El cierre de la economía para hacer frente a la Covid-19 hundió un 71,2% los beneficios empresariales en los nueve primeros meses del año, según los datos que recoge el Banco de España en su Central de Balances Trimestral (CBT).
Este desplome de los resultados ha provocado que por primera vez desde que estalló la 'burbuja de las puntocom' en 2002, el conjunto del tejido productivo esté en pérdidas.
En estos meses, el empleo se contrajo un 5,9% y el número de empresas en camino hacia la insolvencia se disparó entre cuatro y ocho puntos (en función de cómo sea el escenario macroeconómico futuro).
Hasta una de cada 10 empresas podría acabar en situación de insolvencia en caso de que esta crisis deje cambios estructurales que aceleren los cambios que estaban afrontando algunos sectores.
Una situación que fue más trágica entre las pymes y entre las sociedades dedicadas a la hostelería, el ocio y la restauración. En este segmento, algo más de tres de cada 10 empresas podría acabar en situación de insolvencia el próximo año.
Este panorama desolador también lo comparten las empresas que se dedican al mantenimiento de vehículos de motor, como los talleres de coches, que se han visto muy afectados por las restricciones a la movilidad.
En este difícil contexto, el organismo considera importante que se pongan en marcha nuevas medidas para agilizar el cierre o la reestructuración de esas empresas que padecen serios problemas de salud como consecuencia de las pérdidas y aumento de endeudamiento que ha provocado la pandemia.
Nuevas medidas
"Se debería fomentar, entre otras posibles medidas, una rápida reestructuración de sus deudas introduciendo reformas en los mecanismos de insolvencias judiciales y extrajudiciales con el fin de hacerlos más ágiles y eficientes", señala el documento presentado este martes.
En este sentido, el departamento que dirige Óscar Arce recuerda que las actuaciones del Gobierno para afrontar esta crisis "se han centrado en resolver los problemas de liquidez de las empresas" dejando en un segundo plano la posibilidad de afrontar un fuerte incremento de las insolvencias, en especial, para las pymes, que son las más vulnerables ante esta crisis.
En concreto, el Banco de España cita las líneas de avales públicos gestionados por el ICO, que han supuesto, entre marzo y mediados de noviembre, la concesión de un volumen de 108.000 millones de euros con unos vencimientos que se han ampliado.
Sin embargo, "las medidas de apoyo a la solvencia han sido más limitadas". Entre ellas, cita el fondo de 10.000 millones de euros gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que sea posible inyectar capital público en las empresas estratégica. Una herramienta que estaría dirigida a salvar a grandes empresas, pero no a las pequeñas, que son la mayoría del tejido productivo español.