La Comisión Europea va a prorrogar la suspensión del Pacto de Estabilidad un año más. Es decir, que los límites fiscales a los que obliga esta norma se mantendrán inaplicados en 2022. Esto abre la puerta a que el Gobierno pueda aprovechar la ocasión para mantener, a su vez, la suspensión de las reglas fiscales un año más y mantener las ayudas y prestaciones públicas que se están pagando a través de la generación de déficit y deuda. 

Sin embargo, la decisión al respecto no está tomada todavía, igual que la suspensión del Pacto de Estabilidad no está aprobada tampoco, aunque sí anunciada la inclinación de Bruselas a su prórroga.

Lo que sí se puede afirmar es que esta perspectiva gusta en el Gobierno. Fuentes del Ejecutivo valoran positivamente una nueva prórroga de la suspensión de las reglas fiscales europeas, que permitirían aplicar esta medida en España.

Dichas voces recuerdan que el Gobierno ha defendido que, en estos momentos, la prioridad es combatir la pandemia y, si se toma finalmente la decisión de mantener el Pacto de Estabilidad en suspenso, se verá con muy buenos ojos. 

Cabe recordar que los límites de déficit y deuda a los que obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria están a día de hoy suspendidos. Esto es lo que permite que cerca de la mitad del gasto público previsto para 2021 se vaya a sostener en, precisamente, más de 94.400 millones de euros que se financiarán a base de déficit público. 

Prórroga de medidas

De esta manera, se podrían mantener en 2022 varias de las prestaciones y medidas que se han activado por la crisis de la Covid, si es necesario. Este es el caso, o eso parece, de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la ayuda por cese de actividad de los autónomos.

Cabe recordar que el peso financiero de estas herramientas, que se están financiando con préstamos europeos y, por tanto, deuda pública, es elevado. Se espera que las exoneraciones de cuotas sociales para empresas y las prestaciones para trabajadores que permiten los ERTE cuesten unos 5.500 millones hasta finales de mayo, que es cuando caduca su última prórroga.  

Del 'saco' de la deuda pública también saldrían eventuales nuevas ayudas directas para las empresas, que serían necesarias para la pervivencia del tejido productivo. Por lo pronto, se plantean unos 11.000 millones en este campo. La medida se podría retomar si se produce la prórroga de la suspensión de los límites fiscales en 2022. 

Sin embargo, dicha prórroga tiene sus riesgos. Entes reguladores como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) han insistido en que España deberá retomar cuanto antes el camino de la reducción tanto del déficit como de la deuda, dada su insostenibilidad.

Riesgos

Cabe recordar que, si se cumplen las previsiones del Gobierno, 2021 acabará con un déficit del 7,7% del PIB y la deuda pública estará cerca del 119% del PIB. No parece el escenario más proclive a seguir tomando medidas financiadas con endeudamiento. 

En este sentido, Bruselas quiere que en 2022 los países que estén en una situación como España se apoyen más en los fondos europeos que empiezan a llegar este 2021. 

Así, la Comisión Europea, ante la suspensión de las reglas fiscales en 2022 puesta sobre la mesa, plantea un enfoque diferenciado. Los gobiernos con la deuda bajo control, por ejemplo Alemania, deben preparar unos presupuestos para 2022 claramente expansivos con el fin de sostener la recuperación económica.

En contraste, los países con problemas de sostenibilidad de la deuda, como España o Italia, deben adoptar una "política fiscal prudente" y aprovechar al máximo las subvenciones del fondo anti-Covid de la UE, que no suben el déficit ni la deuda.

El Ejecutivo comunitario plantea a los países muy endeudados "estrategias fiscales creíbles a medio plazo" con el fin de "anclar las expectativas" y hacer frente a los riesgos de sostenibilidad de la deuda,