En toda negociación presupuestaria se juegan dos partidos. Uno para cuadrar las cuentas y otro para ganar la negociación política de la que depende su apoyo parlamentario. Nunca antes un Gobierno había afrontado una elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con un escenario tan adverso en los dos campos de juego.

A Pedro Sánchez no le queda otra opción que salir a jugar por varios motivos. La pandemia ha dejado ya del todo rotas las cuentas que elaboró el Gobierno de Mariano Rajoy y Bruselas va a exigir un Presupuesto nuevo para entregar los fondos que España necesita para financiar la recuperación y su gasto público de 2021. 

Así que el Gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para enviar al Congreso unos Presupuestos creíbles. Si no los logra sacar adelante, Sánchez estaría abocado a convocar elecciones, pero para entonces, los daños económicos de la pandemia serán tan notables que el escenario no ayudaría a su asesor estrella, Iván Redondo, a aconsejar llevar a los españoles a las urnas. Sobre todo si se tiene en cuenta que en otoño España podría afrontar, además, un rebrote.

La gran tentación

La tentación de la oposición de dejar caer al Gobierno por la falta de apoyos a sus cuentas es grande. Máxime cuando en ese proyecto de Presupuestos podrían verse las primeras señales de los recortes que España tarde o temprano estará abocada a hacer. 

Fuentes del Gobierno insisten en que la ayuda que vendrá de la Unión Europea no estará sujeta a ninguna condicionalidad más allá de que los fondos son finalistas: los del SURE tendrán que ir para financiar medidas como los ERTE relacionadas con el empleo; los del MEDE solo podrán destinarse a gasto sanitario y de prevención del covid-19; y los del BEI serán avales para determinados proyectos. 

Pero la clave estará en los préstamos o subvenciones que el fondo de reconstrucción aportará a España si los líderes europeos logran aprobarlo en julio, como se espera. Los llamados países frugales ya han advertido que será a cambio de sacrificios.

Economistas consultados afirman que la consolidación fiscal tendrá que llevarse a cabo sí o sí. Pero creen que no sería adecuado ponerla en marcha ya en 2021.

Ese salvoconducto dejaría margen al PP para poder plantear una abstención -que sería histórica- con la garantía de que el Gobierno no le estaría tendiendo una trampa para culparle de los recortes.

Fue la falta de apoyo de ERC a las cuentas que elaboró María Jesús Montero para 2019 lo que precipitó las dos convocatorias electorales que dieron forma a un Gobierno de coalición de izquierdas que sigue trabajando con los Presupuestos que elaboró Cristóbal Montoro en 2018 con el PNV como gran aliado.

Pensiones, funcionarios, IMV y paro

Para sacar adelante aquellas cuentas, se pactó la revalorización de las pensiones con el IPC y quedó claro que ningún partido se atreverá a 'meter la tijera' a los pensionistas tras el castigo que sufrió José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 por esta decisión y la bajada de sueldos de los funcionarios.

Nada más arrancar la legislatura, el Ejecutivo logró sacar adelante la subida de las pensiones conforme al IPC (un 0,9%) y del salario de los funcionarios (un incremento fijo del 2% más uno variable hasta el 1% adicional).

A esto se sumará el coste del aumento salarial a policías y guardias civiles prometido por el ministro Fernando Grande-Marlaska en plena pandemia. Estas tres medidas tendrán un coste de unos 4.950 millones de euros que habrá que incorporar a los próximos Presupuestos.

A ello se suma el del Ingreso Mínimo Vital (IMV) -que los países del Norte no van a querer financiar- y se incorporará con una dotación de otros 3.000 millones de euros. Son medidas, todas ellas, que el PP comparte. El primer bloque de subidas ya se activó en tiempos de Mariano Rajoy y Pablo Casado votó a favor del IMV en el Congreso, pese a que quiere modificarlo con enmiendas.

Solo esas promesas suponen gastar unos 8.000 millones de euros más. Otra de las partidas que se disparará el próximo año será la de las prestaciones por desempleo o por ERTEs en caso de que siguieran estando vigentes, algo que de momento, no está sobre la mesa.

El coste de esta medida entre el 14 de marzo y el 30 de junio superará los 21.000 millones de euros. El Banco de España cree que el paro podría llegar al 23,6% el próximo año por la crisis económica. Entiende así que buena parte de los trabajadores sujetos ahora a un ERTE pasarán a perder su empleo de manera definitiva.

Recaudación hundida

Todo ello, en un escenario en el que la recaudación estará hundida por el desplome de los ingresos en todas sus partidas: IVA, IRPF, Sociedades... Según los cálculos que el Ministerio de Hacienda envió a Bruselas en el Plan de Estabilidad elaborado en abril, los ingresos públicos caerán este año en 25.700 millones de euros, mientras el gasto público subirá 10 puntos, hasta representar el 51,5% del PIB. 

En el Ministerio de Economía son conscientes de que tanto el cuadro macro vigente, como el que pueda retocarse en caso de ser necesario para los PGE de 2021, deberá cogerse con pinzas debido a las dificultades para estimar cuál será la evolución de la economía en los próximos meses. En este momento, la vicepresidenta Nadia Calviño estima que el PIB caerá este año un 9,2% y el déficit se disparará un 10,3%. En 2021, la economía española crecerá un 6,8%, insuficiente para recuperar lo perdido este año y sostener nuevas medidas de gasto público.

Techo de gasto

Los economistas consultados son conscientes de que cualquier previsión podrá quedar obsoleta pronto, pero en cualquier caso insisten en que es urgente elaborar unas estimaciones para establecer unas reglas del juego sobre las que poder trabajar.

Con todo esto sobre la mesa, el calendario para sacar adelante los PGE no preocupa en un Gobierno que "ya se ha acostumbrado a celebrar varios Consejos de Ministros a la semana", explican fuentes del Ejecutivo. Sí preocupa que la falta de dinero complique las negociaciones con partidos como el PNV, acostumbrados a apoyar las cuentas a cambio de inversiones y promesas económicas.

El apoyo de formaciones como ERC y la CUP se da casi por perdido, mientras se mira a Ciudadanos y se trata de calmar los ánimos en Unidas Podemos tratando de lanzar el mensaje de que lo esencial de su pacto de Gobierno será respetado.

Sin embargo, si se quiere el apoyo de C's y se quiere abrir un puente con el PP será indispensable respetar sus 'líneas rojas'. Esto supone aparcar medidas como el 'impuesto a los ricos' o la subida del impuesto sobre el Patrimonio, así como tener en cuenta la voz de los empresarios que han pedido contención en las subidas de impuestos durante la Cumbre de la CEOE.

En cualquier caso, lo primero será sacar adelante el techo de gasto para modificar el que ya se aprobó en febrero -antes del estado de alarma- en un intento por ganar tiempo en una legislatura inestable.

Ese será el punto de partida para tratar de aprobar unas cuentas de Emergencia muy necesarias que solo podrán salir adelante si todos los partidos renuncian a sus máximos y que después la Unión Europea tendrá que validar. El hecho de que quién vaya a coordinar las cuentas sea la vicepresidenta económica es un punto que ayuda.