La Unión Europea corre el riesgo de repetir con el fondo antiCovid de 750.000 millones de euros los mismos errores que con la estrategia de vacunación frente al virus. Una iniciativa sin precedentes de solidaridad dirigida desde Bruselas -en un caso la compra conjunta de dosis, en el otro la emisión de deuda común para financiar el reflote de la economía-, que acaba degenerando en fiasco por exceso de burocracia, tropiezos y retrasos en la ejecución y amenaza así la recuperación.

"Los inversores están inquietos por la velocidad de puesta en marcha del fondo y de los planes de recuperación y resiliencia", ha avisado el alemán Klaus Regling, director gerente del fondo de rescate de la UE (MEDE). "Por supuesto, son muy positivos sobre la decisión que se adoptó el año pasado. Pero les preocupa que los retrasos puedan afectar negativamente a las tasas de crecimiento", sostiene Regling. 

Unos retrasos que no han dejado de acumularse desde que se concibió esta iniciativa, cuyo objetivo era salir al rescate de Italia y España, los países más golpeados por la pandemia. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a recibir 140.000 millones de euros, la mitad en subvenciones y la otra mitad en créditos. El fondo antiCovid (Next Generation EU) se aprobó en julio de 2020 durante una agónica cumbre que duró cinco días y cuatro noches: el tiempo que costó convencer a los países frugales, liderados por Holanda.

Después se tardó otros cinco meses para ratificar en acuerdo en la Eurocámara y levantar el veto de última hora de Polonia y Hungría. Tras esta accidentada tramitación, la fumata blanca final se produjo en teoría el pasado 10 de diciembre. Pero en realidad los desembolsos todavía pueden tardar meses. "El dinero debe empezar a fluir lo antes posible", ha reclamado el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, tras la videoconferencia del Ecofin celebrada este martes.

Recursos propios

¿Cuándo llegará la primera dosis de ayudas a Madrid, Roma o el resto de capitales que las necesitan con urgencia? La expectativa de Bruselas es poder realizar los pagos iniciales en junio, es decir, casi un año después del acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno. Aún así, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, admite que respetar este calendario sigue siendo un "desafío". Los ministros de Economía de la UE han examinado en su reunión virtual de este martes todos los escollos pendientes.

En primer lugar, los parlamentos nacionales deben ratificar la denominada "decisión sobre recursos propios", la base legal que autoriza al Ejecutivo comunitario a ir a endeudarse a los mercados. Hasta ahora sólo 7 de los 27 Estados miembros han completado los trámites: Francia, Portugal, Croacia, Chipre, Eslovenia, Bulgaria y Malta. España tiene previso hacerlo a finales de marzo.

"Pido a los países que quedan que ratifiquen la decisión sobre recursos propios rápidamente, de forma que la Comisión pueda empezar su programa de endeudamiento en el marco de Next Generation EU", ha reclamado el vicepresidente económico de la Comisión. La presidencia portuguesa de la UE espera que el procedimiento se complete en abril. El país que más preocupa en Bruselas es Holanda, porque celebra elecciones el mes que viene y eso podría retrasar los plazos.

El Ejecutivo comunitario ha explicado durante el Ecofin que tiene previsto realizar emisiones de entre 150.000 y 200.000 millones de euros al año hasta finales de 2026. Con estas cifras, Bruselas aspira a convertirse en uno de los mayores emisores del euromercado. Además, el 30% de Next Generation EU se financiará con bonos verdes. "Esperamos empezar las primeras emisiones ya este verano. No obstante, eso depende de que todos los Estados miembros hayan ratificado la decisión de recursos propios", insiste Dombrovskis.

Planes de reformas

El otro trámite que amenaza con retrasar todavía más la llegada de las ayudas es la gestión de los planes nacionales de reformas que la UE exige como contrapartida al rescate. Este jueves se publica en el Diario Oficial de la UE el reglamento del fondo antiCovid, lo que significa que a partir del viernes los Gobiernos ya pueden enviar sus planes a la Comisión para ser evaluados. Pero ningún Estado miembro está listo para hacerlo de forma inmediata.

"Es muy importante finalizar los planes nacionales de recuperación y resiliencia de forma eficaz y minuciosa, para garantizar un dictamen positivo y el rápido desembolso de fondos que son muy necesarios", ha dicho el ministro de Finanzas portugués, Joao Leao. Un total de 18 Estados miembros han elaborado ya un borrador completo de su plan, otros 6 sólo tienen las líneas generales y los 3 restantes apenas han iniciado discusiones generales con Bruselas.

España es uno de los países que va más adelantado, pero aún así no remitirá oficialmente su plan hasta marzo, según ha anunciado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El Gobierno de Sánchez continúa negociando con la Comisión la reforma laboral y la de las pensiones y debe acordar también un calendario con objetivos cifrados y fechas para aprobarlas. Del cumplimiento de las metas dependerá que se desembolsen los sucesivos tramos de ayuda.

Una vez presentado, el Ejecutivo comunitario dispone de un plazo de dos meses para dar su veredicto, al que hay que sumar un mes adicional para que se pronuncie el Ecofin, que tiene la última palabra. En la negociación del reglamento, España se quejó de que se trata de un procedimiento enrevesado y excesivo. "Este periodo podría acortarse. Creo que le interesa a todo el mundo, eso sí, sin debilitar la calidad de los planes", asegura Gentiloni.

Calviño resta importancia a estos retrasos. Su impacto en el caso español será reducido, sostiene, porque el Gobierno de Sánchez ya ha presupuestado 27.000 millones de ayudas europeas en las cuentas de 2021 y adelantará el dinero con emisiones de deuda nacional. España aspira a recibir un adelanto de alrededor 10.000 millones antes del verano (el 13% de prefinanciación previsto en el reglamento) y un segundo tramo a finales de año.