Como era de prever, el Covid-19 ha provocado que el gasto público en medicamentos y productos sanitarios se dispare. Con los últimos datos del Ministerio de Hacienda en la mano, que corresponden al 30 de abril, esta partida suma alrededor de 8.774 millones en lo que va de 2020, unos 1.100 millones más que a estas alturas de 2019.
De esta manera, hasta abril se gastó un 14% más en fármacos y productos sanitarios. Esto supone triplicar el crecimiento medio de esta partida de los últimos años, antes de que el coronavirus trastornase todas las cifras.
La subida se produce en todos los ámbitos. En hospitales el crecimiento del gasto es de un 9,4%, mientras en recetas dispensadas en oficinas de farmacia es de un 7,6%. Sin embargo, el alza más destacada se da en el gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación. Aquí el desembolso público sube más de un 37%.
Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados.
Por comunidades autónomas, la principal subida, con diferencia, se produce en Castilla y León, con casi un 33% de incremento del gasto en medicamentos y productos sanitarios. Le siguen Madrid y La Rioja, con subidas del 28% y del 23% respectivamente.
Las subidas también golpean al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que ha sido el responsable de acometer numerosas compras sanitarias a lo largo de la crisis del coronavirus. En su caso, el gasto en recursos sanitarios se ha disparado un 31%, con un alza particular en productos sanitarios del 111%.
Mejora en la deuda
Con todo y a pesar de estos importantes incrementos, la deuda comercial de las comunidades autónomas con los proveedores sanitarios se redujo entre marzo y abril. Si bien en el tercer mes del año, el 73,72% de la morosidad autonómica era sanitaria, en abril bajó a un 72,47%.
También lo hizo su importe, que pasó de los 3.373 millones de euros a los 2.978 millones de euros, un 11% menos. Estas cifras indican que, a pesar de los incrementos del gasto sanitario, las regiones están procurando no generar impagos en sus proveedores sanitarios, a diferencia de crisis anteriores.
Y es que cabe recordar que en la Gran Recesión los proveedores sanitarios se llegaron a enfrentar a plazos públicos de pago de 300 días de media, mientras que ahora cobran en 35 días. En esta ocasión, los pagos a las empresas del sector salud se han priorizado. El coronavirus obliga.