El Gobierno de Mariano Rajoy se ve de nuevo obligado a actuar en el mercado hipotecario a remolque de las exigencias de Bruselas y de los fallos condenatorios del Tribunal de Luxemburgo (TJUE). Tras el último varapalo de la justicia europea, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado este viernes que reformará otra vez la ley hipotecaria para acabar con la opacidad en cuestiones como las cláusulas suelo, las de amortización anticipada, los gastos de formalización o los préstamos multidivisas.

La iniciativa de la reforma no surge espontáneamente del Gobierno de Rajoy. Responde a la exigencia de incorporar a la legislación española la directiva de la UE de 2014 sobre créditos hipotecarios. De hecho, Bruselas ya expedientó el pasado noviembre a España por retrasarse en la aplicación de la directiva, ya que el plazo para hacerlo vencía en marzo de 2016. Si el Gobierno no actúa con celeridad, la Comisión presentará una nueva denuncia ante el Tribunal de Justicia.

Guindos no ha querido fijar un calendario. El próximo martes comparecerá ante la comisión de Economía del Congreso y situará la reforma de la ley hipotecaria como una de las prioridades de esta legislatura. "Es muy importante que actuemos rápido", ha dicho en la rueda de prensa final del Ecofin. Su ministerio ya ha empezado a negociar con los grupos de la oposición para recabar apoyos y cerrar un acuerdo "lo antes posible".

"Esta cuestión de las cláusulas opacas se tiene que acabar ya", ha proclamado el ministro de Economía. De lo contrario, continuará habiendo "espacios de incertidumbre" que podrían ahuyentar tanto a los consumidores como a los bancos y poner así en riesgo el sistema hipotecario español. "El hilo conductor de la reforma va a ser la transparencia y la claridad", ha señalado.

En concreto, la nueva ley obligará a la banca a facilitar con antelación a sus clientes una ficha con todos los datos de la hipoteca y otra con las cláusulas más controvertidas, si las tiene: la cláusula suelo, la cláusula de amortización anticipada, la cláusula multidivisa o la cuestión de los gastos de formalización. Además, en el momento de la firma, el notario deberá verificar que el usuario entiende perfectamente el contenido de esas cláusulas, ha anunciado Guindos.

Es la propia directiva de la UE la que exige la introducción de una ficha europea de información normalizada sobre hipotecas, cuyo objetivo es permitir a los usuarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato, así como comparar ofertas y elegir el producto que más se ajusta a sus necesidades.

"Una hipoteca es una relación a muy largo plazo y compleja. Hace falta que el consumidor entienda perfectamente a lo que se está comprometiendo, porque seguramente es la decisión económico financiera más importante que toma en su vida", alega el ministro de Economía.

Guindos se defiende

Pese a los múltiples varapalos de la UE, Guindos ha defendido el funcionamiento del sistema hipotecario español. "Ha permitido que casi el 80% de las familias españolas tengan casa en propiedad, lo cual no ocurre en otros países. La media europea es más de 10 puntos por debajo. Y eso es uno de los factores que explica la estabilidad social en nuestro país con una crisis tan profunda y tan brutal como la que hemos tenido", ha apuntado.

En estos momentos, la firma de hipotecas crece a un ritmo del 30% y cualquier cambio legal debe permitir que se mantenga lo que "funciona bien".

El ministro de Economía ha negado también que arrastre los pies a la hora de acabar con los abusos de los bancos en las hipotecas. Dos de los tres problemas que señala la sentencia del TJUE de este jueves, ha sostenido, ya han sido corregidos por el Gobierno de Rajoy: el número de meses de impago necesarios para iniciar un proceso de desahucio se ha ampliado de uno a tres, y los intereses de demora se han limitado. Guindos no prevé una avalancha de nuevas reclamaciones.

Además, desde enero de 2013, en todas las hipotecas con cláusulas suelo, el cliente debe firmar "de su puño y letra" que conoce su significado. Y el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a principios de 2012 un código de buenas prácticas sobre desahucios del que se han beneficiado 75.000 familias. Lo cierto es que tanto la Comisión como el TJUE han considerado insuficientes estas reformas y han seguido fallando contra España por no proteger adecuadamente a los deudores hipotecarios.

Guindos ha señalado que en su comparecencia del martes confirmará la próxima creación de una agencia independiente de defensa del ahorrador y del inversor financiero, que centralizará todas las reclamaciones contra la banca, seguros y mercados de valores. También expondrá el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para dividir en dos la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia.