Las empresas de transporte interprovincial van a vivir durante las semanas que dure la desescalada una paradoja: tienen que garantizar una capacidad de desplazamiento para unos usuarios que no pueden realizar este tipo de viajes excepto en casos de fuerza mayor. Esta situación va a provocar que cada viaje que realicen los autobuses y los trenes que unen diferentes provincias les hagan perder dinero.

Ambos servicios de transporte tienen que cumplir con unos desplazamientos mínimos. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, les obliga a operar con unas medidas que garanticen que se limite al máximo el riesgo de contagios entre los usuarios y trabajadores. Un mix con el que, en las condiciones fijadas en el plan de desescalada, es imposible que salgan las cuentas.

El anexo II del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado martes, cuenta con un apartado dedicado a la movilidad terrestre de media y larga distancia que recoge las limitaciones que los distintos servicios de transporte deberán cumplir durante el periodo de entre seis y ocho semanas que teóricamente durarían las cuatro fases de reactivación de la actividad.

Durante la fase 0 el plan del Gobierno señala que se mantendrán las condiciones

actuales. Esto quiere decir que la limitación del número de servicios estará al 30% respecto al periodo normal. Además, en la distribución de la ocupación los operadores "deberán prestar especial atención a la habilitación de espacios para personas con discapacidad".

En la fase siguiente, el anexo señala que se mantendrán las condiciones actuales con una limitación del número de la oferta de servicios al 30% y una ocupación máxima del 50 % de los vehículos. En esta fase los catering en los trenes estarán prohibidos.

Para la fase 2 no hay referencia, por lo que se entiende que las condiciones seguirían siendo las de la fase 1. Por último, en la fase 3, el documento indica que se realizaría un "posible incremento de la ocupación de los autobuses y trenes", sin señalar cifra alguna.

"Con el 33% no soy rentable"

Ante este contexto, el presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), Rafael Barbadillo, explica a Invertia que "mientras se mantengan las restricciones en cuanto al uso de los vehículos va a ser muy difícil atender satisfactoriamente la hora punta en el transporte público".

No hay que olvidar que el transporte público ha seguido ofreciendo su servicio durante el estado de alarma con un nivel de oferta muy amplio para garantizar que no hubiera aglomeraciones por aquellas personas que tenían que ir a trabajar.

"Si se prevé que su uso se incremente en las próximas fechas y solo permiten el 33% de la ocupación de los autobuses (en torno a 20 pasajeros) va a haber que meter refuerzos en determinadas líneas", advierte el presidente de Confebus. En ese sentido, afirma, "la Administración tendrá que pagar ese 66% de las plazas libres porque me obliga a ello. Con el 33% no soy rentable", denuncia.

Además de la pérdida de ingresos por las plazas reservadas sin ocupación, desde la asociación señalan que hay que sumar "los costes de la desinfección de los vehículos, la devolución de billetes, evitar el uso de dinero en efectivo, instalar una pequeña mampara de protección para el conductor, el leasing de los vehículos que sigue corriendo... Eso también hay que pagarlo".

En lo que tiene que ver con la evolución a fases siguientes de la desescalada desde Confebus señalan que "hay una propuesta de recomendación por parte del Ministerio de Transportes para poder llevar los vehículos al 50% de su ocupación, pero lo tiene que aprobar el Ministerio de Sanidad", reconoce Rafael Barbadillo. Incluso si aumentara a este porcentaje, "depende de las concesiones y de las tarifas que tengas, pero en algunas estarás en pérdidas y en otras a la par para cubrir gastos", señala el presidente de Confebus.

El sector pronostica que la demanda de este año no llegará al 50% con los colegios cerrados, el turismo bajo mínimos y la movilidad muy reducida. "Entendemos que 2020 está perdido, en 2021 vamos a ver pero no creo que recuperemos la demanda previa al Covid-19 y en 2022 ojalá lleguemos al 80-90%", apunta el presidente de Confebus. De momento, el 100% de las 3.100 empresas de autobuses han presentado ERTE y su viabilidad está en el aire.

Petición de ayuda

Ante esta situación, tanto Confebus como la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) han solicitado el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social y pagos de IRPF para todas las empresas de hasta seis meses sin intereses, debiendo hacerse frente a dichos pagos en un plazo máximo de 24 meses. También reclaman la transferencia urgente a los ayuntamientos por un importe similar al que el Ministerio de Hacienda realiza todos los años como subvención para el mantenimiento del transporte urbano.

Las organizaciones consideran que la cantidad deseable sería la de una anualidad, pero entienden las restricciones económicas y solicitan al menos una parte. Esta transferencia debería constar como finalista para los operadores.

También piden el establecimiento directo de una línea de financiación que dote de liquidez a todas las empresas, mediante préstamos sin interés, para afrontar las necesidades del servicio público.

En el caso de contratos de servicio público que se gestionan a riesgo y ventura, fundamentalmente en el ámbito interurbano, desde las asociaciones solicitan la modificación temporal del régimen económico para que el coste de prestación de los servicios sea asumido y compensado por las autoridades competentes, como medida extraordinaria hasta que se restablezca la movilidad.

Desde Atuc y Confebus reiteran que estas medidas contribuirían a mantener el servicio de transporte público mínimo y los miles de puestos de trabajo que dependen de este sector.

Renfe: el agujero de transportar sólo un 1,25%

En el sector ferroviario la situación es algo distinta. Hasta que el próximo mes de diciembre comience la liberalización ferroviaria, la única compañía que opera los servicios urbanos interprovinciales es Renfe. Al tratarse de una compañía pública las necesidades de liquidez no son comparables a lo que está viviendo el sector del transporte por autobús. Pese a ello, las restricciones impuestas también van a generar un importante impacto en las cuentas de la empresa.

Actualmente, la operadora ferroviaria está poniendo a la venta el 10% de los trenes que circularían en situación de normalidad. Además de este descenso en la oferta de servicio, las ocupaciones están rondando el 10%. Esto ha supuesto que durante las últimas semanas se hayan desplazado 1.000 personas al día utilizando trenes AVE o de larga distancia en lugar de las 80.000 habituales. Una cifra que representa el 1,25%.

Durante los últimos ejercicios, Renfe había conseguido equilibrar sus cuentas y llegar a la rentabilidad. Según el avance de las cuentas presentado a su consejo de administración, hasta noviembre la operadora consiguió unos beneficios de 85 millones de euros. Al margen de los 1.000 millones anuales que el Estado le abona por los servicios de Cercanías y Media Distancia (regionales), 2.112,5 millones provienen del negocio transporte de viajeros.

Unas cantidades que van a menguar sustancialmente durante 2020 debido a las restricciones de movilidad que van a sufrir los ciudadanos, al menos, entre el 15 de marzo y finales de junio. La compañía había conseguido llegar a unos ingresos medios de 50,9 euros en alta velocidad. En todos sus servicios de AVE y Larga Distancia la compañía consiguió en los años anteriores un nivel de ocupación que oscilaba entre el 78% y el 90%. Unos volúmenes con los que la compañía conseguía ganar dinero. Algo que ya está descartado para el ejercicio 2020.

Así las cosas, las compañías de transporte de servicios interprovinciales encaran las próximas semanas con un gran nivel de incertidumbre. Se espera que, antes de que se aprueben los planes de desescalada, desde el Gobierno se les traslade una propuesta que pueda hacer viable operar en estas condiciones y que sus cuentas cuadren. De lo contrario, los riesgos para el sector parecen tener poca solución ya que operar tendrá un efecto peor para sus cuentas que estar totalmente parados.