El Gobierno quiere acelerar a toda costa los proyectos relacionados con fondos europeos que España va a percibir en los próximos años. Y para ello está dispuesto a anticipar, desde las arcas públicas, una gran parte de las partidas económicas necesarias para poner en marcha las iniciativas relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De hecho, Moncloa plantea anticipar hasta el 50% de la financiación que se reciba a través del Instrumento Europeo de Recuperación (‘Next Generation EU’), que implicará para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos entre 2021 y 2026 para recuperarse.

Así lo indica el borrador del Real Decreto-Ley que está preparando el Ejecutivo para hacer los cambios necesarios en las Administraciones públicas y acelerar en lo posible la burocracia de los proyectos que se movilizarán a través del Plan de Recuperación.

Según el documento, al que ha tenido acceso Invertia, “se prevé la posibilidad de percibir anticipos por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas, hasta el límite del 50% de la cantidad total a percibir”.

De hecho, en ningún punto del borrador se concreta algún límite para esta cantidad, así que, llevado al extremo, el Gobierno podría llegar a anticipar 70.000 millones de euros para los proyectos, si se diera la ocasión.

Nuevas figuras

Para facilitar la concesión y gestión de los fondos europeos se van a crear nuevas figuras legales. Concretamente, una fórmula de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

“Podrán ser reconocidos como PERTE aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, que exigen la colaboración público-privada por la presencia de riesgos significativos que obstaculizan a la iniciativa privada”, indica el texto.

Los PERTE solo podrán ser aprobados por el Consejo de Ministros, y las empresas participantes tendrán que figurar en un registro que habilitará el Ministerio de Industria.

Entre otras ventajas, las entidades que participen en los PERTE contarán con anticipos de fondos públicos que podrán ser hasta del 90%, a no ser que los convenios que se firmen digan otra cosa.

Comisión

El RDL recoge que Moncloa controle la gestión de los fondos a través de una comisión interministerial que se creará para tal fin, y que estará presidida por Pedro Sánchez.

"Se creará una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que presidirá el presidente del Gobierno y en la que participarán los ministros de las áreas de gobierno con mayor vinculación con la ejecución del Instrumento Europeo de Recuperación", concreta el texto, en el que se precisa que estarán los responsables de Educación, Sanidad o Trabajo. Sin embargo, en ella no figura Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno.  

Del seguimiento de los fondos se encargará Manuel de la Rocha, responsable de la Oficina Económica de la Presidencia de Gobierno. 

Trámites

El texto prevé rebajar lo máximo posible los plazos de gestión y concesión de los proyectos relacionados con los fondos europeos. De esta manera, reducirá a la mitad los plazos de tramitación de estos proyectos y la fiscalización de las operaciones no superará los cinco días hábiles.

Así mismo, habrá una ventanilla única, que será un portal web, que aglutinará la información y la gestión de los proyectos aspirantes a los fondos europeos.

Por otro lado, los ministerios tendrán que hacer una programación anual de los contratos necesarios para activar los proyectos. De hecho, el correspondiente a 2021 tendrá que estar preparado solo un mes después de que se apruebe el RDL, algo que se espera que ocurra en la primera mitad de diciembre.

Autonomías

El texto anuncia la “reactivación” de la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, con las comunidades y ciudades autónomas, que liderará la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.

Su objetivo será “canalizar la gobernanza multinivel territorial propia del sistema español de estado de las autonomías y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan de Recuperación”.

El Real Decreto asegura que las regiones tendrán un “papel determinante” en los proyectos y programas relacionados con vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo y medioambiente. “Para ello, se acordarán convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas”.

Para toda la carga de trabajo que llegará, se prevén contrataciones ‘extra’. Los ministerios y los organismos encargados de la gestión de fondos europeos podrán reforzar sus plantillas con el nombramiento de funcionarios interinos o personal laboral con contratos de duración determinada. Además, se llevarán a cabo procesos de formación en licitaciones públicas entre funcionarios.