La economía española va a tardar en salir de la caída en la que se ha sumido tras la paralización total para combatir el coronavirus. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha reconocido en rueda de prensa cuando ha afirmado que "hasta 2023 no recuperaremos los niveles de crecimiento y empleo previos a la crisis".
Unas palabras que llegan después de que el Ejecutivo reconociera a la Unión Europea que prevé una caída del PIB histórica del 9% para este año, y que el desempleo alcance el 19% al finalizar el año 2020. Todo ello acompañado por un aumento de la deuda pública de hasta el 115%.
Ante este panorama España va a recurrir a algunos de los mecanismos que se pondrán en marcha en la Unión Europea para financiar la salida de la crisis provocada por el coronavirus, tal y como dejó entrever el viernes en la exposición del cuadro macroeconómico. En concreto, va a recurrir al fondo para ayudar a financiar los ERTE (el denominado SURE) que aprobó el Consejo Europeo en su última reunión.
Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en la que ha anunciado que va a pedir una nueva prórroga del estado de alarma a partir del próximo 11 de mayo. "Vamos a recurrir a los instrumentos que la Unión Europea pone a nuestra disposición", ha dicho.
El SURE es un instrumento de solidaridad dotado con 100.000 millones de euros, cuyo objetivo es evitar que los trabajadores puedan perder ingresos y que las empresas puedan mantenerse a flote. En definitiva, dará cobertura a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se pusieron en marcha con el inicio del estado de alarma.
Del mismo modo, y a través del ICO, se va a recurrir también al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ha movilizado el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas para financiar a pequeñas y medianas empresas (pymes).
Una tercera línea de avales
El presidente del Gobierno también ha anunciado que desbloqueará una tercera línea de avales públicos, de otros 20.000 millones de euros, con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estará reservada en su mayoría a pymes y a autónomos.
En esta tercera línea de garantías el Ejecutivo ha decidido de nuevo reservar prácticamente la totalidad de los avales a pymes y a autónomos, considerado el colectivo que más impacto está sufriendo a causa de la crisis económica generada por el coronavirus.
Una vez se habilite el tramo, se habrá consumido ya más del 60% de los 100.000 millones de euros del programa de ayuda de financiación a las empresas. Esta línea está gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos.
El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
El pasado 10 de abril el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se activaba el segundo tramo de 20.000 millones de euros dentro la Línea de Avales para empresas y autónomos que, por importe de 100.000 millones de euros, acordó el Gobierno el pasado 17 de marzo.
El nuevo tramo igualaba en importe al anterior. El 100% de los fondos se destinan a avalar operaciones de pymes y autónomos, por considerar que son los agentes de la actividad económica que más requieren de este apoyo en la actualidad.
El 14 de abril el Gobierno adelantó que las líneas de préstamos del Instituto Oficial de Crédito (ICO) con avales públicos ya habían inyectado 6.129 millones de euros entre las pymes, los autónomos y las grandes compañías.