Finalmente, el Consejo Europeo ha llegado a un acuerdo para repartir los millones del fondo de reconstrucción del Covid-19. Para acceder a su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez asume que va a tener que cumplir determinados rigores, particularmente, en el campo laboral y de las pensiones.

Fue el líder holandés y máximo representante del bando de los países frugales, Mark Rutte, el que dejó claro que España tiene que mantener la flexibilidad del mercado laboral y tomar medidas contra el constante incremento del gasto público en pensiones como condiciones para acceder a los fondos europeos.

Es decir, que el Gobierno se tiene que olvidar de sus planes de cabecera en el campo laboral. Como mínimo, de su idea de desmantelar la reforma del Partido Popular de 2012 en un plazo más o menos corto de tiempo.

En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo ha bajado mucho el tono en este campo. De ser uno de los principales proyectos de la ministra Yolanda Díaz, la ‘contrarreforma’ laboral ha pasado a ser un objetivo secundario que parece ya no encontrarse entre las metas más inmediatas del Ejecutivo.

Esto ocurrió, particularmente, después de que la patronal amenazara con abandonar la mesa del Diálogo Social después del acuerdo parlamentario entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar en un corto espacio de tiempo la reforma laboral, aunque Moncloa dio marcha a atrás a este acuerdo casi de inmediato.

Aspectos más lesivos

A día de hoy, después de que Trabajo reconstruyera puentes y recuperara la patronal para el Diálogo Social, lo que queda sobre la mesa respecto a la derogación de la reforma laboral son los aspectos más lesivos, que son los relacionados con la negociación colectiva, a la que se le quiere dotar de renovadas fuerzas.

Sin embargo, habrá que ver qué decide hacer el Gobierno al respecto. El ‘freno de mano’ aprobado por el Consejo Europeo permitiría a cualquier estado miembro de la UE frenar los fondos para España si se considera que nuestro país no está cumpliendo con las recomendaciones comunitarias, que orientan a mantener un alto grado de flexibilidad laboral. Con todo, al mismo tiempo aconsejan medidas para poner coto a la dualidad y temporalidad del mercado de trabajo nacional.

Así, ideas que se manejaban hasta ahora como la reforma de la subcontratación, del despido y el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI quedan en el alero, con bastantes posibilidades de quedarse en el cajón, al menos hasta 2022.

Pensiones

En cambio, en pensiones España tiene claro que tiene que poner en marcha medidas. Y desde hace tiempo. El problema es que las correspondientes reformas en la Seguridad Social y en el modelo público se han frenado por la falta de acuerdo político.

Esto ha quedado constatado en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que se ocupa de la reforma de estas prestaciones y que no pudo llegar a un acuerdo antes de la celebración de las elecciones de abril y la disolución de las Cortes.

Ahora los trabajos empiezan de nuevo. Hay buenas intenciones y poco tiempo. Antes de la crisis del coronavirus, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó su propuesta para ‘salvar’ las pensiones públicas en España y a la Seguridad Social de la bancarrota. Cabe recordar que en 2023 se espera un importante incremento de las prestaciones de jubilación por la retirada del mercado laboral de la generación del ‘baby-boom’ español. 

Entre estas medidas se encuentra que el Estado asuma determinados gastos y prestaciones que a día de hoy abona la Seguridad Social (y que le obligan a endeudarse) y desincentivar las prejubilaciones, de manera que la edad efectiva de jubilación se vaya prolongando paulatinamente.

Magdalena Valerio, exministra del ramo y presidenta del Pacto de Toledo, se muestra confiada y considera que es posible un acuerdo parlamentario al respecto antes de que acabe el año. Con todo, esto se tiene que traducir en un proyecto legislativo. El Gobierno va a tener que acelerar para contentar a Bruselas.

¿Freno al gasto social?

Por otro lado, la capacidad que tienen los estados miembros para frenar las ayudas de otro si no cumple las reglas también pone en un problema a España en lo que respecta a sus gasto social.

Cabe recordar que debido al impacto laboral y económico de la crisis del coronavirus, el Gobierno ha extendido un importante escudo social, a base de subsidios y ayudas, en este 2020. Un escudo que corre el peligro de difuminarse ante el amenazante 'freno de mano' europeo.

Con todo, entre las iniciativas en peligro no debería estar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que de hecho había sido reclamada por la propia Comisión Europea dados los problemas relacionados con la pobreza extrema en España.

El 'freno de mano' también puede afectar considerablemente al plan de reformas e inversiones que presentará el Ejecutivo a Bruselas en octubre como paso final para acceder a los millones comunitarios. 

Como contara a Invertia Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la intención del Gobierno es dedicar fondos europeos, además de a la digitalización del tejido productivo y a la transición ecológica, al Estado del Bienestar y al sector de los cuidados, algo que ahora queda en entredicho.