Con la aprobación este martes del fondo anticrisis de 750.000 millones de euros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consigue las ayudas de la UE para reflotar la economía española tras la crisis del Covid-19, que causará una recesión sin precedentes en tiempos de paz. España será el segundo mayor beneficiario de este nuevo instrumento de reconstrucción, sólo superada por Italia. Sánchez aspira a recibir 140.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos, según ha dicho en rueda de prensa al final de la cumbre.

El precio a pagar por el dinero de la UE es que las condiciones serán muy similares a las de un rescate completo. Las ayudas se entregarán por tramos y el desembolso se supedita a la aplicación de las reformas prometidas. Cualquier Gobierno europeo podrá paralizar los pagos si cree que Sánchez no cumple. La única diferencia es que no habrá visitas a Madrid de los 'hombres de negro' de la troika.

Se trata de una intervención de facto de la economía española desde la UE, tal y como ha exigido desde el principio el primer ministro holandés, Mark Rutte, que desconfía profundamente del Gobierno español y exige reformas en el mercado laboral y las pensiones. Al final, Rutte se sale con la suya y tendrá derecho de veto sobre la política económica española.

No habrá un cheque en blanco

El acuerdo definitivo refuerza el 'freno de emergencia' que había propuesto el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como concesión a los nórdicos. Un mecanismo que permitirá a Holanda o a cualquier otro Gobierno de los frugales frenar en solitario el desembolso de las ayudas europeas a España si considera que no ha cumplido los compromisos exigidos. 

Si un país activa el 'freno de emergencia', los pagos a nuestro país se suspenden y la disputa se remitirá directamente al Consejo Europeo, que adopta sus decisiones por unanimidad. Los líderes europeos dispondrán además de "tres meses" para decidir, lo que inevitablemente retrasará las ayudas.

Sánchez se ha resistido hasta el final a un sistema de supervisión tan complicado, que en la práctica deja en manos de los nórdicos la tutela de la política económica española. El presidente del Gobierno defendía que las condiciones se centraran sólo en la transición digital y verde y no en reformas macroeconómicas. Además, reclamaba un sistema de control "ágil y eficiaz" para evitar retrasos innecesarios en la llegada del dinero. Todo lo contrario de lo que se ha aprobado.

El primer ministro portugués, António Costa, ha explicado este lunes que este freno de emergencia "ha sido el precio que se ha pagado" para convencer a los nórdicos de que acepten las subvenciones a España e Italia, un avance "histórico".

"El freno de emergencia será un factor de confianza entre todos, que evita algo similar a una troika" pero al mismo tiempo garantiza que no habrá un cheque en blanco para que los países gasten el dinero europeo sin control, asegura el primer ministro portugués. "La solución final no permite que un país tenga ningún tipo de veto, sino solo que un Estado podrá exigir un debate político en el Consejo Europeo. El Consejo no da órdenes, pero sí mantendrá un debate político que deberá tenerse en cuenta", sostiene Costa.

Un procedimiento laberíntico

El mecanismo de condicionalidad del fondo anticrisis es extraordinariamente complejo, lo que dificulta que las ayudas a España lleguen con la urgencia que se necesita. En primer lugar, Sánchez debe enviar un plan de inversión y reformas a Bruselas antes del 15 de octubre. Un plan que debe basarse en las recomendaciones de política económica que la UE dirige cada año a España, que incluyen sistemáticamente la reforma laboral, medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, un pacto educativo o la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado.

La Comisión de Ursula von der Leyen será la responsable de evaluar el plan de reformas de Sánchez. Pero la última palabra la tendrán los Gobiernos de la UE, que deciden por mayoría cualificada. Es decir, el Ecofin podrá corregir o incluso tumbar la política económica del Gobierno de Sánchez y Podemos. Un primer punto de posible bloqueo.

Además, la ayuda se divide en tramos y el dinero sólo se pagará cuando España haya ejecutado las reformas comprometidas. La decisión sobre los desembolsos la adoptará el Ejecutivo comunitario tras consultar con los Gobiernos de la UE, que deben buscar una decisión por consenso.

"Si excepcionalmente, uno o varios Estados miembros consideran que hay graves desviaciones respecto a un cumplimiento satisfactorio de los objetivos y las metas relevantes, podrá pedir al presidente del Consejo Europeo que incluya el asunto en la siguiente cumbre", afirma el texto del acuerdo. Mientras tanto, la ayuda quedará paralizada.

Es decir, podría darse el escenario de que en las cumbres de la UE acabe discutiéndose la reforma laboral o de las pensiones de Sánchez. Una cesión de soberanía económica a la que el presidente del Gobierno decía que se oponía y que al final ha acabado aceptando para que el dinero europeo llegue cuanto antes a España. 

En el tiempo de descuento de la cumbre, durante la madrugada del martes, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, también muy disgustado con este procedimiento de supervisión ultrarreforzada al que se someterá a Madrid y Roma, ha logrado incluir en las conclusiones una referencia a los artículos de los Tratados que reconocen a la Comisión el poder de ejecución presupuestaria.

A esta referencia se ha aferrado Sánchez durante su rueda de prensa al final de la cumbre para restar importancia al 'freno de emergencia'. Su argumento es que el acuerdo preserva el equilibrio institucional entre el Ejecutivo comunitario, que siempre se ha mostrado comprensivo con los desfases presupuestarios de España, y los Gobiernos de la UE. Los nórdicos han alegado precisamente la inacción de Bruselas como argumento para que sean los Gobiernos los que tengan el veto, lo que al final han conseguido.