La Unión Europea está dispuesta a financiar la reconstrucción tras el Covid-19, pero no a asumir íntegramente su coste. El colegio de comisarios cree que los países tienen que aportar su granito de arena, al igual que deberían hacerlo las grandes empresas. ¿Cómo? A través de una ‘Eurotasa’ “relativamente pequeña” para ‘devolver’ los beneficios obtenidos por el uso del mercado interior. 

Se trata de una propuesta con la que Bruselas confía recaudar cerca de 10.000 millones de euros. ¿De quién? Fundamentalmente de grandes compañías que operan a nivel europeo y que obtienen pingües beneficios. Aunque no dan nombres, todos podemos imaginar cuáles pueden ser algunas de esas empresas. 

Diez mil millones de euros. Una cifra muy similar a la que Pablo Iglesias quiere recaudar con su impuesto a los ricos en España. Una propuesta que Unidas Podemos ha llevado a la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados. El objetivo es ‘sacar’ a los ricos 11.000 millones de euros. El 1% del PIB de España o más del doble del gasto en Sanidad del Gobierno en 2019. 

Imposible llegar 

Una cifra que buena parte de los economistas consideran imposible de alcanzar. Más todavía si se compara con el objetivo de la Unión Europea. La propuesta de lograr 10.000 millones entre las grandes empresas equivale al 0,01% del PIB de la Unión Europea.

Ahora bien, en la cesta de impuestos de Ursula von der Leyen está también una tasa comunitaria a los gigantes tecnológicos, como Google, Facebook o Twitter. Bruselas ya planteó esta iniciativa hace dos años, pero acabó enterrada por el rechazo de países como Irlanda, que se sirven de rebajas de impuestos y prácticas fiscales agresivas para atraer a multinacionales. La UE acordó esperar a una decisión en la OCDE, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene poder de veto.

Ahora el Ejecutivo comunitario plantea resucitar esta tasa, pero su previsión de ingresos difiere notablemente de la del Gobierno de Pedro Sánchez, que había decidido seguir con la tasa digital en solitario. Bruselas cree que una tasa digital a plataformas con un volumen de negocios de 750 millones de euros podría generar hasta 1.300 millones para el presupuesto de la UE. La ministra de Hacienda, Maria Jesús Monterio, había calculado 850 millones sólo en España.

Otro nuevo impuesto de la UE que plantea Bruselas es una tasa al carbono en frontera. Se trataría de una especie de arancel que se aplicaría a los productos procedentes de países terceros que no respetan el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. El objetivo es garantizar que las empresas europeas puedan competir en igualdad de condiciones y evitar deslocalizaciones.

La Comisión prevé que genere fondos de entre 5.000 y 14.000 millones de euros. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lleva meses reclamando esta tasa al carbono en frontera, pero esta medida choca con la oposición de Estados Unidos y genera dudas sobre su compatibilidad con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

También en el área medioambiental, Von der Leyen quiere que los Estados miembros destinen a la UE parte de los ingresos que obtienen del sistema de comercio de emisiones de CO2. Por ejemplo, el dinero extra que resulte de extenderlo a los sectores de la aviación y la navegación. En total, 10.000 millones de euros, según los cálculos de Bruselas.

Finalmente, la Comisión quiere introducir una tasa de 80 céntimos por cada kilo de plástico no reciclado cuya recaudación iría también para la UE: unos 6.000 millones de euros al año. Esta cesta alcanzaría para financiar la deuda emitida para el fondo de reconstrucción, según los cálculos de Bruselas.

No a la deuda perpetua que proponía Sánchez

Si el plan del Ejecutivo comunitario sale adelante, Italia y España se convertirían con diferencia en los principales beneficiarios del fondo de reconstrucción. España podría acceder a hasta 140.500 millones (el 19% del total). De esta cantidad, 77.324 millones serían subvenciones, mientras que 63.122 millones consistirían en créditos, según la clave de reparto que maneja Bruselas.

Eso sí, la mayor parte de este dinero estará condicionado a que el Gobierno de Pedro Sánchez presente un plan de inversión y reformas que responda a las recomendaciones de la UE. Es decir, profundizar la reforma laboral para reducir la temporalidad y adoptar nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Las inversiones tienen que concentrarse en la transición digital y verde.

La forma de devolver estos 750.000 millones de deuda de la UE amenaza con convertirse en uno de los grandes motivos de disputa entre los Estados miembros en las negociaciones que ahora comienzan. España había propuesto que el fondo de reconstrucción se edificara con deuda perpetua. Es decir, que nunca tuviera que reembolsarse el capital principal, sólo remunerar los intereses (y con una dotación más potente de 1,5 billones).

Pero la Comisión Europea ha descartado esta alternativa porque resulta políticamente inaceptable para el 'club de los frugales' (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca) o incluso para Alemania.

En el acuerdo que alcanzaron la semana pasada la canciller Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron tampoco se explica cómo se pagará el dinero a los inversores. Su propuesta tenía una dotación inferior, de 500.000 millones de euros, para distribuir íntegramente en subvenciones a fondo perdido. Von der Leyen ha añadido otros 250.000 millones, pero en préstamos.

El dinero se devolverá entre 2028 y 2058

Para poder llevar a cabo esta emisión masiva, Bruselas reclama en primer lugar aumentar temporalmente su capacidad de endeudamiento hasta el 2% del PIB de la UE. Eso permitirá a la Comisión aprovechar su buena calificación crediticia para pedir prestados los 750.000 millones en los mercados financieros a tipos muy bajos. Aquí radica la primera dificultad importante, porque esta decisión debe ser aprobada por unanimidad y ratificada en los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros.

La deuda emitida ahora para la reconstrucción post-Covid se pagará, según el Ejecutivo comunitario, con los presupuestos futuros de la UE entre 2028 y 2058. En ausencia de reformas, eso significa que todos los Estados miembros deberían aumentar sus aportaciones nacionales futuras a las arcas comunitarias. Algo en principio inaceptable para los nórdicos, que son contribuyentes netos.

De ahí que la solución que plantea von der Leyen sea crear esta cesta de nuevos impuestos de la UE. Una posibilidad que hasta ahora ha sido rechazada por los Estados miembros, que no quieren ceder competencias a Bruselas en materia recaudatoria. ¿Lo cambiará todo la magnitud sin precedentes de la crisis del Covid?