Esta es la semana que llevan esperando los sindicatos de la función pública desde el año 2010. Por primera vez en siete años el Gobierno está dispuesto a firmar una Oferta Pública de Empleo que supere el número de bajas y que vuelva a aumentar el número de funcionarios. Las dos partes esperan alcanzar un acuerdo definitivo esta semana, a ser posible en la reunión que celebrarán el miércoles en las oficinas del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Durante estos años, la reducción de la tasa de sustitución provocó que no se cubrieran todas las bajas, lo que hizo que paulatinamente se fuera destruyendo empleo indefinido (funcionarios), que fueron sustituyéndose por empleos temporales o incluso amortizando estos empleos. En esta ocasión el Gobierno está dispuesto a aceptar un acuerdo para toda la Legislatura que permita rebajar la tasa de temporalidad desde el 25% actual hasta el 8%.

El acuerdo tiene que quedar cerrado esta semana, salvo imprevistos de última hora. De esta forma, el Gobierno podría convocar la mesa general de negociación para la siguiente semana, donde se firmaría lo pactado, justo antes de que el Consejo de Ministros apruebe el borrador de los Presupuestos Generales del Estado. La intención de Hacienda es hacerlo el viernes 31 de marzo, para iniciar el trámite parlamentario en el mes de abril, por lo que el acuerdo con los sindicatos tiene que cerrarse antes.

Las reuniones han ido en la buena dirección y las dos partes tenemos el mismo interés por cerrar un acuerdo

El Gobierno trabaja a contrarreloj para llegar a este objetivo y no quiere demorar más el acuerdo con los sindicatos antes de que se produzca un fracaso como el de los estibadores. Para el Ejecutivo, conseguir el respaldo de los sindicatos es fundamental para conseguir los apoyos en el Congreso que garanticen la aprobación de los Presupuestos.

Por su parte, los tres principales sindicatos de la función pública, CSIF, CCOO y UGT, también quieren cerrar un acuerdo antes del sábado y así asegurar que las buenas intenciones del Gobierno se hagan realidad. Los avances realizados en las últimas semanas generan optimismo a ambos lados de la mesa de negociación. Los sindicatos reconocen que “las reuniones han ido en la buena dirección y las dos partes tenemos el mismo interés por cerrar un acuerdo”.

Una gran OPE

El objetivo del Ministerio de Hacienda no es aumentar el número de empleados públicos, sino reducir el nivel de temporalidad, que en algunos sectores ha alcanzado cotas históricas. Por ejemplo, en la Sanidad ocupan más del 30% del empleo y en Educación, más del 25%. De este modo, el Gobierno conseguirá minimizar el incremento del gasto en personal (capítulo 1 de los distintos presupuestos).

Cuando estas plazas salgan a oferta, los interinos que están actualmente contratados perderán la plaza que ocupan. Para evitar este daño colateral, el Gobierno y los sindicatos acordarán “una gran oferta de empleo” de modo que “puedan presentarse a las plazas y que el menor número de gente se quede fuera”.

Todavía no tenemos las cifras concretas de cuántos empleos se sacarán, pero el miércoles Hacienda traerá su propuesta y discutiremos los números

“Todavía no tenemos las cifras concretas de cuántos empleos se sacarán, pero el miércoles Hacienda traerá su propuesta y discutiremos los números”, explica Raúl Olmos, secretario de Organización de la FSC-CCOO. Lo que está cerrado es que la oferta no se limitará sólo a Sanidad, Educación y Justicia, como propuso el Ministerio en un primer momento, sino que se ampliará al resto de servicios públicos.

Los sindicatos pretenden que la OPE supere holgadamente los 200.000 empleos y alguna central pedirá que se aproxime a los 300.000 trabajos durante toda la Legislatura. Para Comisiones Obreras, la oferta pública tiene que ser más ambiciosa para integrar al mayor número posible de colectivos. “Necesitamos que se puedan introducir en la oferta de empleo algunas situaciones con independencia de la tasa de temporalidad”, explica Olmos. Para CSIF, “es imprescindible eliminar la referencia a la tasa de reposición y que la contratación dependa de las necesidades de recursos humanos”.

Empresas públicas

Otro de los temas que todavía está pendiente de discusión es el del empleo en las empresas públicas. Los sindicatos pretenden abrir esta vía de negociación en la reunión del miércoles, ya que todavía no se ha tratado. Estas compañías de titularidad pública también se han visto afectadas por la tasa de reposición, lo que ha eliminado muchos puestos de trabajo.

Los sindicatos denuncian que muchas de ellas apenas tienen personal suficiente para ofrecer los servicios que tienen asignados. Olmos señala un caso que es especialmente preocupante por la responsabilidad que asume la empresa. Se trata de Enresa, la compañía pública encargada de la gestión de residuos nucleares y del desmantelamiento de las centrales. “No puede haber un problema de empleo porque falten ingenieros en una empresa con una labor tan delicada, y menos que sea por una ley que impide la contratación de trabajadores”, denuncia el representante de CCOO.

Hay otros casos que no son tan peligrosos, pero que tienen impacto en el día a día del ciudadano. Un ejemplo es el de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que si sigue perdiendo maquinistas se vería obligada a bajar las frecuencias. “Este tipo de empleos requiere una formación, por lo que se tiene que prever con antelación”, señala Olmos, “si no se toman medidas ahora, no se podrán adoptar a última hora”.