El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha firmado hoy con los representantes de las tres principales organizaciones sindicales de la función pública (CSIF, UGT y CCOO) la convocatoria de 250.000 empleos indefinidos durante los próximos tres años. Se convertirán en fijos el 90% de los trabajos temporales con el objetivo es reducir la tasa de temporalidad del 25% al 8%. De estas plazas, 129.700 serán para el ámbito de la Sandidad, 98.807 para Educación y 8.564 para Justicia.

Esto no significa que se vaya a incrementar el número de trabajadores públicos, sino que se convierten empleos temporales (eventuales o interinos) en indefinidos. La convocatoria extraordinaria quedará ratificada el viernes con la presentación del Proyecto de Presupuestos que aprobará el Consejo de Ministros. Este mismo viernes también se aprobará un real decreto para convocar, de forma inmediata, esta oferta de empleo en tres sectores clave: Educación, Guardia Civil y el personal de expedición de pasaportes y DNI.

Es la mayor Oferta Pública de Empleo de la Democracia

El ministro y los sindicatos han aplaudido este acuerdo como "el primer paso para recuperar la función pública". "Es la mayor Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Democracia", ha valorado Miguel Borra, presidente de CSIF. Para Comisiones Obreras, este acuerdo "cierra una etapa muy negra" para las Administraciones Públicas y "ha sido posible gracias a la voluntad del Gobierno para escuchar a los trabajadores".

Estas plazas serán convocadas principalmente en las comunidades autónomas y las entidades locales, que son quienes tienen más personal temporal. "Lo más importante no es alcanzar el acuerdo, sino materializarlo", ha señalado Montoro tras la firma del acuerdo con los sindicatos.

Las plazas saldrán en una oferta pública abierta a cualquier persona, pero el objetivo es dotar de puntos extra a los trabajadores temporales para que no pierdan su puesto de trabajo como consecuencia de este acuerdo alcanzado. Cada Administración determinará cómo completa la oferta de empleo y cómo puntúan la antigüedad de los empleados. Una vez que se firmen los Presupuestos, que el Ministerio pretende aprobar antes de junio, las distintas Administraciones podrán empezar a convocar sus plazas de este año.

Pérdida de poder adquisitivo

Todo no han sido palabras amables entre las dos partes, ya que existen diferencias importantes en cuanto a la subida salarial de los trabajadores públicos para este año. El Ministerio no va a mover su propuesta de incrementar los salarios un 1%, lo que para los sindicatos es insuficiente, dado que la inflación en el conjunto del año estará por encima del 2%. Esto significa que los empleados públicos perderán poder adquisitivo este año.

Sin embargo, Montoro ha tratado de calmar a los sindicatos prometiendo mejoras a partir del próximo ejercicio "cuando tengamos encauzada la reducción del déficit público". El objetivo del ministro es que la subida salarial sea superior a partir de 2018, y ha recordado que los Presupuestos empezarán a negociarse muy pronto. El ciclo presupuestario arranca a finales de junio con la aprobación del techo de gasto.

El objetivo es dignificar la función pública, que tiene que ser una prioridad

"No es más que la primera etapa", ha señalado Montoro, "el objetivo es dignificar la función pública, que tiene que ser una prioridad". Los sindicatos volverán a reunirse esta tarde con el Ministerio en la Mesa General de las Administraciones Públicas. Ahí Hacienda les trasladará que la subida salarial no se mueve del 1% y, además, conocerán qué sectores se beneficiarán de una tasa de reposición del 100%.

Los sectores que están confirmados que tendrán una plena reposición de las bajas son Sanidad, Educación no universitaria, Administración de Justicia, Servicios sociales en atención directa al ciudadano y Policía local.