Si en el Gobierno de Pedro Sánchez hay división, está claro qué bando se ha ido ganando la voluntad del presidente del Ejecutivo en la guerra al coronavirus. De una serie de políticas pactadas con los agentes sociales y orientadas por Nadia Calviño, en un fin de semana se ha pasado a una estrategia que parece seguir las indicaciones de Unidas Podemos y de la que las empresas españolas pueden salir gravemente perjudicadas. 

Tres días de la improvisación en los que los planteamientos económicos y laborales de los de Pablo Iglesias se han impuesto a los planes que, en principio, habían defendido tanto el líder de los socialistas como su vicepresidenta económica.

Planes que, en un principio, gozaban con el aprobado de todos los agentes sociales. Cuando hace dos semanas el Gobierno dio el visto bueno a su plan para flexibilizar los expedientes temporales de regularización de empleo (ERTE) -incluyendo que las Administraciones Públicas se hicieran cargo de las prestaciones de desempleo y de las cotizaciones a percibir por los trabajadores y a abonar de las empresas afectados- la sintonía del Ejecutivo con sindicatos y patronales parecía ser total.  

Sin embargo, la evolución de los datos del empleo llevó al Ejecutivo a cambiar sus planes el viernes pasado y a 'romper' con las organizaciones empresariales. A falta de conocer las cifras oficiales del paro que se publicarán esta misma semana, marzo terminará con un alud de despidos individuales histórico. Concretamente, según ha podido saber Invertia por diversas fuentes, España cuenta ya, como mínimo, con un millón más de parados. Y todo ello a pesar de unos ERTE que han pedido cientos de miles de empresas.

Esto llevó a Sánchez a cambiar el paso. Después de la extrema prudencia que había mostrado el Gobierno en el campo económico, el pasado 27 de marzo se aprobó el real decreto-ley por el que, mientras dure el estado de alarma, se limita la capacidad de despedir de las empresas, impidiendo el despido procedente por causas económicas, de producción, de organización o de fuerza mayor relacionadas con el Covid-19, así como la extinción de contratos temporales. 

Esta fue una petición que habían hecho los sindicatos y que había defendido el ala ‘morada’ del Gobierno de Sánchez y a la que la patronal no dio el visto bueno. Es decir, que no hubo acuerdo, a diferencia de lo ocurrido con los ERTE. Y es que, fuentes de las patronales consideran que estas medidas solo tienen un objetivo: aprovechar esta crisis para "acabar con el modelo de libre empresa". 

En cualquier caso, las críticas no han sido solo de las patronales. Los abogados laboralistas alertan del encaje legal del RDL que, por un lado, arrebata flexibilidad a las empresas a la hora de manejar sus plantillas, pero que tampoco sirve para proteger a los trabajadores como debiera.

El escudo ‘social’ del Gobierno (que además venía corregir errores de otras normas aprobadas en semanas pasadas) contiene numerosos boquetes. De hecho, según las fuentes consultadas, incrementa el coste del despido, que todavía se podrá hacer por la vía de la improcedencia y con su correspondiente indemnización.

Nueva regulación para los ERTE

Además, el RDL que ha limitado los despidos ha traído consigo ciertas trampas, como limitar el periodo de los ERTE exclusivamente al estado de alarma, algo que resta eficacia a la medida.

La economía no se va a recuperar de manera instantánea una vez hayan desaparecido las restricciones provocadas por el estado de alarma, sino que lo hará poco a poco. Esto también ocurre para la demanda que atienden las empresas, que no volverá a recuperar el nivel que tenía hasta que pase un plazo indeterminado tras las crisis.

Este condicionamiento para los ERTE se suma, además, a que las empresas que se acojan a ellos no pueden hacer ningún recorte de sus plantillas en los seis meses siguientes bajo la amenaza de sanciones. Es decir, que el menú de opciones que tienen los empresarios para sobrevivir la crisis económica cada vez es más restringido.

Más improvisación

La sensación de improvisación se acrecentó a lo largo del sábado y del domingo. En estos dos días y antes la expansión del coronavirus, Sánchez anunció su intención de cerrar de manera definitiva todos los sectores productivos no esenciales en España durante dos semanas, una decisión a la que se había opuesto por activa y por pasiva Calviño (puesto que dificultará una eventual recuperación económica), pero que siempre había reclamado el vicepresidente Iglesias para frenar la expansión del coronavirus.

De nuevo, se trató de una decisión y de un real decreto-ley que no se pactó con las patronales, igual que tampoco se negoció con ellas el permiso retribuido que las empresas tendrán que abonar a los trabajadores durante estas dos semanas de cierre.

Se trata de una medida cuyo coste el Gobierno no valora porque se trata de horas y jornadas laborales que los trabajadores tendrán que devolver antes de que termine el año (o las empresa se lo ‘cobrarán’ en vacaciones).

Sin embargo, pone más difícil que las empresas cuenten con suficiente liquidez para afrontar una eventual recuperación cuando la pandemia sanitaria pase, puesto que son salarios y cotizaciones que tienen que seguir pagando, pero sin haber tenido una contraprestación en forma de producción.

El gesto en el que quedó evidenciada la poca antelación de los cierres sectoriales fue el ‘sanedrín’ que provocó que el RDL y su texto no se conocieran hasta la medianoche entre el domingo y el lunes, dando pie a una moratoria para que no se aplicara hasta el martes.

El retraso vino motivado también porque hubo llamadas telefónicas de más de un sector económico intentando esquivar la paralización o comunicando que le resultaba imposible frenar en seco su actividad y de discusiones políticas en el seno del Gobierno de coalición y enfrentamientos entre algunos Ministerios sobre qué sectores debían incluirse y cuáles no, como contó Invertia.

Alquiler

El ataúd de la ortodoxia económica del Gobierno se rubrica este martes. El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas en el campo del alquiler a las que, también, se había opuesto Calviño, quien poco a poco se ha rendido a que salgan adelante, con una pequeña victoria: que la moratoria o la exención de pagos de los inquilinos no está entre ellas.

La iniciativa forma parte de la estrategia que desde el principio argumentaron los de Iglesias para formar un ‘escudo social’ ante la crisis económica que se sobreviene y que se ha ganado el foco de las atenciones de Pedro Sánchez que, en cambio, ha decidido ignorar las necesidades planteadas por las empresas.

Un escenario que, si se vaticina hace dos semanas, cuando patronales y Gobierno estaban en sintonía y Calviño era el oráculo económico del presidente, nadie se creería.