17 días después de anunciarlo Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha dado luz verde a su paquete de medidas de respaldo a las empresas, especialmente pequeñas y medianas, y a los autónomos valorado en unos 11.000 millones. Un conjunto de iniciativas entre los que hay un fondo de ayudas directas por valor de 7.000 millones. 

Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial, ha explicado que las ayudas directas se dividirán en dos compartimentos. Por un lado, uno de 5.000 millones para todas las regiones menos los archipiélagos y que se repartirán con los mismos criterios que los fondos ReACT-EU, actualizados a diciembre de 2020.

Los 2.000 millones restantes serán en exclusiva para Canarias y Baleares, las regiones más afectadas por la crisis del coronavirus, ha precisado Calviño.

Deudas contraídas

Así, las autonomías podrán conceder ayudas no reembolsables finalistas con estos fondos para pymes y autónomos de los sectores más afectados para pagar deudas contraídas desde marzo de 2020. Para ello, tienen que acreditar una caída de ingresos del 30% como mínimo y demostrar viabilidad. 

En microempresas y autónomos con hasta 10 empleados, las ayudas cubrirán hasta un 40% de la caída de ingresos. Así, las ayudas directas serán de hasta 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y oscilarán entre los 4.000 y 200.000 para el resto. Tendrán acceso a ellas 100 subsectores de ámbitos tan afectados por la pandemia como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura.

Eso sí: la recepción de estas ayudas obliga a las empresas a mantener la actividad hasta junio de 2022. Además, tienen que estar al corriente de pago de sus impuestos y sus cotizaciones a la Seguridad Social, no pueden repartir dividendos ni aumentar salarios de sus directivos durante dos años ni tener su domicilio en un paraíso fiscal. 

Además, el RDL también incluye una importante medida para las empresas en aprietos. Se prorroga la suspensión de la obligación de entrar en concurso de acreedores si hay una situación de insolvencia hasta diciembre. 

Nadia Calviño, vicepresidenta Tercera y ministra de Economía.

El Gobierno espera poder tener cerrado el reparto en mes y medio, aproximadamente. Esta cuestión ha sido objeto de controversia dentro del Gobierno. A pesar de que tanto María Jesús Montero como Nadia Calviño, ministra de Hacienda y vicepresidenta de Economía, han negado que haya sido así, el paquete de medidas se ha retrasado por la cuantía de dichas ayudas directas. 

Mientras que las ministras responsables del real decreto-ley (RDL) recién aprobado diseñaron unas ayudas directas por valor de 5.000 millones, la parte morada del Gobierno reclamaba unos 8.000 millones y que se dejara fuera de la gestión de las mismas a las comunidades autónomas. 

Dos patas más

El paquete de medidas cuentas con dos patas más. Además de los 7.000 millones en ayudas directas, hay un segundo fondo, dotado con 3.000 millones, destinado a la reestructuración de los más de 120.400 millones de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en un 98% a pymes y autónomos.

El análisis sobre los créditos que se podrán reestructurar lo harán las entidades financieras. A partir de ahí se podrá extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público y convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos.

Además, como medida de último recursob en este cambio, se permitirá la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia. Los criterios que tendrán que cumplir las empresas para estas ayudas "se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo", indica el Ministerio de Asuntos Económicos.

Para la articulación de todas estas medidas se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario. 

Un bar cerrado en Linares (Jaén). Son numerosos los negocios que han echado el cierre desde marzo. Marcos Moreno

El tercer y último fondo que compone el paquete, por importe de 1.000 millones, se dedica a la recapitalización de empresas medianas mediante la empresa pública Cofides, una medida que va en línea con el fondo implementado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para grandes empresas.