El Consejo de Ministros de este martes aprobó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, del que ya se conocen las líneas principales.
Prácticamente todas las partidas de gasto crecen, aunque en estas Cuentas hay tres ministros especialmente favorecidos: José Luis Escrivá, Yolanda Díaz y Salvador Illa. En el lado contrario de la balanza quedan la Casa del Rey y los fondos destinados a deuda pública, que se estancan.
Por un lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones será el que mayor partida maneje de todos los departamentos del Gobierno de coalición. Contará con 29.032 millones de euros que se destinarán a, entre otras medidas, un fondo de pensiones público planteado para que autónomos y pymes puedan ofrecer planes colectivos a sus trabajadores.
Con todo, el incremento de fondos es muy modesto comparado con otros departamentos. La partida con la que contará Escrivá para sus políticas subirá ‘solo’ un 91%. En otros Presupuestos, esta cifra supondría el principal alza sin duda. Sin embargo, estas cuentas, especialmente expansivas gracias a los fondos europeos, son la excepción.
El mayor incremento presupuestario lo registra el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz. Sus fondos crecen un inédito 1.168% hasta alcanzar los 6.267 millones. Eso sí: de esta cantidad, unos 1.167 millones proceden de los fondos que todavía tiene que enviar Bruselas.
El segundo en este particular ‘podio’ es el Ministerio de Sanidad, de Salvador Illa. De cara a la pandemia, su departamento se reforzará con un presupuesto de 3.421 millones, un 947% más que en 2020. Eso sí: para este incremento, las partidas europeas son fundamentales, puesto que suman 2.964 millones.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital también sale especialmente beneficiado por los euros bruselenses. El departamento capitaneado por la vicepresidenta Nadia Calviño ganará un presupuesto de 4.550 millones en 2021, un 392% más que en este año. Eso sí, el peso de los millones europeos es vital: la Comisión aportará tres de cada cuatro euros.
El proyecto presupuestario que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, lleva al Congreso de los Diputados este miércoles registra incrementos en todos los ministerios y partidas del Estado… excepto dos.
Por un lado, no habrá subida presupuestaria para la Casa del Rey Felipe VI. Se quedará con los ocho millones con los que ya contaba en 2020.
Por el otro, parece claro que el Gobierno dejará para 2022 los esfuerzos para reducir la deuda pública. A pesar del importante incremento que está registrando este año (se espera que llegue al 118% del PIB), en 2021 la inversión se estanca. Solo subirá cuatro décimas, quedándose en los 31.675 millones.
Gasto social
Por otro lado, el gasto social del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 alcanzará los 239.765 millones de euros, un 10,3% más y el equivalente al 52,6% del gasto total de las nuevas cuentas públicas, que alcanza los 456.073 millones, un 20,1% más.
Como indicara la propia Montero durante la presentación del proyecto, supone "el mayor gasto social de la historia". Como viene siendo habitual, la mayor parte de dicho gasto social se destina al pago de las pensiones, con 163.297 millones de euros, un 3,2% más que este año, equivalente al 35,8% del gasto total
Cabe recordar que los Presupuestos incluirán la subida del 0,9% de las pensiones contributivas y del 1,8% de las pensiones no contributivas. A bastante distancia figuran las prestaciones por desempleo, la segunda partida en volumen de gasto, con 25.012 millones de euros, un 20,1% más y el equivalente al 5,5% del total, en el que se incluye la subida del 5% del IPREM, hasta los 564,7 euros.
En cambio, en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), Hacienda solo incluye fondos para cubrir un mes de prestaciones para trabajadores y exoneraciones en 2021. Con todo, Montero ha asegurado que no habrá problemas para ampliar esta partida y su financiación
Cabe recordar que el Gobierno ha rebajado el techo de gasto de los próximos Presupuestos. Si cuando se aprobó a principios de octubre era de 196.097 millones, el Ejecutivo ha decidido rebajarlo a 194.456 millones, unos 1.600 millones menos. Esta diferencia estaría causada, en parte, por el descenso de los pronósticos de ingresos impositivos
Y es que el Gobierno había prometido a la Comisión Europea, a través del Plan Presupuestario, obtener unos 6.847 millones adicionales en impuestos en 2021. Pero esta cantidad se ha quedado finalmente en unos 6.000 millones, unos 800 millones menos.
El proyecto incluye una mejora de los ingresos públicos del 14,7% del PIB, debido principalmente al incremento del 13% de los ingresos tributarios por la mejora de la economía sumado a la recaudación tributaria citada.
En concreto, los ingresos tributarios sumarán una cifra de 222.107 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al avance de liquidación previsto para este año.
Desglosando por impuestos, la recaudación del IRPF, que se incrementará para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y para las rentas del capital de más de 200.000 euros, se elevará un 7,8%, hasta los 94.196 millones de euros.
Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades, que también se elevará para las grandes empresas por el recorte de la exención en el reparto de dividendos entre sus filiales, repuntarán el próximo año un 20,7%, hasta sumar 21.720 millones de euros.
También se elevará la recaudación por IVA, en este caso un 13,9%, hasta alcanzar los 72.220 millones de euros. El principal cambio introducido en este impuesto es un incremento del IVA aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasa del 10% al 21%.
Los ingresos por impuestos especiales, por su parte, aumentarán un 12,4%, hasta los 21.809 millones de euros, impulsados por el alza del impuesto de hidrocarburos para el diésel, que pasará de 30,7 céntimos el litro a 34,4 céntimos. Asimismo, el resto de ingresos tributarios se elevarán un 46%, hasta sumar 12.163 millones de euros.
Cabe recordar que a estas medidas hay que sumar otras como la aprobación de los impuestos a determinados servicios digitales, a las transacciones financieras (las tasas Google y Tobin) y a los plásticos de un solo uso, así como las medidas contra el fraude fiscal.
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