Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, ha sido muy crítico con las medidas económicas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas horas para hacer frente a la expansión del coronavirus y que, en última instancia, 'desprotegen' al empresario obligando a todas las empresas de actividad no esencial a cerrar desde este lunes 30 de marzo hasta el 8 de abril. 

En declaraciones a Radio Nacional de España, Garamendi ha señalado que el Ejecutivo ha mostrado que no se fía de los empresarios y ha pronosticado quiebras de las empresas. "Nos criminalizan. Si no nos dejan despedir sólo nos quedará cerrar", ha dicho. 

En un primer lugar Sánchez aprobó la prohibición de los despidos -una medida que ya recabó quejas por no dejar a los empresarios libertad- y hace escasamente unas horas ha lanzado su nueva medida: la aprobación del permiso retribuido con el cierre de actividades no esenciales durante 8 días, con el que el Ejecutivo paraliza al máximo la actividad y que ha molestado y levantado duras 'críticas' dentro del tejido empresarial.

Medida sorpresa

Garamendi ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya consultado esta última medida tan decisiva para las cuentas empresariales ni con los empresarios ni con los sindicatos y que la anunciase casi por sorpresa. "No lo sabía la patronal, ni los sindicatos... Nos lo comunicaron este sábado después de las 14 horas, poco antes de anunciarla públicamente y creo que es muy importante que el Gobierno mantenga la conexión" con los afectados, ha reprochado. 

"Creo que ha habido tiempo para perfilar esa medida con los empresarios y sindicatos y más si te reúnes todos los domingos con las comunidades autónomas de donde puedes extraer mucha información", ha apuntado.

La pregunta que este lunes sobrevuela en el sector empresarial es la misma: "¿Por qué se toman decisiones tan duras para los empresarios casi como por sorpresa y sin consultar?", lamentan. Y es que nada parecía presagiar esta paralización prácticamente absoluta de la actividad laboral. La propia vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño se mostraba a favor la pasada semana de que empresas privadas de la construcción continuaran con su actividad porque lo que había que hacer, manifestó, era "tratar de minimizar la destrucción de empleo" ya que si no, dijo entonces, "va a ser más difícil reactivar la economía cuando pase la crisis".