José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha puesto sobre la mesa su estrategia para remodelar el sistema público de pensiones, en la que también juegan un importante papel las patas complementarias del modelo: los planes privados de pensiones. Para ello, el expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha puesto el foco en las empresas.
Y es que Escrivá quiere revolucionar la Previsión Social de Empresas, que sigue siendo una asignatura pendiente en España. A pesar de que los planes de pensiones que podrían ofrecer las compañías a sus trabajadores tienen una rentabilidad mucho mayor (4%) y unos gastos de gestión muy inferiores (0,3%), solo un 10% de los empleados activos está cubierto por uno.
A esta tortilla es a la que el ministro quiere darle la vuelta, y para ello busca incentivar que las empresas ofrezcan planes de pensiones a sus trabajadores, de forma preferente, dentro del marco de la negociación colectiva. ¿Cómo? Para empezar, aumentando las ventajas fiscales de las que pueden disfrutar haciéndolo, que se les quitarían los planes individuales.
Todo en manos de la AIReF
Este planteamiento surge de la escasa rentabilidad de los planes de pensiones individuales (2,7%) y de los altos gastos de gestión (1,7%). De hecho, Escrivá considera "regresivo" el beneficio fiscal de estos instrumentos del ahorro, pues no se trata de una prioridad para las personas que recurren a él.
No lo es por el elevado nivel de patrimonio de quienes lo contratan, por lo que cree que la decisión de invertir en estos planes "no tiene mucho que ver con tener una pensión complementaria".
Aunque el ministro aún no ha revelado en qué medida ‘robará’ incentivos fiscales a los planes individuales para pasarlos a los de empresa, sí ha indicado, en su intervención de este jueves, que dependerá del análisis de las deducciones y exenciones de las Administraciones Públicas que está haciendo la AIReF.
En total, el análisis de la Autoridad abarca beneficios fiscales por valor de más de 31.000 millones de euros que dejan de entrar a las arcas públicas. En gran medida, los planes del Gobierno y los incentivos que pueda dar a las empresas para que ofrezcan planes de pensiones a sus trabajadores dependerá de sus conclusiones.
El foco está en País Vasco
Durante su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, Escrivá además esbozó el modelo para complementar las pensiones públicas al que aspira. Se trataría de un sistema vinculado a los convenios colectivos sectoriales, en el que el trabajador aportaría un 1% y la empresa otro 1% al plan de pensiones, con sus correspondientes ventajas fiscales para ambos.
Para ello, puso como ejemplo el País Vasco. Concretamente, a las entidades de previsión social voluntaria (EPSV) que se desarrollan en la región foral, "un caso de éxito" que alcanza al 50% de la población ocupada vasca, frente a un 10% de incidencia de los planes de empresa en España. Además, concentran un patrimonio cercano al 20% del PIB en esa comunidad (frente a un total del 3% de planes homologables en todo el país).
Pero, ¿qué son concretamente las EPSV? Se trata de entidades sin ánimo de lucro que están bajo el control y la supervisión del Gobierno vasco y cuya finalidad principal es pagar pensiones complementarias a las que abona la Seguridad Social.
Incentivos
Lo interesante son los importantes incentivos fiscales con los que cuentan sus prestaciones así como los rescates del dinero aportado a estas EPSV, que explican que la mitad de la población activa vasca participen en ellas así como sus empresas
Todas las prestaciones pagadas por las EPSV, así como las cantidades abonadas por rescate tienen la consideración de rendimientos íntegros del trabajo personal, incluso a efectos de retención.
Si las prestaciones se reciben en forma de capital, contarían con una reducción del 40% con un máximo de hasta 300.000 euros. Si es en forma de renta, se integran en la base imponible general en el cien por cien de su importe.
Por el lado de las empresas, que son el ‘socio protector’ en EPSV, las aportaciones son un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, condicionado a la imputación de las cantidades aportadas a los socios de número, integrándose en la base imponible de su impuesto personal.
De esta manera, son reducibles las contribuciones empresariales con el límite máximo de 8.000 euros anuales por trabajador.