El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España debería aumentar un 3% para alcanzar un nivel adecuado que permita a los trabajadores que lo cobran vivir dignamente, de acuerdo con los cálculos de Bruselas. Es decir, tendrá que pasar de los actuales 1.108 euros al mes (calculado en 12 pagas) a 1.142 euros. O de 950 a 979 euros al mes en 14 pagas, como se suele expresar en nuestro país. Esta cifra equivale al 60% del salario mediano en nuestro país, un umbral que para la Comisión constituye el mejor indicador para medir la suficiencia del salario mínimo.

Subir el SMI hasta 1.142 euros al mes provocaría una pérdida de empleo del 0,8% e incrementaría la factura salarial en casi el 2%. Al mismo tiempo, reduciría en un 20% la pobreza laboral -es decir, el porcentaje de trabajadores cuyos ingresos no cubren sus necesidades básicas. Además, recortaría un 10% la brecha salarial entre hombres y mujeres, según el análisis de impacto publicado por el Ejecutivo comunitario.

La Comisión ha presentado este miércoles su propuesta de directiva para garantizar salarios mínimos adecuados en todos los Estados miembros. Se trata de una de las promesas estrella de la presidenta, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, para ganarse el apoyo de los socialistas europeos en su investidura, hace ahora un año.

Una iniciativa que Von der Leyen considera ahora más urgente que nunca, dado que la crisis de la Covid-19 golpea de forma desproporcionada a los empleados que cobran salarios más bajos, por ejemplo en sectores como el turismo o el comercio. Subir el SMI es necesario para garantizar un nivel de vida decente a los trabajadores y evitar la pobreza laboral, pero también para impulsar "una recuperación justa, inclusiva y resistente", ha dicho Von der Leyen. 

En la actualidad, un total de 21 Estados miembros, entre ellos España, tienen un salario mínimo por ley. En los otros seis (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Austria y Chipre), el SMI se fija exclusivamente mediante la negociación colectiva.

Dada la diversidad de sistemas y las enormes diferencias en nivel de vida, Bruselas ha renunciado a fijar un salario mínimo armonizado para toda la UE. "Sería imposible. Destruiría la economía si mañana Bulgaria adopta el salario mínimo de Luxemburgo", ha dicho el comisario de Empleo, Nicolas Schmit, durante la rueda de prensa. Tampoco obliga a fijar salarios mínimos por ley a los países que no lo tienen ni cuestiona el papel de la negociación colectiva.

La directiva se limita a plantear dos indicadores para evaluar si el nivel del SMI en los diferentes países es suficiente: el 60% del salario mediano bruto y el 50% del salario medio bruto. Entre los 21 países que tienen un SMI por ley, sólo Portugal y Bulgaria respetan el primer criterio y sólo Portugal cumple el segundo. Es decir, el resto de Estados miembros deberían subir su salario mínimo. En los países que funcionan con la negociación colectiva, el problema no es tanto el nivel sino la tasa de cobertura del SMI.

En todo caso, los indicadores propuestos por Bruselas son únicamente recomendaciones y no se fijan como objetivos vinculantes. La directiva sólo obliga a los Estados miembros a establecer criterios claros y estables a la hora de fijar el SMI y a revisarlo de forma regular. También deben limitar al máximo las excepciones y variaciones del SMI e implicar a los interlocutores sociales en su negociación. Finalmente, los Gobiernos deberán enviar informes anuales a Bruselas con los datos actualizados sobre el nivel de protección que ofrece el SMI.