Las medidas de estímulo para amortiguar el impacto de la crisis de la Covid-19 dispararán este año la carga de deuda pública de los países de la eurozona por encima del 100% del PIB.

En el caso de España, en nivel de endeudamiento rozará el 120%, el doble del umbral del 60% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Un Pacto que desde principios de año está suspendido, gracias a la cláusula de escape general, con el fin de permitir a los Gobiernos combatir la pandemia con más gasto público. Pero que en algún momento deberá reactivarse.

La Junta Fiscal Europea, el órgano de la UE equivalente a la AIReF española, ha reclamado este martes que el Pacto de Estabilidad se reforme de manera urgente, antes de resucitarlo, con el fin de adaptarlo al nuevo entorno de deuda disparada. Los expertos admiten que la reforma será complicada, dado que enfrenta a los frugales que piden más disciplina fiscal contra los sureños que siempre reclaman flexibilidad. La alternativa, esperar más, sólo va a empeorar las cosas. 

"Sería contraproducente intentar reintroducir las reglas existentes sin cambios sustanciales cuando se desactive la cláusula de escape general. La actual situación ofrece una gran oportunidad para corregir debilidades pasadas en el PEC", sostiene el presidente de la Junta Fiscal, Niels Thygesen. "Definir la dirección en la que las reglas y la gobernanza deben modificarse será obviamente un proceso difícil, pero eso no es un argumento para esperar. Revisar las reglas tras la desactivación podría resultar incluso más contencioso", añade.

De momento, todavía no hay fecha para reactivar el Pacto de Estabilidad. El Ejecutivo comunitario ha confirmado a todos los Gobiernos que los límites de déficit y deuda seguirán suspendidos todo el año que viene. La Junta Fiscal pide que se fije una fecha en primavera de 2021. Eso significa que los ministros de Economía de la eurozona disponen, como mínimo, de un año para reformar las reglas presupuestarias. 

Fondo permanente

En línea con lo que ya ha sugerido el Banco Central Europeo (BCE), la primera propuesta de la Junta Fiscal es convertir en permanente el fondo de reconstrucción de 750.000 millones aprobado en julio por los líderes europeos.

Sería el equivalente a un auténtico presupuesto para la eurozona que podría utilizarse para hacer frente a shocks económicos graves. Una propuesta que de momento es tabú para los países frugales, que dieron su luz verde a cambio de garantías reforzadas de que se trata de una medida temporal.

En segundo lugar, los expertos piden simplificar el Pacto de Estabilidad para hacerlo más eficaz, concentrando el foco en la reducción de la deuda. En su opinión, es fundamental mantener el objetivo del 60%, aunque quede claro que será más difícil alcanzarlo y costará mucho tiempo. "Sin ese compromiso, es probable que aumenten los tipos de interés de la deuda pública y que acaben por poner en riesgo la solvencia de los Estados", avisa Thygesen.

La receta de la Junta Fiscal pasa por fijar sendas individualizadas de reducción de la deuda pública para cada Estado miembro basadas en indicadores objetivos y no en la discreción política. A los países con más endeudamiento y bajo potencial de crecimiento como España, se les exigiría un ajuste más lento que con las reglas actuales, pero que en la práctica sería más rápido que el observado en los últimos años y exigiría importantes superávits primarios (descontando los intereses de la deuda).

Por ejemplo, el Gobierno de Pedro Sánchez incumplió el año pasado por amplio margen el objetivo de reducción de deuda marcado por la UE, pero se ha librado de sanciones gracias a la crisis del coronavirus.

Proteger la inversión

"Con el fin de reforzar los incentivos para que los Gobiernos respeten las reglas, su cumplimiento debería ser una precondición para tener acceso a la capacidad presupuestaria centralizada", señala la Junta Fiscal. Es decir, los países que no reduzcan su deuda al ritmo requerido por la UE dejarían de recibir las ayudas de un futuro fondo de reconstrucción permanente.

Finalmente, la Junta Fiscal propone que incluso en tiempos de consolidación fiscal se proteja el gasto en inversión, que es lo primero que los Gobiernos recortan en una crisis.

"El debate para actualizar este marco es urgente y la agenda está clara: hacer las reglas más simples, más aceptables y más fáciles de aplicar, a la vez que se aplican de forma flexible, pero de una manera más eficaz desde el punto de vista económico", indica Thygesen.

"Hay que acabar con la práctica frecuente de acomodarse a la conveniencia política de los Gobiernos nacionales a los que les cuesta adoptar más medidas estructurales para reducir el déficit y contener el aumento de la deuda", concluye.