La crisis del coronavirus obligó al Gobierno, al principio del confinamiento, a tomar medidas para impedir que la hibernación de la economía provocara su destrucción. Una de ellas ha sido la línea de avales del Estado a créditos a empresas y autónomos para que puedan mantener sus pagos y liquidez. El Ejecutivo puso sobre la mesa la importante cantidad de 100.000 millones de euros para respaldar esta medida a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con el tiempo, esta acción sin precedentes se ha convertido en una de las fórmulas para dotar de liquidez a las empresas de las que más ha presumido el Gobierno, al ser, según indican, de las más utilizadas de Europa. Pero sí asegura que la morosidad no se dispare al asumir el Estado un importante riesgo en caso de impagos (el aval concedido asciende hasta el 70% del crédito con carácter general, y hasta el 80% para pymes y autónomos). A pesar de que las empresas y los bancos han pedido una ampliación de esta línea de avales específica por el Covid-19, Moncloa ha decidido cerrar el grifo.

Así lo indican fuentes cercanas a la Presidencia de Gobierno, que precisan que no se ampliará la línea de avales más allá de los 100.000 milllones que ya abarca, tras haberse activado el quinto y último tramo que restaba.

¿Las causas? Hay varias, pero principalmente el esfuerzo financiero al que obliga esta fórmula así como otras medidas para el sostenimiento del empleo y de las empresas como los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) y excepcionales por el Covid-19.

A esto se suman otras razones, como el paulatino retorno a la actividad del país así como que se han habilitado nuevos créditos públicos a través de los planes sectoriales ya presentados por el Gobierno, como los de turismo y automoción. Es decir, que sí habrá más financiación pero no de forma generalizada, sino solo para sectores especialmente tocados por la crisis.

El último tramo

El pasado 16 de junio, el Gobierno activó el quinto y último tramo de avales del ICO dotado con los 15.500 millones de euros que faltaban para completar la línea de 100.000 millones puesta en marcha en marzo.



A pesar de todas esas garantías públicas ya disponibles, los datos del Ministerio de Economía reflejan la compleja burocracia a la que, especialmente pymes y autónomos, han tenido que hacer frente durante estos meses para acceder a ellas.

Hasta el 17 de junio, los bancos habían aprobado un total de 578.000 préstamos -un 98% copado por pymes y autónomos- con 53.917 millones de euros avalados. Como el Estado garantiza hasta el 80% de las operaciones, en total, han llegado 70.484 millones de euros tejido empresarial.

Comprometidos los cupos

Prácticamente todas las entidades tenían comprometidos los cupos de avales que les correspondían por cuota de mercado antes incluso de que se fuesen activando los distintos tramos del programa.

Por eso, los banqueros han advertido en repetidas ocasiones de que los 100.000 millones de euros no serían suficientes, solicitando una ampliación del programa que, según indican desde la industria financiera, ha sido el menos generoso con las empresas respecto a lo que han hecho otros países europeos.

La avalancha de peticiones ha desbordado por completo a la banca y el ‘tira y afloja’ entre entidades y el ICO por el retraso en las ayudas fue constante hasta hace pocas semanas, cuando las operaciones empezaron a fluir con mayor agilidad.



Ante la urgencia de liquidez, los bancos han combinado durante todo este tiempo los préstamos del ICO con sus propios créditos, aunque en este caso solo entre sus propios clientes y previo paso por un estricto control de riesgo para evitar futuros impagos.

Ahora, y ante la evidencia de que muchas empresas ‘salvadas’ acabarán quebrando, el sector ha cambiado su discurso para exigir que, si no hay más avales, se otorguen ayudas directas a las empresas, para evitar que, por salvar los problemas actuales de liquidez, estas empresas acaben ahogadas en un mar de deuda.