Ante la crisis del Covid-19 y sus consecuencias sociales y económicas, los municipios se han hecho más fuertes en su reclamación al Ministerio de Hacienda. Quieren que se les permita utilizar el superávit que hay en sus arcas por los límites de gasto de años precedentes para atender las urgencias de su población, algo que hasta ahora les ha estado vetado.

Poco a poco, el Gobierno ha abierto la mano en este sentido, pero está totalmente descartado que dé a los municipios carta blanca en gasto, aunque sea para combatir el coronavirus.

Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo sí comprende que "no tiene mucho sentido" que los municipios tengan un dinero parado de superávit por ejercicios anteriores", que no se ha podido tocar por la regla de gasto, en un momento el que impera una estrategia "de reconstrucción socioeconómica".

Por eso, la ministra María Jesús Montero está negociando con representantes de la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) para que las corporaciones locales tengan acceso legal a esos fondos.

Eso sí, con dos salvedades: una material y otra legal. La material es que los gobiernos de los municipios usen esos remanentes en gastos para la recuperación. La legal es que no pueden incurrir en déficit, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria "y otras incluso de rango superior" prohíben a los ayuntamientos hacerlo.

La ministra no tiene ninguna intención de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Cristóbal Montoro, que data de lo más profundo de la Gran Recesión.

De hecho, fue la segunda norma del Gobierno Rajoy, aprobada en abril de 2012, cuando el equilibrio de las cuentas públicas era la mayor preocupación del Ejecutivo entre tensiones de deuda con los mercados internacionales que amenazaban con empujar a España al rescate europeo.

Instrumento a utilizar

"Estamos viendo qué instrumento legal utilizar para conseguir liberar parte de esos fondos", explica la citada fuente del Ministerio.

Dicho mecanismo se parecerá al de ocasiones anteriores. Ya en el inicio de la emergencia sanitaria, Hacienda abrió la mano para que los ayuntamientos accedieran a 300 millones de esos fondos para utilizarlos en políticas sociales. Cabe recordar que las entidades locales también pueden echar mano de sus superávit para los gastos que pueda generar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).  

Cabe recordar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya había reclamado que se deben revisar las condiciones a las que están sometidas las entidades locales, en el actual contexto de crisis económica.

Entre ellas, la regla de gasto a la que se tienen que atar las Administraciones Públicas que no es que deba flexibilizarse “sino que no debe existir". "No tiene sentido que se aplique la regla de gasto" en la crisis financiera, según reclamó Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, en su intervención en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.

De hecho, matizó que “la regla de gasto requiere cambios en su diseño, en su planteamiento y su medición”, en especial en las entidades locales, que no se pueden acoger a la ‘libertad de gasto’ que ha decretado por la Comisión Europea (mediante la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y que sí se aplica en Estado y comunidades autónomas.

Para que esto ocurriera tendría que mediar un cambio legislativo ‘exprés’ para reformular la regla de gasto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, algo que por lo pronto no se prevé que pueda ocurrir.