España se queda fuera del acuerdo político alcanzado en el Ecofin de este martes sobre la norma que regirá el funcionamiento del fondo europeo anti-Covid. El Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido a Alemania -país que ocupa la presidencia de turno de la UE- más tiempo con el fin de negociar los detalles del texto que le incomodan, en particular los interminables plazos para el pago de las ayudas. El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, ha desoído las demandas españolas y ha constatado que existe una mayoría cualificada suficiente para seguir adelante con el reglamento.

El foco de la disputa se encuentra en el procedimiento para dar luz verde al desembolso de los fondos. Los 140.000 millones de euros adjudicados a España no van a llegar de una sola vez, sino que se dividirán en varios tramos. Cada pago estará condicionado al cumplimiento de los objetivos en materia de reformas e inversiones acordados con Bruselas. Unas reformas que deben basarse en las recomendaciones de la UE de 2019 y 2020, que en el caso español incluyen la reforma laboral y de las pensiones.

Para cada tramo de la ayuda, la propuesta de compromiso de Alemania da a la Comisión un plazo de dos meses a la hora de verificar si los objetivos se han cumplido. A ello hay que sumar otras cuatro semanas de trámite en el Comité Económico y Financiero (el órgano donde están representados los 27 Gobiernos), que también debe dar su opinión.

Si un país, por ejemplo Holanda, está en desacuerdo, puede activar el 'freno de emergencia' que suspendería el desembolso al menos otros tres meses. Un trámite eterno que amenaza con retrasar indefinidamente las ayudas en la actual situación de emergencia que vive España.

Durante el debate en el Ecofin, el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, (en sustitución de la vicepresidenta Nadia Calviño, que a la misma hora participaba en el Consejo de Ministros) reclamaba "acortar un poco los plazos, en particular por lo que se refiere a los desembolsos". "Estaría bien hacer un esfuerzo un esfuerzo ahora para no lamentar en el futuro que el procedimiento sea demasiado enrevesado", insistía.

Al Gobierno de Sánchez tampoco le gusta que en el reglamento se diga explícitamente que los beneficiarios del fondo de reconstrucción deberán cumplir las exigencias de la UE en materia de ajuste fiscal y que las ayudas pueden congelarse en caso de desfase presupuestario. "La referencia específica a las recomendaciones macroeconómicas y presupuestarias creemos que es redundante, pero también que existe el riesgo de que resulte engañosa", sostiene San Basilio. 

La Comisión apoya a Alemania

La Comisión Europea ha replicado que el plazo de dos meses constituye "el mínimo imprescindible" para realizar una evaluación exhaustiva sobre el cumplimiento de los objetivos. Un análisis en profundidad que según Bruselas reduce el riesgo de que algún Estado miembro recurra al freno de emergencia.

El Ejecutivo comunitario también resta importancia a la preocupación de España por la referencia a las recomendaciones en materia presupuestaria. El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, ha recordado que el Pacto de Estabilidad se encuentra suspendido y que Bruselas "no va a fijar límites cuantitativos para los déficits presupuestarios de los Estados miembros el año que viene".

Al mismo tiempo, Dombrovskis ha insistido en que todos los países deben mantener la sostenibilidad fiscal a medio plazo y volver a una "posición prudente" en cuanto la situación económica lo permita.

Incluso aliados tradicionales como Francia, Italia o Portugal han abandonado a España en este debate. Aunque los países del Sur comparten algunas de las preocupaciones del Gobierno de Sánchez (tanto sobre los plazos eternos como sobre la amenaza de ajustes en el futuro), han decidido apoyar la propuesta de Alemania en un intento de acelerar la negociación con el Parlamento Europeo, que también debe aprobar el reglamento.

"La crisis sanitaria se está reactivando en muchos países, por ejemplo en Francia. Nos enfrentamos a las consecuencias de la crisis económica y creo que el peor momento llegará al final de este año. Así que ahora tenemos que decidir y tenemos sobre la mesa el mejor compromiso posible", ha dicho el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire.

"Lo importante es avanzar en el proceso negociador. Por esta razón, estamos dispuestos a dejar a un lado nuestras peticiones de cambios y aceptar este compromiso", coincide su homólogo italiano, Roberto Gualtieri.

La recuperación pierde impulso

También el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha resaltado que "el tiempo es un factor esencial para proporcionar un apoyo continuado a la economía, pero también para reforzar la confianza". "Es importante encontrar un terreno común lo antes posible", ha señalado.

Guindos ha avisado al Ecofin de que la recuperación es "incierta, incompleta y desigual". Incierta debido a los rebrotes de la pandemia. "Incompleta porque pese a que tuvimos un fuerte rebote de la actividad en mayo, junio y julio, hemos empezado a ver que la recuperación está perdiendo impulso en agosto y septiembre".

Y desigual porque la Covid-19 ha tenido un "impacto diferenciado" en los distintos Estados miembros, tanto en la fase de confinamiento como en el periodo de recuperación, debido entre otros factores al peso relativo del sector servicios en comparación con la industria en cada país. Guindos pide que el fondo de reconstrucción se use para corregir estos desequilibrios y para dar un impulso a las reformas.

Por su parte, el holandés Wopke Hoextra, el abanderado de la línea dura en el Ecofin, apoya también el texto de Alemania y ha avisado de que su país no aceptará ninguna rebaja ni en la exigencia de reformas ni en el vínculo de las ayudas de la UE con el Pacto de Estabilidad. "Todos necesitamos hacer reformas para que nuestras economías sean más resistentes, mejorar el crecimiento potencial y estar preparados para la próxima crisis", alega.

En la ronda final de intervenciones, cuando el ministro de Finanzas alemán se disponía ya a dar por aprobado el reglamento, el secretario general del Tesoro español volvía a pedir la palabra para reclamar otra "oportunidad" para hacer "ajustes menores" y "mejorar el texto". Una solicitud a la que se sumaban también Luxemburgo e Irlanda, que tienen sus propios problemas con el compromiso.

"Mi punto de vista después de escuchar a todo el mundo es que hay una mayoría cualificada amplia que respalda la propuesta tal y como está. Ha habido diferentes intervenciones hacia uno o el otro lado, así que creo que no vamos a encontrar una solución cambiando el texto", ha respondido Scholz. 

El reglamento se aprobará formalmente durante una reunión de embajadores de los 27 prevista para el viernes. La gran incógnita ahora es si España -que junto con Italia es la mayor beneficiaria de las ayudas europeas- votará en contra, se abstendrá o se sumará al compromiso. Una votación que no es en todo caso el final del camino porque falta el acuerdo final con el Parlamento Europeo.