Un día después de que el Congreso de los Diputados infligiera una severa derrota al Gobierno de Mariano Rajoy al tumbar su Real Decreto de reforma del sector de la estiba, Bruselas sube el tono contra España. La Comisión Europea ha insistido este viernes en que la legislación española sobre trabajadores portuarios incumple la normativa de la UE y debe reformarse de forma urgente. De lo contrario, ha resaltado, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) podría imponer una fuerte multa.

"Pese al rechazo del Real Decreto, es esencial que España reforme sus reglas sobre trabajadores portuarios, que no se ajustan a la legislación de la UE", ha dicho la portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen, al ser preguntada por EL ESPAÑOL. El actual régimen laboral perjudica también a la competitividad de los puertos españoles, ha agregado.

"Invitamos a España a que cumpla la sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia y sus obligaciones como miembro de la UE", ha subrayado la portavoz. La Comisión está dispuesta a prestar "asistencia técnica" y "asesoramiento" a las autoridades españolas, pero cree que ahora corresponde al Gobierno de Rajoy "encontrar la forma de avanzar". Eso sí, respetando el contenido del Real Decreto, que había sido pactado con Bruselas. 

La portavoz ha eludido hablar de nuevos plazos para que se apruebe la reforma, pero ha recordado que "hay un expediente abierto y una propuesta de multas ascendentes".

Bruselas endurece su postura

Tampoco está claro si España podrá salvarse de la multa si aprueba la reforma antes de la sentencia final del TJUE. "Es imposible decir nada porque es un caso abierto", ha dicho Itkonen. Si hace unas semanas, la Comisión sugería en privado que el Gobierno todavía podía evitar la sanción si notificaba rápidamente a Bruselas el nuevo régimen laboral de los estibadores, ahora parece endurecer su posición y descarta retirar su recurso.

En todo caso, la decisión final sobre la multa no la adopta el Ejecutivo comunitario sino el Tribunal de Justicia, que no se pronunciará al menos hasta el verano. La Comisión introdujo su petición de sanciones en julio de 2016 y el TJUE tarda de media 14,7 meses en dictar sentencia.

En este recurso, Bruselas pedía una multa contra España de 27.522 euros por cada día de incumplimiento transcurrido desde la sentencia del 11 de diciembre de 2014, que fue la que declaró ilegal el régimen laboral de los estibadores españoles. De momento, la cantidad acumulada tras dos años y tres meses es de alrededor de 22,8 millones de euros y sube cada día que pasa. La Comisión reclama además que la sanción se aumente a 134.107,2 diarios a partir del momento en que se dicte el fallo final.

La impaciencia de Bruselas se explica por el prolongado incumplimiento de España. El Ejecutivo comunitario envió el primer aviso de infracción hace más de 5 años, el 25 de noviembre de 2011.

El 11 de diciembre de 2014, el TJUE dictaminó que el régimen laboral de los puertos españoles vulnera el principio de libertad de establecimiento, ya que impide a las empresas estibadoras acudir al mercado abierto para contratar a su personal. Las compañías tienen que recurrir de forma forzosa a los trabajadores contratados y ofrecidos por una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios, en cuyo capital están obligadas a participar. Esta restricción, equivalente a un monopolio por parte de los estibadores, vulnera el derecho comunitario.