La Comisión Europea ha dado luz verde al último plan notificado a Bruselas por el Gobierno de Pedro Sánchez para apoyar a las empresas y los autónomos afectados por el brote del coronavirus, cuya dotación total no ha sido especificada. 

Se trata de un régimen que permite a las autoridades españolas (a nivel nacional, regional o local) aportar liquidez mediante subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales y facilidades de pago, garantías para préstamos y tipos de interés bonificados para préstamos.

"El régimen español apoyará a los autónomos, a las pymes y a las grandes empresas afectadas por el brote de coronavirus a través de una amplia gama de medidas de apoyo público", ha resaltado la vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Margrethe Vestager. "De esta forma se ayudará a las empresas españolas a cubrir sus necesidades inmediatas de capital circulante e inversión en estos tiempos difíciles", sostiene Vestager.

Bruselas ha concluido que el plan español se ajusta a las nuevas reglas que la UE ha aprobado para facilitar las subvenciones públicas durante la pandemia. En primer lugar, con respecto a las subvenciones directas, los anticipos reemborsables, las ventajas fiscales y las facilidades de pago, la ayuda máxima no superará los 800.000 euros por empresa. El Ejecutivo comunitario había previsto inicialmente un límite máximo de 500.000 euros, pero lo ha subido ante la gravedad de la crisis.

En cuanto a las garantías estatales y los tipos de interés subvencionados, el importe máximo de préstamo por empresa y su duración están limitados y las bonificaciones a los tipos de interés y a las comisiones que cobra el Estado por las garantías tampoco superan los umbrales autorizados por la Comisión.

"La Comisión ha concluido que la medida es necesaria, adecuada y proporcionada para poner remedio a una grave perturbación de la economía", según señala en un comunicado.

Se trata del tercer plan de ayudas de España por el coronavirus que recibe el visto bueno de Bruselas. Vestager ya autorizó el pasado 24 de marzo dos sistemas de avales públicos a los créditos concedidos por un lado a empresas y por otro a autónomos. Los dos sistemas están dotados con un presupuesto total de 20.000 millones de euros.

En este caso, el riesgo asumido por el Estado está limitado hasta un máximo del 80% para los autónomos y pymes y del 70% para las grandes empresas.