El debate de las pensiones ha vuelto a tomar protagonismo con dos eventos organizados en la misma semana en la que los datos del paro han actualizado la afiliación a la Seguridad Social. España tiene ya 19.323.451 cotizantes. Se trata de la mejor cifra de un mes de septiembre, pero es a todas luces insuficiente para atender a las jubilaciones de la generación del baby boom (1958-1977) que comenzarán en la década que está a punto de llegar.

Según estimaciones conservadoras de BBVA Research, el número de pensionistas que dependerán de la Seguridad Social aumentará hasta los 15 millones en el año 2050, frente a los 9,7 millones de prestaciones que soporta en este momento el sistema.

Para atender a sus necesidades, será necesario alcanzar la cifra de 28,5 millones de cotizantes, lo que supone incorporar al mercado laboral a más de 9,1 millones de personas. O lo que es lo mismo, por cada dos trabajadores que hay en este momento en España, es necesario que empiece a trabajar uno más.

"El número de pensiones aumentará un 50%. Año tras año, suma nuevos récords en tasa de crecimiento, lo que quiere decir que las cotizaciones sociales que tradicionalmente se habían asociado al sistema de pensiones nunca más van a ser capaces de financiar ese gasto", advirtió este miércoles el consejero de BBVA, José Manuel González-Páramo, en la Jornada Institucional de Previsión 2019 para abordar la situación de las pensiones celebrada en BBVA.

Los datos de natalidad no acompañan. Según estimaciones facilitadas a este periódico por el director de la Fundación Reto Demográfico, Alejandro Macarrón, en los próximos 30 años nacerán nueve millones de niños en España.

Pero para que empiecen a cotizar dos tercios de ellos, habrá que esperar tres décadas. Se trata de una estimación algo más pesimista que la del INE que se apoya en la inmigración para cifrar la natalidad en ese periodo en 12 millones.

Con los nacimientos estancados, la otra alternativa es confiar la solución a la inmigración. Pero, como recuerda el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech, "esto supondría a que se incorporen al mercado de trabajo entre seis a ocho millones de inmigrantes en los próximos 30 años, lo que significaría que uno de cada tres trabajadores en España podría ser extranjero". "¿Está la sociedad española preparada para integrar y gestionar de manera exitosa ese cambio?", se pregunta el experto en una conversación con EL ESPAÑOL.

Sin una generación tan numerosa como la del baby boom para sostener el sistema de pensiones de los nacidos en los años 60 y 70 del siglo pasado, la Seguridad Social se enfrenta también al reto de pagar jubilaciones durante más años. 

Según los datos aportados al debate por González-Páramo, la esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta aproximadamente 16 meses por cada 10 años. Algo que contrasta con el hecho de que la edad media de jubilación lo hace al ritmo de seis meses por cada década. Hay un desajuste de 10 meses cada 10 años.

En ese sentido, el presidente de Airef, José Luis Escrivá, propuso el pasado martes en otro debate profundizar en la reforma de las pensiones de 2013 y elevar la "edad real" de jubilación de los 62 años actuales hasta los 67 que establece la Ley para tratar de corregir una parte del desequilibrio del sistema.

Pese a la complejidad del desafío, en un foro organizado por Servimedia, Escrivá afirmó que la situación es "manejable" si se toman decisiones "con tiempo".

Electoralismo con la pensión

El problema es que el mapa de inestabilidad política que hay en España complica la adopción de esas reformas. Con los pensionistas están en juego cerca de 10 millones de votos y la falta de pedagogía sobre este asunto complica la adopción de medidas para garantizar uno de los pilares del contrato social: el sistema de pensiones.

Así se ha podido comprobar a lo largo de los últimos años en los que se han dado pasos atrás en la reforma de las pensiones del año 2013, una reforma que según los expertos iba en la buena dirección para tratar de equilibrar un sistema que cerró 2018 con un déficit de 18.937 millones de euros.

Precisamente este miércoles, el director general de Economía del Banco de España, Óscar Arce, participó en el evento organizado por BBVA y advirtió del peligro de seguir el camino marcado por la subida de las pensiones con el IPC aprobada por el Congreso.

De acuerdo con las estimaciones del Banco de España, en ausencia de medidas adicionales, vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en unos 2 puntos porcentuales del PIB en el año 2030 y en más de tres puntos del PIB en 2050.

Hay que tener en cuenta que las subidas pactadas por los parlamentarios son acumulativas, dada la mala prensa de rebajar las cuantías de las pensiones, con lo que cada incremento viene para quedarse.

La situación es difícil de sostener si no se actúa. Como explicó González-Páramo, "en 2018, las pensiones nos costaron 160.000 millones de euros, pero su financiación vía ingresos no llegó a 110.000". Esto hizo que el Estado tuviera que aportar otros 40.000 millones de euros.

Con estos foros, la acuciante asignatura pendiente de las pensiones entra en debate en periodo preelectoral. Entre las soluciones apuntadas por los expertos para no romper el contrato social que representa el sistema público de pensiones, figuran el aumento de la natalidad, combinado con el aumento de la inmigración; el establecimiento de un reparto distinto en la asunción de costes entre pensionistas y cotizantes y la mejora de la gestión pública.

Además, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de financiar el sistema de pensiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado e incluso el fomento de la Educación Financiera, para que los españoles tomen conciencia de hasta dónde llega el sistema y ahorren para su jubilación.