El Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a la Comisión Europea la semana pasada es un documento en el que se deben reseñar las medidas se prevén para este año en España.

Y si bien el documento incluye un minucioso examen de las medidas tomadas en el marco de la crisis del coronavirus, así como de su impacto económico, no se define cuál va a ser la ruta fiscal que va a seguir el Ejecutivo a lo largo de lo que queda del año y en el 2021. Pero las declaraciones del Gobierno apuntan a que siguen sobre la mesa sus principales apuestas tributarias: incrementar la aportación de las grandes empresas y alzar los gravámenes de las clases altas. 

Así lo han dado a entender tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las últimas dos semanas. La reforma fiscal continúa siendo uno de los objetivos prioritarios del Gobierno en el horizonte próximo, Y es que la medidas de ingresos se antojan urgentes teniendo en cuenta el abismal gasto al que está obligando la emergencia sanitaria y social causada por el coronavirus: unos 34.522 millones de euros, según el documento enviado a Bruselas.

Los principales pilares de la reforma están dibujados en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Uno de ellos, posiblemente el más importante, es el de incrementar la presión tributaria sobre las grandes empresas con actividad en España.

Esto se quiere lograr principalmente a través del Impuesto sobre Sociedades, creando un tipo mínimo del 15%, no reducible a través de deducciones fiscales, un campo que también se va a retocar.

Además, el Ejecutivo se propone limitar las exenciones de las que disfrutan las empresas (del 100%) para evitar la doble imposición, y que se aplican en los dividendos y plusvalías generados en el exterior por las grandes empresas como consecuencia de su participación en sociedades filiales.

En esta hoja de ruta también se asoman los impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales. Más conocidos como las tasas Tobin y Google, el Ejecutivo plantea acelerar la aprobación de ambas figuras que ya están en el Congreso de los Diputados, pero no se espera que se puedan activar hasta, al menos, el último cuatrimestre de este año.

Clases altas

“El Gobierno retomará toda su reforma fiscal en el momento adecuado”, dijo la ministra de Hacienda Montero la semana pasada. En esa reforma también figuran  medidas que tendrán un importante impacto en el bolsillo de los españoles de clase media, como la subida del gasóleo y su equiparación fiscal con la gasolina.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez e Iglesias en donde ha puesto el foco es en las clases altas. A pesar de que se habría descartado la formulación de un impuesto exprés a las grandes fortunas, como reclama el área morada del Ejecutivo, Hacienda asegura que esta idea se mantiene en pie pero mediante otras figuras tributarias ya existentes.

Para ello, hasta ahora, se había esgrimido un incremento del IRPF para las rentas altas y del ahorro. Sin embargo, Montero quiere poner el mayor peso de esta apuesta en impuestos como los de Patrimonio y a las Sucesiones.

El Gobierno central ya ha planteado un mayor control de estas figuras tributarias, que son de dominio autonómico, o que las reducciones de las que son objeto por las regiones se limiten hasta determinados rangos para mejorar su recaudación.

Los pronósticos de ingresos que pudiera haber por estas medidas se han desvanecido. Los más de 5.600 millones de euros que esperaba obtener el Ejecutivo con ellas son irreales en el nuevo contexto económico económico. 

Pero ante el incremento del gasto público para paliar la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus y el ascenso que van a sufrir déficit y deuda público obligan al Ejecutivo a agarrarse a cualquier clavo ardiendo que permita lograr ingresos 'extra'.

La respuesta tendrá que esperar a unos eventuales Presupuestos de Reconstrucción que serán lo que habiliten unas u otras medidas fiscales.