Este año no habrá cartas de amonestación, ni petición de ajustes adicionales ni malas notas. El Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos pasará sin problemas el examen en Bruselas de los presupuestos generales para 2021. La Comisión Europea tiene previsto dar un aprobado general a todos los países de la eurozona debido a la emergencia provocada por la Covid-19, que ha forzado un cambio radical en la ortodoxia económica imperante hasta ahora en la UE.

En el caso de España, lo que sí es muy probable es que el Ejecutivo comunitario reclame más información. El plan presupuestario enviado por Sánchez a última hora del jueves no explica de dónde sacará la mitad de la subida de impuestos del año que viene: prevé recaudar 6.847 millones extra, pero sólo detalla de dónde saldrán 3.477 millones (tasa Google y a las transacciones financieras, impuesto al plástico y subida del IVA a bebidas azucaradas).

"Dentro de poco conocerán ustedes no solamente la música sino la letra y los números del proyecto de presupuestos que vamos a presentar a las Cámaras. En ese momento estaremos en condiciones de responder a todas sus preguntas", ha dicho Pedro Sánchez al ser interrogado por esta cuestión en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo en Bruselas. Lo que ha ocurrido es que las normas de la UE obligan a enviar el plan presupuestario el 15 de octubre y el acuerdo con Podemos todavía no estaba cerrado.

Prioridad a la recuperación

El examen anual en Bruselas de los presupuestos de los países de la eurozona se instauró en 2013 para prevenir nuevas crisis de deuda como la que estuvo a punto de hacer estallar el euro. El objetivo es coordinar las políticas económicas de los Estados miembros y detectar de forma temprana desfases presupuestarios que pongan en riesgo la estabilidad de la eurozona en su conjunto.

La novedad este año es que, por primera vez en la historia, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está suspendido. El Ejecutivo comunitario activó en marzo, nada más estallar la pandemia, la cláusula de escape general, que deja sin efecto la obligación de reducir el déficit y la deuda. Se trata de dejar barra libre a los Estados para disparar el gasto público con el fin de amortiguar el impacto devastador de la Covid-19.

Como adelantó EL ESPAÑOL, los comisarios Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni enviaron en septiembre una carta a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y a sus homólogos europeos en la que confirman que el Pacto de Estabilidad seguirá suspendido en 2021 y que la prioridad en los presupuestos del año que viene debe seguir siendo apuntalar la recuperación con políticas expansivas de gasto.

Sin objetivo de déficit

"La evaluación por parte de la Comisión de los planes presupuestarios para 2021 tendrá en cuenta la activación de la cláusula de escape general y la ausencia de recomendaciones fiscales cuantitativas concretas", relata a este periódico un portavoz del Ejecutivo comunitario. "En este contexto, no contemplamos la posibilidad de detectar un caso de incumplimiento grave del Pacto de Estabilidad", agrega.

"La evaluación de la Comisión se centrará en las recomendaciones para cada país aprobadas en julio, que se focalizan en las medidas adoptadas y previstas para combatir el impacto de la pandemia del coronavirus y apoyar la recuperación", señala el portavoz. Unas recomendaciones que en el caso español incluyen entre otras cuestiones reforzar la sanidad, mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital, aplazar impuestos a las pymes, incentivar la contratación o intensificar la coordinación entre Gobierno central y comunidades autónomas. 

Una vez recibidos todos los planes presupuestarios (el viernes por la noche faltaban únicamente los de Chipre e Italia), el Ejecutivo comunitario publicará unas previsiones económicas actualizadas el 5 de noviembre. La opinión sobre los presupuestos de España y del resto de Estados miembros se aprobará el 18 de noviembre. Y se discutirá y ratificará en el Eurogrupo del 16 de diciembre. 

Desde que se inició este ejercicio, Bruselas ha calificado con un suspenso todos los presupuestos españoles, salvo los del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. La nota más baja fue el año 2015, hasta el punto de que la Comisión estuvo a punto de multar a España por desviarse del objetivo de déficit.