bruselas. El martes fue la Comisión Europea quien señaló el riesgo de que España necesite 2.200 millones para cumplir con el objetivo. Hoy es Funcas quien advierte del riesgo de desviación. Según el panel de expertos de la Fundación de Cajas de Ahorro, el déficit ascenderá en 2017 hasta el 3,5%.

"Se espera el incumplimiento del objetivo de déficit este año", alerta Funcas. Si el déficit realmente asciende hasta el 3,5% del PIB, la desviación será superior a los 4.000 millones de euros. Dentro del panel de expertos hay opiniones mucho más pesimistas. Por ejemplo, Axesor, que estima un déficit del 3,8% del PIB, o Analistas Financieros Internacionales (AFI), BBVA y CEOE creen que el déficit alcanzará el 3,6%. Sólo Repsol y Banco Santander se creen las cifras del Gobierno a estas alturas.

Funcas advierte que la orientación fiscal seguirá siendo expansiva, lo que contribuirá al crecimiento económico, pero que dificultará la corrección del déficit. "La mayoría de los panelistas piensan que la orientación adecuada debería ser neutra", señala la Fundación.

El principal problema está en el gasto público. Durante la última legislatura, el Gobierno ha mostrado su incapacidad para controlar el gasto público y ceñirse a sus propias estimaciones, por lo que los analistas temen que en 2017 vuelva a pasar lo mismo. El Plan Presupuestario enviado a Bruselas incluye un incremento del consumo público del 0,9%, sin embargo, el panel de Funcas cree que el incremento del consumo será del 1,2%.

Una buena parte del desfase del gasto público procede de las comunidades autónomas. Algunas regiones lideradas por el PSOE trasladaron al Ministerio de Hacienda el martes que para financiar todos los servicios que tienen transferidos necesitan 26.000 millones más de ingresos cada año. Sea por el motivo que sea, la realidad es que las autonomías han incumplido tradicionalmente con su objetivo de déficit (la AIReF cree que también incumplieron en 2016), por lo que la Comisión Europea ha pedido al Gobierno que establezca un mecanismo de sanciones automáticas para quien se desvíe de su objetivo.