No siempre se trata de gastar más. Muchas veces se trata de gastar mejor. En el caso de España, la eficiencia del gasto público es una gran asignatura pendiente que no acaba de abordarse. Bien lo sabe el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que en el tiempo que estuvo al frente de la AIReF impulsó la elaboración de los Spending Review, una serie de informes para evaluar la eficiencia del gasto público, que todavía hoy están analizando áreas en las que hay margen para la mejora.
España está a la cola de la eficiencia del gasto público de las grandes economías de la OCDE y las partidas que se destinan al gasto social no se libran de este lastre, lo que hace que no todo el dinero que se emplea para combatir la pobreza sea útil para ese fin.
El Estado español ocupa el puesto número 18 de entre 21 países desarrollados analizados en el Índice de Eficacia del Sector Público (IESP), elaborado por la consultora Freemarket Corporate Intelligence. Mientras, mejora alguna posición -hasta el número 15- en el Índice de Eficiencia del Sector Público (IEFSP) que también ha preparado la citada consultora.
Solo Italia, Portugal y Grecia están peor que España en eficiencia. Estos datos revelan que gastando lo mismo, pero mejor, España podría mantener la misma eficacia en áreas como la Salud, el rendimiento educativo o los procesos administrativos.
Fuente: Freemarket Corporate Intelligence
Según explica el documento, España debería ser capaz de alcanzar el mismo nivel de
producción de bienes y servicios públicos utilizando solo el 74% del dinero
que está gastando actualmente. Es decir, el Estado español podría atender lo mismo que atiende ahora con un gasto público del 31% en lugar del 41,9% del PIB (dato de 2019).
"El sector público español es de los más ineficaces e ineficientes de la OCDE, ya que los 'output' del sistema (salvo en las variables de sanidad e infraestructuras) están por debajo de la media del resto de países analizados con un coste superior a la media", explica la consultora en un informe titulado El mito del Estado grande.
No siempre gasto es bienestar
Uno de los puntos que se detiene a evaluar es el del gasto social, ahora que la agenda del Gobierno quiere poner énfasis en este aspecto pese a las dificultades económicas que atraviesa España por los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus.
En ese apartado, Irlanda es el país que sale victorioso entre los analizados a la hora de evaluar el éxito de sus políticas redistributivas. Mientras, Alemania y España son los países que quedan a la cola de este apartado.
A pesar de que su gasto social supone un 24-25% del PIB. Sólo se ha conseguido reducir la brecha de la pobreza un 8-9% en el caso alemán y un 6-9% en el español (que en los últimos años más cerca de un 6%).
Fuente: Freemarket CI con datos de Eurostat
"España ha entrado en una aguda recesión con unos elevados niveles de déficit y de deuda pública que van a crecer de manera significativa en el horizonte del corto y del medio plazo y que, sin una corrección significativa, presentan una trayectoria insostenible. Esto ha de ser tenido en cuenta cuando se pretende establecer la
incompatibilidad entre la reducción del gasto público y la equidad social", señala la consultora que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós.
"El grueso de la investigación disponible impugna la sabiduría convencional en virtud de la cual existe una relación cuasi mecánica entre el aumento del gasto público y la mejora de los principales indicadores de bienestar social", incide.
El informe analiza las diferencias entre los Estados grandes, medianos y pequeños. Califica al español de "mediano", si bien recuerda que "algunos lo consideran pequeño y casi todos son partidarios bien de mantener su tamaño actual o de incrementarlo con la finalidad de ofrecer más y mejores servicios públicos y lograr una más justa redistribución de la renta".
Sin embargo, el objetivo del análisis de la consultora es contrastar la relación entre los costes y los beneficios de aumentar el gasto público y pone de manifiesto que antes de plantear incrementarlo sería necesario mejorar su eficiencia.
"El Estado español podría cumplir sus funciones básicas de un modo más eficaz y eficiente si se concentrase en la creación de un marco institucional que protegiese los derechos de propiedad y el imperio de la ley, proporcionase los bienes públicos esenciales y estableciese un sistema de cobertura social básica que se focalizase en mejorar la posición de quienes están en los escalones más bajos de la distribución de la renta", concluye.