Desde que el pasado 9 de marzo, con el anuncio del cierre de colegios en la Comunidad de Madrid, comenzó a planear sobre el Gobierno el peor de los escenarios sobre cómo podría evolucionar la crisis del Covid-19, el Consejo de Ministros se ha reunido en cuatro ocasiones y ha aprobado dos planes de choque económico para paliar los efectos de la voraz pandemia que ha traído el estado de alarma a España.

Sin embargo, pese a que en la última de esas citas se anunció una movilización de recursos de hasta 200.000 millones de euros, el Gobierno tiene todavía algunos frentes abiertos por cubrir y en el Consejo de Ministros que se celebrará este martes se pondrán sobre la mesa algunas de las medidas que distintos colectivos han ido reclamando en los últimos días.

La prioridad sigue siendo dotar de los máximos recursos posibles a la Sanidad. Sin embargo, la emergencia económica es también clave para que el coronavirus no agriete la sociedad española. En ese sentido, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, avanzó este lunes que el Gobierno estudia implementar una serie de nuevas medidas para proteger a los colectivos más vulnerables.

Entre otros, citó a los empleados del hogar, un grupo que ha quedado totalmente desprotegido y ha denunciado su situación. Pese a que se trata de un sector con un alto volumen de economía sumergida, lo que complica cualquier plan de auxilio, lo cierto es que dar una solución a estos trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, es acuciante.

También hay otras medidas urgentes, que se aprobarán este martes, como la de mejorar la protección de las personas que siguen trabajando para que el país funcione lo suficiente como para dotar a los hospitales y personal médico de las herramientas e infraestructuras necesarias para atender a los enfermos, así como el sector de la alimentación.

Otra de las medidas que se debatirá y podría ver la luz ya la próxima semana es la moratoria en el pago de arrendamientos, tal y como explicó este lunes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. La gran duda por el momento es si será acotada a los alquileres de los locales o se extenderá a otros supuestos. El Gobierno ya aprobó hace una semana una moratoria para el pago de hipotecas a personas en dificultades por el Covid-19.

En el caso de los alquileres, los grandes operadores del sector -Blackstone, Lazora, Témpre y Vivenio- ya han adoptado por su cuenta medidas para flexibilizar el pago de arrendamientos. El problema surge con las propiedades en manos de particulares.

Renta básica

Con la vista más en el largo plazo, también saldrá a relucir en el Consejo de Ministros de este martes la aprobación de una renta básica, aunque con la idea de sacar esa munición más adelante.

Ya antes de que el Covid-19 provocara un parón en nuestras vidas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció que el Gobierno evaluaba la implantación de un ingreso mínimo vital en España.

Ahora que la situación es de emergencia para toda la sociedad y, en especial, para los colectivos más vulnerables, esa medida ha sido sugerida incluso por el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

El exministro de Economía del PP pidió este lunes establecer una "renta mínima de emergencia" durante esta crisis sanitaria. Una medida con un alto coste económico para las arcas públicas, pero que si sirve para sostener a las familias ayudaría también a reducir el impacto económico del coronavirus. En cualquier caso, se trataría de una medida que debería contar con el visto bueno de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño.

Avales públicos

Además de todo esto, la medida que ya ha sido anunciada para ser aprobada este martes es la articulación de la letra pequeña de los avales públicos para el plan con el que el Gobierno movilizará hasta 100.000 millones de euros de dinero público para garantizar que la banca nutra a las empresas de toda la liquidez que sea necesaria.

En este caso, el Ejecutivo ha acordado con el sector financiero unas condiciones que se oficializarán, tras evaluar distintos modelos de otros países europeos que han tomado medidas similares.

Colectivos que piden más

Según transcurren los días de esta crisis, van surgiendo nuevos frentes y demandas de los distintos actores económicos afectados. 

Este lunes, los agentes sociales, que estuvieron reunidos con Nadia Calviño por videoconferencia, reclamaron al Gobierno que se agilicen los pagos de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

En la tarde de este arranque de semana, el Ejecutivo anunció que contratará a 1.000 personas para los servicios del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Hay otras medidas que se reclaman en los medios de comunicación, pero que el Gobierno tendrá que ir valorando en función de las urgencias. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se ha pedido al Gobierno suspender todas las cotizaciones sociales de los autónomos. Pero es una reclamación que, en principio, no será escuchada, dado que el Ejecutivo ya ha puesto una batería de medidas para ayudar a este colectivo y quienes ingresen cero o hayan perdido más de un 75% de sus ingresos contarán con la exención más las prestación.

También la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha pedido una prórroga para los concursos de acreedores en marcha y medidas de alivio, como retrasos en los pagos de deudas tributarias.