En enero, el Gobierno de coalición se las prometía felices. Fue entonces cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno gracias a un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos que incluía numerosas metas económicas y sociales que impactaban tanto sobre los ingresos como sobre los gastos. Sin embargo, 100 días más tarde, todo este escenario se ha vaporizado por el Covid-19.

La pandemia está resultando desastrosa para la economía española, que está sufriendo en términos generales una caída sin precedentes en la historia de la democracia. Una crisis de tales proporciones que ha roto (casi) todos los planes económicos del Gobierno, empezando por los pronósticos de futuro.

Si bien durante los últimos años la economía española crecía a un ritmo superior a la media europea, 2020 será un año 'socavón' en la progresión del PIB. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la reducción puede ser del 8%, sumando en un solo año todo lo perdido en la Gran Recesión.

Esto obliga a reescribir todo el mapa de previsiones económicas que tenía el Gobierno, algo ya confirmado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para empezar, el actual cuadro macro queda, obviamente, en la cuneta. Estos pronósticos de crecimiento y de reducción de empleo ya no son válidos en un momento en el que la economía está en hibernación y la destrucción de puestos de trabajo alcanza cotas históricas.

Igualmente quedan descartados los objetivos de déficit público planteados para este 2020 y los próximos años. Son imposibles de cumplir teniendo en cuenta que la crisis va a obligar a impulsar el gasto público con cargo a la deuda hasta límites posiblemente desconocidos (aunque será con permiso de la Comisión Europea). De hecho, el Consejo General de Economistas ya pronostica que el déficit se irá hasta el 15% del PIB.

Lógicamente, los techos de gasto previstos para 2020 y 2021 han quedado también completamente desactualizados. Esto ha obligado a Hacienda a tirar a la basura el armazón del proyecto de Presupuestos que ya tenía preparado para centrarse en unas Cuentas de 2021 que se abordarán cuando haya alguna certeza económica de futuro.

‘Green New Deal’

Las nuevas emergencias que tiene que afrontar España obligan al Gobierno a tener que aplazar las acciones previstas frente al cambio climático. Sería necesaria una liquidez que ahora hay que dedicar a la protección social.

De esta manera, las ingentes inversiones económicas tanto del sector público como del privado necesarias para activar el Green New Deal que iba a conducir al país por las vías de la transición energética y la descarbonización, así como las estrategias para poner en marcha medidas en esta dirección, tienen que quedar aparcadas.

Ahora las prioridades son otras. Algo parecido pasa en el campo fiscal. Hasta hace unas semanas, el Gobierno preparaba una importante revolución fiscal que incluía la reforma del impuesto de Sociedades (para que las grandes empresas aumentaran su contribución a las arcas del Estado) y un aumento del IRPF. Medidas descartadas a todas luces para 2020 dado que se tienen que tramitar con unos presupuestos a los que Hacienda ya ha renuncido. Quedan para 2021.

En una situación diferente están los nuevos impuestos pronosticados por el Ejecutivo. En la casilla de salida estaban las tasas Tobin y Google, cuyos anteproyectos de ley el Consejo de Ministros ya había aprobado. Pero no parece probable que superen el correspondiente camino legislativo en el Congreso de los Diputados en este año. Si acaso, serán medidas a aplicar en 2021.

Algo parecido ocurre con dos de las nuevas figuras que se estaban diseñando en los últimos meses. Se trata de un impuesto a los plásticos de un solo uso y de otro para el uso del transporte aéreo. Sin embargo, el segundo lo tiene especialmente difícil para salir adelante, puesto que afectaría uno de los sectores más perjudicados por la crisis del coronavirus, el de la aviación.

Adiós a gastos sociales

Las medidas previstas en el campo social también quedan en el alero. Más allá de que el Gobierno se está viendo obligado a inyectar grandes dosis de liquidez para asistir al sistema sanitario para cubrir el coronavirus, los planes para la dependencia y la inyección de fondos prevista por la coalición del PSOE y Unidas Podemos quedan previsiblemente aparcadas.

Por otro lado, parece difícil que ante el drama laboral que se avecina (el FMI espera que la tasa de parados en la población activa llegue al 21%) se pueda mantener la previsión de subir progresivamente el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio español para final de legislatura, una cantidad que se llegó a cifrar en 1.200 euros. Además, la derogación de la reforma laboral está aparcada hasta nuevo aviso.

También se tendrá que abandonar la idea de cambiar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) que tenía el Ejecutivo. Se trata de un marcador que establece qué rentas acceden a numerosos subsidios y ayudas públicas tanto del Estado y de las comunidades autónomas y que se quería subir para aumentar el acceso a las prestaciones. Sin embargo, esta medida solo se podría aprobar mediante Presupuestos.

En cambio, sí que saldrá adelante el ingreso mínimo vital. La medida que el Gobierno tenía en la recámara, de hecho, se ha acelerado. Planteada para combatir la pobreza severa, se quiere aprobar en mayo (antes de la crisis el plazo era tenerla activa en 2021) para cubrir a la población que a día de hoy no cuenta con renta ninguna en plena tormenta del coronavirus.

La reforma del sistema de pensiones y las fórmulas para corregir el déficit de la Seguridad Social también han de quedar aparcadas hasta nuevo aviso. Si ya era difícil el acuerdo parlamentario necesario en la Comisión del Pacto de Toledo para sacar adelante soluciones al déficit que está implicando el pago de estas prestaciones, las tensiones políticas que están evidenciando los partidos a causa de la crisis del Covid-19 lo bloquean más todavía.

¿Queda futuro para todas estas medidas? Todo dependerá de la profundidad de la crisis que está sacudiendo España, pero parece difícil, al menos en su totalidad. El margen de acción que permita el coronavirus determinará si Sánchez puede retomar un plan inicial que, solo 100 después de su investidura, ya parece irrealizable.