Los presupuestos generales para 2021 del Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos han pasado este miércoles sin problemas el examen de Bruselas. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la Comisión Europea ha dado por primera vez un aprobado general a todos los países de la eurozona en su evaluación anual debido a la crisis sin precedentes de la Covid-19. No obstante, el Ejecutivo comunitario advierte a Sánchez del elevado nivel de deuda pública (que escalará al 123,9% del PIB en 2022) y le recuerda que a medio plazo tendrá que reducirla. 

"El plan presupuestario de España se ajusta en general a las recomendaciones" adoptadas por la UE, señala el dictamen de Bruselas. "La mayoría de medidas contenidas en el plan apoyan la actividad económica en el contexto de una incertidumbre considerable", agrega. La prioridad inmediata es adoptar políticas de estímulo para amortiguar el desplome económico. 

De hecho, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento seguirá suspendido al menos hasta el final de 2021. El Ejecutivo comunitario activó en marzo, nada más estallar la pandemia, la cláusula de escape general, que deja sin efecto la obligación de reducir el déficit y la deuda. Se trata de dar barra libre a los Estados para disparar el gasto público contra el impacto devastador de la Covid-19.

No obstante, la Comisión resalta que "teniendo en cuenta el nivel de deuda pública de España y los grandes retos de sostenibilidad a medio plazo antes del estallido de la pandemia de la Covid-19, es importante que España garantice que, a la hora de adoptar medidas presupuestarias expansivas, se preserve la sostenibilidad a medio plazo".

Revisar las medidas de estímulo

"Invitamos a España a revisar regularmente el uso, la efectividad y la adecuación de las medidas de apoyo y a estar preparada para adaptarlas según sea necesario a las cambiantes circunstancias", dice la opinión de Bruselas. 

Según las previsiones económicas de la Comisión, el déficit público de España se disparará este año hasta el 12,2% del PIB y sólo se reducirá al 9,6% en 2021 y al 8,6% en 2022, el más alto de toda la eurozona. Debido al enorme déficit y al hundimiento del PIB, el nivel de deuda pública escalará sin parar durante los próximos años: del 95,5% en 2019 al 120,3% en 2020 y después al 122% en 2021 y al 123,9% en 2022.

En la misma situación de alerta por deuda que España se encuentran Francia, Italia, Portugal, Grecia y Bélgica. 

El Ejecutivo comunitario avisa además de que las previsiones económicas del Gobierno de Sánchez son excesivamente optimistas, en particular para el año 2021. La vicepresidenta Nadia Calviño prevé un rebote del 9,8%, mientras que Bruselas lo rebaja al 5,4%. El motivo es que Calviño contabiliza ya el impacto positivo de las ayudas a la reconstrucción de la UE. Además, la vicepresidenta no tuvo en cuenta las medidas restrictivas por la segunda ola de la Covid-19 ni el impacto del brexit.

El Ejecutivo comunitario tampoco se pronuncia sobre la subida de impuestos anunciada por Sánchez, ni sobre su previsión de recaudación, ya que se concretaron después del envío del plan presupuestario a Bruselas. 

El examen anual de los presupuestos de los países de la eurozona se instauró en 2013 para prevenir nuevas crisis de deuda como la que estuvo a punto de hacer estallar el euro. El objetivo es coordinar las políticas económicas de los Estados miembros y detectar de forma temprana desfases presupuestarios que pongan en riesgo la estabilidad de la eurozona en su conjunto.

Desequilibrios económicos

La Comisión ha avisado además de que la crisis del coronavirus podría agravar los principales desequilibrios de la economía española, que son precisamente la deuda y también el paro. Por eso, elaborará un informe en profundidad sobre España en el marco del mecanismo de alerta rápida por desequilibrios que se presentará en febrero.

"España entró en la crisis de la Covid-19 con vulnerabilidades ligadas a la deuda externa, pública y privada y al elevado desempleo. Con la pandemia, las tasas de deuda y el paro han aumentado", señala el Ejecutivo comunitario.

Bruselas examinará también los desequilibrios en Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, Rumania y Suecia.