El Gobierno aprueba este viernes 7.000 millones en el decreto de ayudas directas a pymes a través de las CCAA

Ni la versión de Economía, ni la de Moncloa ni la de Unidas Podemos. Es decir, ni 2.000 millones, ni 5.000 millones ni 8.000 millones. Finalmente, el decreto de medidas económicas de apoyo a pymes y autónomos, que se aprueba este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, dedicará 7.000 de sus 11.000 millones en ayudas directas, mucho más de lo ideado por Nadia Calviño y algo menos de lo reclamado por Pablo Iglesias. Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes de ambos lados del Gobierno.

Como ya informó EL ESPAÑOL, el plan incluirá la "cogobernanza" de las Comunidades Autónomas, a pesar de que el lado morado del Gobierno se negaba a esta vía, dado que la formación de Iglesias carece de poder regional. También se confirma que las ayudas priorizarán a los sectores más afectados por la crisis: el turismo, la hostelería y el comercio.

La tensión en el seno del Ejecutivo llevó incluso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a insinuar que Unidas Podemos miente a la prensa "por determinados intereses". Según Montero, sólo a eso cabía atribuir las informaciones que el mismo martes del último Consejo de Ministros explicaban en la prensa los motivos de la convocatoria de otro, extraordinario, este viernes con el único punto en el orden del día de este decreto.

"Cuando el Gobierno habla, lo hace esta ministra portavoz aquí y en esta sala. O lo hace el presidente o lo hacen los ministros... es aquí, no en los teléfonos de las personas con las que ustedes hablan: ésta es la verdad, la de aquí", espetó la ministra. "No es que ustedes mientan, es que lo que han publicado no se corresponde con la realidad... yo no dudo de sus fuentes y de que ustedes les dan credibilidad, pero el retraso se debe a cuestiones técnicas, no a que haya discrepancias entre los socios de Gobierno".  

Pero sí había discrepancias, como queda ahora demostrado, y no sólo eran entre socialistas y morados, sino dentro del ala del PSOE incluso. De hecho, las cuestiones técnicas se han convertido en una cifra de inyecciones directas de dinero a las empresas con una cifra que es la cuarta versión de todas las que, en estas semanas, han filtrado Economía, Hacienda, Moncloa y Derechos Sociales. 

Semanas de prisas

La vicepresidenta tercera y la ministra de Hacienda llevaban más de tres semanas trabajando en un decreto al que se habían resistido, alegando que los ERTE, los créditos ICO y las prestaciones por cese de actividad "ya eran ayudas directas". Fuentes de Moncloa admiten que al quipo del presidente le costó impulsar esta nueva medida porque el ala económica del Ejecutivo consideraba que la etapa de dopar la economía ya estaba superada.

Sin embargo, la relajación de las normas desde Bruselas -una vez más- lo permitió, y el embate de la tercera ola y las cifras del paro de febrero lo confirmaron: aún hay necesidad de seguir dando soporte a los sectores más afectados por la crisis derivada de la pandemia de Covid.

Hace tres semanas, Iglesias pidió una reunión con Calviño y Maroto, para informarse y proponer su propio plan. La vicepresidenta tercera no tenía borrador redactado, pero en el último eurogrupo había anunciado ya "para marzo" un plan de ayudas a las empresas "con un nuevo marco un poco más amplio de lo permitido hasta ahora". A la semana siguiente, Sánchez le puso números ante el pleno del Congreso y en Economía, explican fuentes del Ministerio, entraron las prisas para terminar de diseñar los mecanismos.

Peleas cruzadas

De inicio, Calviño y Montero idearon tres fondos distintos de ayudas, dimensionados en un total de 11.000 millones de euros, que fue la cifra que anunció el presidente, Pedro Sánchez, hace 15 días en el Parlamento. Pero de ese montante total sólo 2.000 serían inyecciones directas de dinero en las empresas.

El resto, se repartiría en recapitalizaciones vía créditos participativos o deuda subordinada, y en reestructuraciones de las deudas. Por eso, Montero lleva dos semanas hablando de "ayudas al balance de las empresas", para evitar que un "sobreendeudamiento las lleve a la quiebra", con el objetivo de que "no desaparezca el tejido productivo y la recuperación tenga una base sólida sobre la que impulsarse".

Sin embargo, en Moncloa se deseaba un manguerazo mucho más generoso en ayudas directas. De hasta 5.000 millones de euros. Y esa fue la cifra que constaba en el texto revisado por el consejillo de la semana pasada, la reunión de subsecretarios que prepara los Consejos de Ministros.

Aprovechando la batalla interna en el lado socialista, el equipo de Pablo Iglesias maniobró para colocar su plan: 8.000 millones en ayudas directas, equitativas para todos los sectores de la economía y nada de pasar por las Comunidades Autónomas.

Finalmente, tras las peleas y las acusaciones de injerencia cruzadas entre todos, Moncloa ha tomado una decisión salomónica, más cercana en las cantidades a lo deseado por los morados pero siempre pasando por la "cogobernanza" autonómica, necesaria para asegurar los votos de los socios parlamentarios en la convalidación del decreto.

Los tres fondos

El decreto del Gobierno incluye, además de las ayudas directas, un segundo fondo de 3.000 millones en recapitalizaciones para empresas medianas mediante la empresa pública Cofides -vía deuda subordinada y préstamos participativos-, en la línea del implementado por la SEPI de 10.000 millones de euros para grandes empresas.

El tercer y último fondo, dotado de otros 1.000 millones, se configurará para la reestructuración de los más de 120.400 millones de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en un 98% a pymes y autónomos.

A este respecto, el Ministerio de Asuntos Económicos podría elaborar un protocolo de cara a las reestructuraciones, si bien es previsible que finalmente deje a merced de la banca los procesos de quitas y reestructuraciones. En cualquier caso, las entidades tendrán que asumir parte del coste de estas nuevas medidas.