Si hay algo claro de las pocas cosas que se saben con certeza sobre la crisis económica que ha motivado el coronavirus es que el tiempo que dure el parón económico es fundamental para estimar la caída del PIB. Tanto es así que todos los organismos que se han aventurado a estimar el impacto de esta crisis lo han hecho manejando distintos escenarios en los que solo se introducía un cambio para calcular la pérdida de riqueza: la duración de la pandemia.

Por este motivo, conocer el plan de desescalada del Gobierno era fundamental para que los economistas pudieran hacer sus estimaciones macroeconómicas y las empresas pudieran adaptar sus planes de negocio. 24 horas después de conocer ese plan y con el calendario oficial ya digerido, el pesimismo se apoderó este miércoles del mundo de la empresa y de los economistas.

El pasado 20 de abril el Banco de España estimó una profunda caída del PIB español en base a tres escenarios. El mejor contemplaba una duración del confinamiento de ocho semanas seguidas de una "normalización casi completa" de la actividad. El peor, de 12 semanas. Pues bien, el plan de desescalada que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes coloca a las empresas ante el peor escenario. 

El confinamiento tal y como lo entendemos hoy durará ocho semanas. Sin embargo, la denominada 'fase 1' para la desescalada contemplará medidas tan restrictivas que para muchas empresas será complicado abrir sus puertas. 

Por ejemplo, podrán reabrir los hoteles con restricciones, pero con los movimientos entre provincias prohibidos, será muy difícil que alguien reserve una habitación. Algo similar ocurrirá con la hostelería, que podrá abrir solo en caso de contar con una terraza y utilizando el 30% del aforo de ésta.

Habrá que esperar al 25 de mayo para que llegue la fase 2 en el mejor de los casos, puesto que si hay un rebrote antes, no se pasaría a la nueva fase. Para entonces la economía llevará 10 semanas en este estado de 'semidespertar de la hibernación'. En este estadio, los aforos seguirán tan restringidos que para muchos hosteleros, abrir supondrá perder más dinero que seguir con el cierre.

Y así hasta que llegue la 'fase 3' el 8 de junio, cuando se cumplirán las 12 semanas que para el Banco de España implicaban una caída del PIB del 13,6% -si bien, al existir cierta apertura económica previa, es posible que se pueda mitigar-. El problema es que para entonces, seguirán las restricciones. Siguiendo con el ejemplo de la hostelería, el aforo de la restauración se limitará al 50%. 

Pasada esa fase, que concluirá el 21 de junio, tras 14 semanas de anormalidad, el presidente del Gobierno explicó que se producirá una "vuelta a la normalidad" en la que seguirán existiendo restricciones. Sin una vacuna, no será posible que España retome su actividad hostelera, turística y comercial tal y como la conocíamos. 

Empresas muy vulnerables

Según datos de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, el 70% de las pymes españolas se concentra en la hostelería, el turismo y el comercio. Si se tiene en cuenta que el tejido productivo español está compuesto en más del 99% por micropymes, otras pequeñas empresas y unas pocas empresas medianas, la situación de la economía española es crítica.

En este contexto, el analista financiero, Juan Ignacio Crespo, advertía este miércoles de que el Gobierno "debería aceptar la ayuda del MEDE", el Fondo Europeo de Estabilidad, conocido popularmente como fondo de rescate.

En todo caso, añadía, "si el Gobierno no quiere recurrir a ese mecanismo y seguir negociando otro mecanismo de ayuda con la UE, podría recurrir al BCE por una cantidad extraordinaria. ‪Sería pedir una 'financiación puente' que podría hacerse con un intermediario interpuesto para salvar problemas de normativa".

El motivo de esa petición de Crespo era la confirmación de que la vuelta a la actividad va a ser lenta, lo que va a retrasar que la gente vuelva a tener ingresos y sea necesario aprobar ayudas extraordinarias.

ERTEs y ayudas urgentes

Esa misma advertencia se lanzó desde distintos sectores de la economía española. Pese a que la patronal CEOE no se ha pronunciado sobre este plan de desescalada, fuentes próximas a los empresarios advirtieron ya el martes por la tarde de que es urgente flexibilizar los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y aprobar nuevas ayudas y líneas de avales del ICO, según publicó este diario.

Las formas empleadas por el Gobierno para el desconfinamiento han causado malestar en la patronal de Cataluña Foment del Treball. En una nota difundida este miércoles, los empresarios que representa Josep Sánchez Llibre lamentaban no haber sido consultados previamente por el Ejecutivo para organizar la desescalada.

Pedían coordinación y un acuerdo con los sectores económicos más afectados por el plan de desconfinamiento. Añadían que para sostener a esas empresas durante este tiempo serán necesarias "nuevas medidas extraordinarias de carácter fiscal, laboral y económico que acompañen la gradualidad del fin del confinamiento".

Esos sectores son sobre todo comercio, hostelería, restauración, hoteles y cultura. Juntos representan cerca del 40% del PIB español.

Sin pacto político

Mientras en el Congreso de los Diputados se alejaba la posibilidad de un acuerdo para la reconstrucción, las patronales sectoriales y los economistas reclamaban un plan pactado y certeza para poder preparar una hoja de ruta con la que se garantice la viabilidad de las empresas y permita mantener la esperanza de que la recuperación de la economía española pueda tener forma de 'V', algo cada vez más difícil.

Como advertía el Banco de España en el tercero de los escenarios incorporado a su informe, "una cierta proporción empresarial no logra evitar que las dificultades de liquidez se transformen en un problema de solvencia". 

Evitar esa situación ha sido una de las prioridades de todos los Gobiernos, incluido el español, con la aprobación de líneas de crédito ICO. Pero la facturación perdida en el sector servicios difícilmente será recuperable. Los problemas de solvencia podrían convertirse así en el colofón de una recesión que disparará la tasa de paro al 21%, de acuerdo con la institución que dirige Pablo Hernández de Cos.

En este contexto, en una entrevista que publica hoy este periódico, el economista y profesor del IESE, Javier Díaz-Giménez, se muestra muy crítico con la hoja de ruta del Gobierno. Considera que no ofrece la planificación necesaria para que las empresas puedan establecer sus planes de retorno a la actividad.

En estas circunstancias, "cuando un empresario me llama para preguntarme cuándo creo que podrá reanudar la actividad, les digo que en estas circunstancias, los más prudente es pensar que van a empezar en septiembre", advierte Díaz-Giménez. Para muchas compañías ese horizonte temporal puede ser letal.