De no haber sido por el descontrol de la deuda pública, España no se hubiera visto en 2012 entre la espada y la pared para pedir un rescate financiero. Sin embargo, desde que se superó la crisis financiera, la estrategia de los sucesivos gobiernos se ha centrado en permitir que el Tesoro Público aproveche los bajos tipos de interés de los bonos que emite el Estado para ampliar los plazos de la deuda pública en lugar de destinar ese ahorro a recortar el volumen total de deuda a través de los Presupuestos.

Desde 2013, España ha ido ampliando en una media de casi tres meses al año la vida media de su deuda pública. Si en el año en el que comenzó la recuperación económica, ese plazo se situaba en 6,20 años, los últimos datos disponibles de octubre de 2019 lo retrasan a 7,60 años. Esto es, 16 meses más en seis años, lo que significa que por cada ejercicio que ha vivido de bonanza económica, España ha aplazado el pago de su deuda en 2,7 meses.

Esta estrategia tiene una doble cara. La positiva es que desde el punto de vista financiero, permite refinanciar y pagar de forma más cómoda una cartera de deuda que casi equivale a toda la producción del país (un 98,9% del PIB en el tercer trimestre). La negativa es que hipoteca cada vez más a las generaciones futuras, puesto que arropándose en lo que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha llamado "anestesia" del Banco Central Europeo (BCE), se ha perdido el coste de oportunidad de afrontar medidas en este entorno para poner coto al déficit.

Según explica el presidente del IEE y exsecretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, desde el punto de vista de la estrategia financiera del organismo que lideró en los años de crisis es impecable, al "relajar" los pagos de la deuda. Sin embargo, el director general de ese organismo, Gregorio Izquierdo, advierte que se está hipotecando el futuro de los jóvenes al acomodarse en una situación en la que la deuda se paga de forma cómoda sin poner en marcha las medidas necesarias para poner fin al aumento imparable del volumen de deuda de España.

En esta línea, el analista financiero, Juan Ignacio Crespo, advierte que el ahorro de intereses debería ir directo al control del déficit para "equilibrar las cuentas y llegar cuanto antes a un escenario en el que no sea preciso emitir deuda neta" (esto es, deuda nueva).

Todo el gasto público en el que incurra España a partir del lunes, 9 de diciembre, se financiará con la emisión de deuda nueva hasta el cierre del año. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son incapaces de equilibrar las cuentas y la deuda nueva que tiene que emitir el Tesoro ronda los 30.000 millones de euros.

En este contexto, "con los tipos a mínimos, ampliar los plazos de la deuda tiene más aspectos positivos que negativos. Pero es una mala noticia que no hayamos sido capaces de aprovechar ese entorno para reducir deuda y preparar al Tesoro para cuando llegue el momento en el que suban los tipos dentro de unos años", señala el economista e investigador principal de Civismo, Javier Santacruz.

Las compras de deuda comandadas por el BCE han permitido a los Gobiernos no hacer esos deberes en materia de déficit. Como recuerda Santacruz, "el Banco Central Europeo se ha convertido en el mayor fondo de renta fija del mundo".

La institución con sede en Fráncfort es un gran tenedor de bonos españoles y a su vez, es el organismo que con su política monetaria ha propiciado el escenario para que el Estado español pueda diseñar esa estrategia de ampliar la vida media de su deuda.

Una estrategia que empieza a ser vista con recelo por el mercado. De hecho, las grandes gestoras privadas de deuda han comenzado a replegar su apuesta por el mercado de bonos soberanos.

En una nota difundida la pasada semana, el coloso de la inversión BlackRock advertía que ha llegado el momento de "replantear el papel de la deuda pública" en su cartera de inversión. Según la firma estadounidense, "la reactivación de la relajación monetaria y los rendimientos sumamente reducidos de los bonos este año ponen en tela de juicio el papel de la deuda pública como elemento estabilizador de las carteras" de inversión de sus clientes. 

En la misma línea, otra firma europea, Julius Baer, ha decidido en los últimos días infraponderar su recomendación para la compra de bonos del Estado por considerar que el "ambiente de bajos tipos artificiales" indica que "el vaso está más que lleno".

Más inversores extranjeros

Desde que España superó la crisis económica, el Tesoro Público no solo ha aprovechado para elevar la vida media de su deuda. También ha diversificado su base de inversores aprovechando los bajos tipos de interés y la vuelta de la confianza en el bono español, que se refleja en la prima de riesgo, que ronda los 77 puntos básicos.

En el peor momento de la crisis, en 2012, el porcentaje de deuda pública en manos de inversores extranjeros bajó hasta el 34,85%. Un porcentaje que hoy se ha elevado hasta el 47,03%. A cambio, la banca española ha logrado reducir su peso en la deuda nacional desde el 32,25% en 2012 al 15,57% en 2019, según los últimos datos del Tesoro Público. 

Sin embargo, desde el IEE, Fernández de Mesa advierte que en cuanto la política monetaria se normalice, esos inversores "volverán a examinar a España" y la acumulación de déficit volverá a ser un problema.

Ese entorno propicio que ha creado el BCE para la financiación de las políticas del Estado de bienestar, no ha sido aprovechado por los sucesivos gobiernos para emplear el ahorro derivado del recorte del peso de la factura de intereses en reducir el déficit y poner coto al aumento sostenido del volumen de deuda. Ese ahorro se ha ido destinando a aumentar el gasto social tras años de duros recortes.

España llegó a la crisis financiera internacional que estalló en 2007 con un porcentaje de deuda sobre PIB del 37,5%. Ese porcentaje de la deuda llegó a superar el 100% del PIB en 2014. Desde entonces, en términos relativos, la deuda ha ido bajando -hasta el 98,9% del PIB a cierre del pasado año-. Sin embargo, esto se debe a que la recuperación ha permitido que el PIB retome el vuelo. En términos de volumen, la deuda sigue imparable y lo seguirá hasta que los Presupuestos logren corregir el déficit.

En ese contexto, Juan Ignacio Crespo considera un sarcasmo preocuparse por el volumen de deuda que heredarán las generaciones futuras, dado que su nivel de bienestar de hoy también se está financiando con deuda. Pero coincide con el resto de economistas en la necesidad de poner coto a esta espiral de sumar año tras año deuda nueva desde 2007. 

Una necesidad que la comunidad económica considera imperiosa, pero que no está en la agenda política del momento, pese a que la economía global está resfriada y nadie se atreve a descartar al 100% que la geopolítica provoque un susto financiero en el medio plazo.