España es el país de entre los grandes Estados de la UE que ha destinado menos dinero a su programa de garantías públicas para hacer frente a la crisis del Covid-19, al ser triplicado por Francia y Reino Unido o cuadruplicado por los programas de Alemania e Italia, si bien es el país de entre estos que hasta junio había realizado un mayor uso del mismo.

Así se extrae de un documento realizado por el Banco de España sobre las medidas de política fiscal en respuesta a la crisis sanitaria en las principales economías del área del euro, Estados Unidos y Reino Unido, que evidencia la presencia de una elevada heterogeneidad por países en cuanto a la cuantía de los paquetes anunciados, aunque no tanto en el tipo de medidas adoptadas.

El organismo supervisor señala que los programas de avales adoptados presentan una naturaleza y un funcionamiento "similares", si bien las características específicas referidas al volumen total de los programas, los niveles de cobertura de los préstamos avalados, los plazos y el coste de las coberturas varían entre países.

Las medidas de soporte para las empresas y los autónomos estuvieron dirigidas fundamentalmente a apoyar la liquidez de los negocios y presentaron un elemento común a todos los países considerados (el recurso a aplazamientos impositivos), pero también un elemento diferenciado, ya que, mientras que unos países decidieron distribuir pagos directos y subvenciones a fondo perdido, otros optaron por conceder ayudas indirectas, como coberturas de aplazamientos del pago de suministros, alquileres e hipotecas, complementadas en algunos casos con moratorias de préstamos e hipotecas.

En lo referido a la cuantía, en España la primera línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) estuvo dotada con 100.000 millones de euros (8% del PIB), si bien tras agotarse el Gobierno aprobó otra de 40.000 millones de euros para financiar la inversión empresarial, y no tanto el capital circulante, de cara a la recuperación.

Programa de garantías

El programa alemán de garantías públicas, gestionado por el banco público de desarrollo KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), presupuestó recursos por una cifra de 820.000 millones de euros (24% del PIB), mientras que Gobierno italiano implementó un paquete de garantías públicas para proveer de liquidez a las empresas por importe de 450.000 millones de euros (25% del PIB).

Asimismo, el Gobierno francés implementó un programa de avales públicos por un importe de hasta 300.000 millones de euros (12% del PIB) para préstamos bancarios corporativos, a través del banco público de inversiones Bpifrance.

De su lado, en el Reino Unido algunos de los programas de apoyo a la liquidez tienen una naturaleza diferente a la de los países de la UE, como es el caso de la Coronavirus Corporate Financing Facility (CCFF), aunque el importe total se cuantifica a través del British Businness Bank en 330.000 millones de libras (365.970 millones de euros).

Respecto a la cobertura de las garantías, varían en función del tipo de empresas y sus tamaños, entre el 80% y el 100% en algunos casos en Alemania; entre el 70% y el 100% en Italia; entre el 70% y el 90% en Francia, entre el 50% y el 100% a pymes y micropymes en Reino Unido o, en el caso de España, entre el 80% a pymes y el 70% al resto de empresas.

A pesar de que España es el país de entre las grandes economías del área del euro que menos dinero a destinado a su programa de avales públicos, encabezaba hasta mediados de junio su utilización en relación al resto de países, al superar el 505, frente al 35% de Francia, o el 10% de Reino Unido o Italia.

2.000 millones

En paralelo, España aprobó 2.000 millones adicionales para los exportadores y el fondo de 10.000 millones de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, al tiempo que Italia dio luz verde a un fondo de recapitalización de grandes empresas o Alemania creó un fondo de rescate para grandes empresas de 400.000 millones de euros en garantías, 100.000 millones de préstamos al kfW y otros 100.000 millones para recapitalizaciones.

En cuanto a los aplazamientos y suspensión de impuestos, en España se aprobó una moratoria de seis meses de las deudas tributarias de pymes y autónomos hasta un máximo de 30.000 euros por figura impositiva, mientras que en Italia se aplazaron los impuestos hasta septiembre para empresas y autónomos y se abolió del pago de junio del impuesto regional sobre las actividades productivas de autónomos y empresas y se cancelaron los impuestos municipales de junio para hoteles.

En Alemania se aplazaron temporalmente los impuestos a empresas y medidas impositivas de apoyo a la inversión y se redujo el IVA a empresas de restauración un año desde julio, en tanto que en Francia se aplazaron también temporalmente los impuestos a empresas y se aceleró la devolución de créditos fiscales y en Reino Unido se redujo el IBI a no comerciales, se retrasó el pago del IVA y del impuestos de la renta para autónomos.

En materia laboral, en España se flexibilizaron los ERTE y se extendió la prestación por desempleo a más colectivos, así como una mayor protección a desempleados con trabajos estacionales.

En algunos países, como Francia, Italia y España, estas se materializaron en refuerzos de los sistemas de desempleo parcial y temporal existentes; en otros, como Alemania, en una flexibilización del mecanismo de reducción de horas trabajadas.

Liquidez de los hogares

Otras economías, como Reino Unido y Estados Unidos, optaron por operar a través de préstamos o reembolsos a las empresas que decidieran mantener a sus trabajadores en nómina durante las interrupciones causadas por el coronavirus.

En el caso de Italia y España, además, las medidas de protección del empleo existentes se complementaron con otras disposiciones especiales, como la suspensión temporal de los despidos y la regularización de colectivos de trabajadores irregulares.

El Banco de España también señala que los gobiernos adoptaron de forma generalizada un amplio rango de medidas orientadas a apoyar la liquidez de los hogares más vulnerables. Medidas como las moratorias en el pago de hipotecas y alquileres, la emisión de garantías para la provisión de suministros básicos, el apoyo a la conciliación familiar y el cuidado de hijos, el reforzamiento de los sistemas de rentas básicas o las ayudas directas para la adquisición de alimento son algunas de las más extendidas.

Algunas de estas medidas no tendrán coste presupuestario, al tratarse de aplazamientos en los pagos de los hogares por servicios derivados del uso y la ocupación de las viviendas, señala el estudio del organismo supervisor.