Casi medio año después, no hay noticias de ese documento y todo apunta a que el objetivo del Ministerio de Hacienda podría ser sustituir ese documento por el Plan de Estabilidad que exige Bruselas. Algo que un portavoz del departamento de María Jesús Montero desmiente, alegando que el plan se presentará, aunque no hay fecha todavía para ello.

El Ministerio de Hacienda tiene la obligación de elaborar los dos planes por haber roto las reglas fiscales a causa de la pandemia. Además del mencionado Plan de Reequilibrio, debe mandar otro a la Comisión Europea (CE) antes del 30 de abril con unas características distintas, pero abordando también los Presupuestos futuros.

Plan a medio plazo

Ante un escenario sin reglas fiscales, como el que ha propiciado la Covid-19, la Ley de Estabilidad exige un plan para el medio y largo plazo que recoja de manera taxativa y detallada cuál puede ser el impacto presupuestario en todos y cada uno de los escenarios a los que nos podamos enfrentar en los próximos años.

Que se supriman las reglas fiscales, no implica que no exista la supervisión fiscal ante la activación de la cláusula de escape a nivel nacional que se pidió para poder gastar más en combatir la pandemia el pasado año.

Además, cabe recordar que la Comisión Europea ha abierto la puerta a que los Estados miembros mantengan la suspensión de las reglas fiscales también en 2022, lo cual acrecienta los peligros de un 'descontrol' fiscal si no se ponen barreras a tiempo. 

Con todo, desde Hacienda argumentan que los actuales Presupuestos Generales del Estado reflejan ya un compromiso con la reducción del déficit para este mismo 2021. Si se cumple la previsión del Ejecutivo de que 2020 se haya cerrado con un déficit del 11,3% del PIB, la idea es que en 2021 se 'contenga' en el 7,7% del PIB. 

Lecciones fiscales del pasado

En el año 2011, bajo una fuerte presión de los mercados, del Banco Central Europeo (BCE) y de Bruselas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el Partido Popular una reforma de la Constitución para introducir en la Carta Magna un principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.

Fruto de esa reforma, en 2012, ya con Mariano Rajoy en el poder, se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para dar un marco jurídico a la necesidad de cumplir con el déficit y contener la deuda pública.

La excepcionalidad de la crisis de la Covid-19 ha hecho que Bruselas levante la mano con las reglas fiscales hasta 2023, de momento. Sin embargo, eso no quita que el Gobierno deba cumplir con la Ley de Estabilidad nacional.

En el artículo 11.3 de esa norma se establece que se podrá incurrir en déficit estructural "en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas", como es el caso de esta pandemia.

Sin embargo, también menciona "la necesidad de aprobar un Plan de Reequilibrio" que permita la corrección de ese déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó su incumplimiento. Y establece unos plazos para presentarlo.

AIReF lo exige

La AIReF lleva tiempo detrás del Gobierno para reclamar que cumpla la ley. En su Memoria de Actividades del año 2020 ya incorporó una alusión a la necesidad de diseñar el plan de reequilibrio que exige la ley para establecer "una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las Administraciones Públicas".

El organismo que preside Cristina Herrero avaló en un informe del pasado mes de octubre que el Gobierno se acogiera a la cláusula de escape para saltarse el límite de gasto para combatir la pandemia en todos sus frentes: el sanitario, el económico y el social. Sin embargo, también le exigió un plan para que las Administraciones Públicas garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo.

España está sometida a una doble regulación en materia fiscal: la de la Unión Europea, que se contempla en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y la española, que se recoge en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012.

El Ejecutivo parece estar solo preocupado por cumplir con las exigencias de Bruselas, pero está obligado también a cumplir con la legislación española, tal y como le ha reclamado AIReF.

Establecer un Plan de Reequilibrio ayudaría también a España a conseguir la confianza de la inversión internacional en un momento muy delicado para la economía y para nuestras finanzas públicas con un déficit que en 2020 alcanzó el 11,3% y una deuda pública que ya supera el 117% del PIB. La autoridad fiscal no ve posible que el nivel de deuda empiece a bajar antes de 2022.

Fondos europeos

Sin embargo, todos los esfuerzos del Gobierno están puestos en los planes para conseguir lo antes posible los fondos europeos, lo que ha hecho que se centre en trabajar en los marcos europeos plurianuales olvidando otras obligaciones en materia fiscal que exige la norma española.

Dichas estrategias estarán dentro del Plan de Recuperaciónn, Transformación y Resiliencia, que el Ejecutivo tiene la intención de presentar en breve, antes del 30 de abril. Las reformas políticas que contendrá, y que ya se han presentado a Bruselas, serán básicamente las mismas que habrá en el Plan Nacional de Reformas. 

Cabe recordar que dicho plan es el que se presenta, anualmente, junto al Plan de Estabilidad. Según ha podido saber Invertia por fuentes del Gobierno, "el contenido mollar" del Plan Nacional de Reformas será, principalmente, las reformas que ya se han enviado a la Comisión Europea. A pesar de ello, insisten en que los tres documentos (el Plan de Estabilidad, el Nacional de Reformas y el de Recuperación, Transformación y Resiliencia) se enviarán cuando estén preparados.