El Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros y las autoridades locales y regionales a "adoptar disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras, para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas".
Plantea, para ello, impulsar la transparencia de los alquileres, apoyar a las organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y establecer procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo. Además, destaca "la necesidad de perfeccionar el indicador del índice de precios de la vivienda".
Una vivienda es considerada asequible cuando la persona o familia cuenta con presupuesto suficiente para atender otros gastos esenciales, pero los eurodiputados advierten de que más del 25% de los inquilinos europeos en el mercado libre dedican a la vivienda por encima del 40% de la renta del hogar.
En ese sentido, también solicita a los Estados miembros que "apliquen unas políticas de vivienda basadas en el principio de neutralidad entre la vivienda en propiedad, el alojamiento alquilado privado y la vivienda social alquilada".
Con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones, ha aprobado una resolución este miércoles para que la UE reconozca el acceso a una vivienda digna y asequible como un derecho humano y que adopte medidas para que no haya más personas sin hogar.
Evitar desahucios
De la misma manera, exhorta a que se eviten los desahucios y por ello pide a la comisión y a los estados miembros que "protejan mejor a los deudores hipotecarios contra los desahucios".
Apunta a que los países refuercen las actuales normas de conducta vinculantes para los acreedores, los proveedores de servicios de crédito y los compradores de crédito para evitar prácticas engañosas, acoso y violación de los derechos del consumidor, al menos en lo que respecta a los préstamos hipotecarios.
La resolución alerta también de que la explosión del alquiler vacacional está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios, con consecuencias para la habitabilidad de los centros urbanos y turísticos.
En este ámbito, el texto pide a la Comisión que interprete la directiva europea de servicios que establece la asequibilidad de la vivienda y la escasez de viviendas de alquiler como "una razón imperiosa de interés general".
Por eso insta a que "conceda en consecuencia una amplia discrecionalidad a las autoridades nacionales y locales para definir normas proporcionadas para los servicios de hostelería, incluido el registro obligatorio, la limitación de licencias y políticas de zonificación específicas, la limitación de la duración, evitar la «turistización», el abandono de los centros urbanos y la disminución de la calidad de vida en ellos, en detrimento de sus residentes".