El Gobierno abordará mañana viernes, previsiblemente, la subida de las pensiones de 2020 en el último Consejo de Ministros que se celebrará este año, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

Todo apunta a que las pensiones, en línea con el Plan Presupuestario enviado a Bruselas y con el compromiso del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, subirán un 0,9% el próximo año.

Para ello, el Gobierno tiene como opción más probable la suspensión del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que fija una subida de las pensiones del 0,25%, y la posterior subida del 0,9% una vez haya Ejecutivo.

Otra alternativa

Otra de las alterativas que se bajaran es la aplicación del actual índice de revalorización de las pensiones (0,25%) para que, una vez que se constituya el Ejecutivo, se adopte la subida restante hasta llegar al 0,9% previsto en el Plan Presupuestario.

No obstante, también cabría la posibilidad, aunque menos probable, de que el Ejecutivo apruebe este viernes la subida del 0,9% enviada a Bruselas para 2020.

En todo caso, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, hizo hincapié durante las últimas semanas en que existía "una garantía absoluta" de que las pensiones subieran un 0,9% el próximo año, con efectos de 1 de enero de 2020.

Además, en el Pacto de Toledo, el hecho de ligar las pensiones al IPC real fue el único tema en el que hubo preacuerdo claro en la mesa.

El factor de sostenibilidad

En 2019, el índice de revalorización de las pensiones se suspendió tras aprobar la subida del 1,6% de todas las pensiones en línea con la subida de los precios. Esta fórmula, vigente desde 2014 y recogida en la Ley de Pensiones de 2013, indexaba la revalorización anual de las pensiones a una fórmula que contemplaba la salud de las cuentas de la Seguridad Social.

En materia de pensiones, también quedará por ver qué pasa con el factor de sostenibilidad, fórmula encaminada a vincular la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2019 y que se pospuso hasta 2023.