La maquinaria contra el coronavirus del Gobierno ya tiene cifras contantes y sonantes gracias a la actualización del programa de estabilidad que el Gobierno ha enviado en la madrugada de este viernes a la Comisión Europa.
En términos generales, el Ejecutivo calcula que su batería de medidas supondrá un coste para final de año de 34.522 millones de euros, de los que más de la mitad se irán para pagar los beneficios de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) del Ejecutivo.
Y es que el Gobierno estima que el impacto económico de estos nuevos ERTE (que permiten que los trabajadores afectados cobren prestación de desempleo a cargo de la Seguridad Social, sin perder derechos adquiridos, y que las empresas queden exoneradas del pago de las cotizaciones) será de unos 20.056 millones.
La amplia mayoría de esta cantidad (unos 17.900 millones) se plantea para el pago de las prestaciones a trabajadores afectados por los ERTE, a la que se suma el coste para la Seguridad Social que supone no cobrar cotizaciones de empresas afectadas por estos expedientes (unos 2.216 millones).
Cabe recordar que, a día de hoy, ya hay unas 520.000 empresas acogidas a los citados ERTE excepcionales, que ya está previsto que se mantengan durante toda la fase de desescalada hasta la ‘nueva normalidad’. Además se plantea que algunos sectores y empresas puedan continuar en ellos en este nuevo periodo, pero todavía no se ha cerrado cuáles serán.
Autónomos
De esta manera, la mayor parte de la carga financiera de las medidas para paliar el impacto del coronavirus se han ido al campo laboral. En este campo (cuyas iniciativas están valoradas están valoradas en 27.014 millones) es en donde coloca el Gobierno la prestación especial para autónomos afectados por el Covid-19, cuyo coste estima en unos 3.766 millones de euros.
En segundo lugar, está la financiación de las medidas sanitarias para combatir el coronavirus. En términos generales, se estima que se alcancen los 5.334 millones. Entre ellos, la mayor partida (2.867 millones) corresponde al adelanto de las entregas a cuenta que aprobó el Gobierno para que las comunidades autónomos atendieran las emergencia sanitaria.
El tercer mayor trozo de la tarta se va para las medidas sociales, que todavía no incluyen el ingreso mínimo vital que el Gobierno aprobará a lo largo de mayo. Hasta entonces, el valor de las iniciativas públicas alcanza los 1.123 millones. Dentro de ellas están las medidas ya aprobadas en el campo del alquiler.
En cuarto lugar aparecen las medidas económicas para asegurar la viabilidad de las empresas o de ámbito sectorial, que incluyen los planes para agilizar la justicia en el ámbito mercantil y contencioso, así como social, una vez haya cesada el estado de alarma. En total, se estiman en 298 millones de euros.
Avales
Por otro lado, el Gobierno recuerda la puesta en marcha de varias líneas de crédito y avales para mantener y reiniciar la economía cuando sea necesario por valor de 104.400 millones de euros, de los que 40.000 millones ya se han activado.ç
De hecho, el coronavirus y este conjunto de medidas son las principales razones que conducen al Gobierno a calcular que el gasto público crecerá un 10% y vaya a llegar a suponer un 51,5% del PIB, con los correspondientes incrementos del déficit (que llegará al 10 de PIB) y deuda pública (que supondrá un 115% del PIB).