El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha denunciado que el Gobierno ha fomentado un envejecimiento paulatino de la plantilla de empleados públicos de la Administración General del Estado de modo que "la cantera de jóvenes se ha reducido en un 80% en 6 años". Actualmente, el número de trabajadores de menos de 30 años se sitúa en 1.338 personas, esto es menos de un 1% de toda la plantilla, que asciende a 190.858 personas.

Por el contrario, el porcentaje de empleados mayores de 50 años asciende a 122.000 personas, esto es, un 64% del total de la plantilla de la Administración General del Estado. Por este motivo el sindicato exigirá al Ministerio de Hacienda en la reunión que se celebrará el jueves un plan de choque para recuperar el empleo de los jóvenes en la Administración. "Solicitamos al Gobierno que ponga sobre la mesa un plan de oferta de empleo públco para incentivar a nuestros jóvenes", reclama Miguel Borra, presidente de CSIF. En su opinión es la vía para garantizar el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad en el futuro.

A menos que se diseñe una oferta de empleo público ambiciosa, nos quedaremos sin recambio de personal en nuestra Administración

"A menos que se diseñe una oferta de empleo público ambiciosa, nos quedaremos sin recambio de personal en nuestra Administración", advierte el sindicato. Por ejemplo, hay algunos organismos del Estado que casi ya no tiene empleados públicos jóvenes. En Patrimonio Nacional sólo queda un trabajador de menos de 30 años, en el Ministerio de Fomento son 4 empleados y en Industria, 9 empleados.

La estrategia del Gobierno ha sido instalar las tasas de reposición inferiores al 100% de la plantilla saliente, de modo que no se crean tantos empleos como los que se destruyen. Así, la plantilla envejece paulatinamente y también se reduce el número de empleados de la Administración General del Estado. "Desde 2010 se han perdido 33.000 puestos de trabajo, entre funcionarios y personal laboral", denuncia el sindicato.

Por ejemplo, en la Seguridad Social se pierde un empleo por cada cuatro días desde 2012. En el SEPE, cada empleado tiene que tramitar 300 expedientes más de lo que le correspondería al año (hasta 1.700 expedientes) y, dada la estructura de edad de los trabajadores, en 5 años se jubilará el 40% de la plantilla. En la DGT hay 924 vacantes sin cubrir y en las oficinas de renovación del DNI, las colas en las grandes ciudades alcanzan los dos meses de espera.

El coste de una empresa privada viene siendo el doble de lo que le costaría al Gobierno darlo con sus propios empleados

Para mantener los servicios públicos donde se ha destruido empleo, el Gobierno ha externalizado servicios a empresas privadas, lo que "no necesariamente es más barato", denuncia el sindicato. Según sus estudios, "el coste de una empresa privada viene siendo el doble de lo que le costaría al Gobierno darlo con sus propios empleados".

Para solucionar este problema, el CSIF exige al Gobierno que lleve la tasa de reposición por encima del 100% para recuperar paulatinamente el empleo perdido durante la crisis. Hacienda se comprometió la semana pasada a convocar una oferta de empleo superior al 100% en los servicios básicos: Sanidad, Educación y Justicia, pero el sindicato reclama que se amplíe al conjunto de la Administración General del Estado.

Las negociaciones con Hacienda

El sindicato trasladará esta exigencia al Ministerio en la reunión que mantendrán este jueves. Hacienda se escuda en que es imprescindible aprobar los Presupuestos Generales del Estado para validar esta nueva partida de gasto en el capítulo 1, sin embargo, CSIF cree que se puede desbloquear por Real Decreto. "Hemos mantenido contactos con abogados del Estado y nos señalan que pese a que hubiera congelación presupuestaria, se podría arbitrar una oferta pública de empleo", ha explicado el presidente del sindicato.

Esto significa que podría existir la posibilidad de lanzar una oferta pública de empleo por Real Decreto si no se desbloquea la negociación para aprobar los Presupuestos. El sindicato también pretende que se apruebe una subida salarial para los empleados públicos que tendría que articularse a través de los Presupuestos, pero que también podría canalizarse con Real Decreto. "Queremos recuperar la estructura salarial que teníamos antes de los recortes de 2010", ha exigido Borra.